Según la empresa, el 14 de julio obtuvo un amparo constitucional que le da tutela sobre el predio y permite la recuperación de sus áreas. No obstante, denunció que menos de 48 horas después se desplegó un operativo que impide la operación.
eju.tv / Video: Cadena A
Representantes de la empresa privada Eagle Crest Exploration Bolivia denunciaron este lunes un presunto avasallamiento de sus concesiones mineras en la zona de San Simón, en el municipio Magdalena, departamento de Beni, donde se realiza la extracción de oro, y acusaron un supuesto uso irregular de la fuerza pública para impedir el cumplimiento de un amparo constitucional que, aseguran, les permitió recuperar sus instalaciones.
El representante de la empresa, Gustavo Vargas, afirmó que la compañía opera en Beni desde hace más de 23 años y que desde hace un año y medio enfrenta la ocupación ilegal de aproximadamente 2.000 hectáreas de concesiones mineras por parte de Juan Carlos Contreras Fernández, a quien identificó como el principal responsable del presunto avasallamiento.
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«Representamos a la empresa Eagle Crest Exploration Bolivia, que opera en el Beni desde hace más de 23 años. Hemos sido víctimas de un avasallamiento por parte del señor Juan Carlos Contreras Fernández, un supuesto empresario orureño, aunque en realidad es un avasallador profesional. Desde hace un año y medio venimos luchando ante la justicia para que nos devuelvan nuestras instalaciones y nuestras concesiones mineras», indicó Vargas.
Según explicó, el 14 de julio la empresa obtuvo un amparo constitucional que le otorgó tutela sobre el predio y permitió la recuperación pacífica de sus instalaciones. No obstante, denunció que menos de 48 horas después se desplegó un operativo con una fiscal, alrededor de 20 efectivos policiales, un avión Hércules y dos avionetas, con el que, según sostuvo, se buscó impedir la ejecución de la resolución judicial.
«Lo que nosotros pedimos es la legalidad y que todo sea legal, porque estamos siendo intimidados y amenazados. Peor aún, existen amenazas incluso de muerte», manifestó.
Vargas también cuestionó que la intervención haya sido dirigida por una fiscal de Trinidad, pese a que el conflicto corresponde a la jurisdicción del municipio de Baures, y señaló que un juez de control jurisdiccional ya habría declinado competencia. Asimismo, pidió que se investigue la presunta explotación ilegal de oro que, según la empresa, se habría desarrollado durante el tiempo que las concesiones permanecieron ocupadas, sin control estatal ni pago de impuestos.
Por su parte, el dirigente de la zona, Jesús Callao, aseguró que los pobladores de San Simón también estarían siendo víctimas de amenazas e intimidaciones y que varios dirigentes fueron notificados por presuntos delitos de robo agravado y avasallamiento, relacionados con el mismo conflicto.
Callao cuestionó además la legalidad de las operaciones mineras y aseguró que, pese a que la actividad se desarrolla desde hace más de dos décadas, las comunidades afirman no haber recibido beneficios económicos ni regalías. «Lo que pedimos es que todo sea legal. Queremos conocer la documentación y que exista un aporte para la comunidad, porque durante todo este tiempo no hemos recibido nada», sostuvo.
En respuesta a ese cuestionamiento, Vargas aseguró que la empresa cumplió con el pago de regalías mientras mantuvo operaciones, señalando que durante el 2025 canceló más de un millón de bolivianos por ese concepto y comprometió la continuidad de esos aportes una vez que se reanuden las actividades mineras.
El conflicto permanece abierto mientras ambas partes exigen investigaciones y el esclarecimiento de las actuaciones desarrolladas en torno a las concesiones mineras ubicadas en la zona San Simón.
