La libertad de expresión sufrió 46 vulneraciones, registrando un salto del 35,29% comparado con la gestión 2024. Estos ataques no solo se limitaron a espacios físicos en el eje central de Bolivia, sino que se trasladaron con fuerza al entorno digital, donde las vulneraciones generales crecieron un 42,5% debido a la denominada «guerra sucia» y campañas de desinformación electoral.
Presentación Informe sobre Libertades 2025. Foto: Yenny Escalante
Fuente: Sumando Voces
Yenny Escalante
Bolivia registró en 2025 un incremento en las vulneraciones a la libertad de prensa y de expresión, en un contexto de extrema polarización política y asedio sistemático contra periodistas y voces disidentes. El informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS reportó 161 casos contra la libertad de prensa, un 7,33% más que en 2024, y 46 casos contra la libertad de expresión, un aumento del 35,29% respecto de un año anterior. Además de un crecimiento del 42,5% de las vulneraciones en el entorno digital.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Libertad de prensa
«Los datos de 2025 del Observatorio de Derechos Humanos muestran un total de 619 vulneraciones en Bolivia, con un dominio evidente de actos contrarios a la institucionalidad democrática (53,5%), seguido de la libertad de prensa (26,0%)», establece el informe.
El documento agrega que, la libertad de prensa ha sufrido una afectación particular, intensificada por un contexto de polarización durante el proceso electoral de 2025. Indica que, la censura sistemática y la autocensura mediática responden a un patrón histórico de control y hostigamiento contra periodistas y medios, reiterado en el decurso de los años.
La libertad de prensa no se limita a la ausencia de censura: requiere condiciones materiales, jurídicas e institucionales para que periodistas y medios puedan investigar y difundir información sin violencia, represalias ni impunidad. Así esto implica obligaciones positivas del Estado: proteger la confidencialidad de las fuentes, garantizar el acceso a la información pública, distribuir la publicidad oficial sin discriminación, prevenir y sancionar las agresiones físicas o psicológicas contra periodistas, y asegurar el debido proceso en los casos que los involucren.
Durante el evento de presentación del Informe, la panelista Patricia Flores, quien también es presidenta del Círculo de Mujeres, hizo referencia al manera en que en Bolivia se ha generado un ambiente de erosión para el ejercicio del periodismo. Asimismo, hizo notar que esta ha sido una estrategia de la anterior gestión del Movimiento Al Socialismo para evitar un periodismo interpelador y de investigación.
«Hubo una suerte de erosión de los derechos humanos, lo cual se complejiza por diversos factores: cuando las mujeres ejercen el periodismo son blanco recurrente de ataques misóginos y esto se reproduce en el espacio digital. En ese entorno, quienes cubren la noticia se exponen aún más a la violencia”, dijo.
Un hallazgo crítico del reporte es la focalización de la violencia contra las mujeres periodistas. Si bien los hombres enfrentaron un mayor volumen absoluto de casos, las mujeres sufrieron una violencia más severa: el 54,84% de las agresiones contra periodistas mujeres fueron de índole física, psicológica o sexual, más del doble del promedio masculino. Estos patrones confirman una estrategia de «censura encubierta» que utiliza el machismo estructural para silenciar a las comunicadoras que informan sobre temas sensibles como corrupción o conflictos sociales.
El informe identifica que los tipos de agresiones más frecuentes contra la prensa fueron la violencia física, psicológica o sexual (34,16%), seguida por la estigmatización (17,39%) y las amenazas (12,42%). Los principales actores vulneradores fueron grupos de personas particulares (32,30%), partidos políticos (15,53%) y el propio Estado boliviano, responsable de tres de cada diez ataques a este derecho. En este ámbito, destaca la figura del actual vicepresidente, Edman Lara, a quien se le atribuyen 12 vulneraciones contra la prensa y dos contra la libertad de expresión durante su etapa como candidato y en el ejercicio de su cargo.
Libertad de expresión
La libertad de expresión sufrió 46 vulneraciones, registrando un salto del 35,29% comparado con la gestión 2024. Estos ataques no solo se limitaron a espacios físicos en el eje central del país, sino que se trasladaron con fuerza al entorno digital, donde las vulneraciones generales crecieron un 42,5% debido a la denominada «guerra sucia» y campañas de desinformación electoral.
El informe identifica a julio como el mes con mayor incidencia, con 11 casos, seguido de abril con seis. Según el análisis, la etapa previa a las elecciones nacionales estuvo marcada por declaraciones y acciones confrontacionales entre representantes de cuatro fuerzas políticas que disputaban la Presidencia, generando un ambiente de creciente hostilidad hacia las voces discrepantes.
Respecto a esta libertad, las vulneraciones se manifestaron principalmente como atentados contra el discurso de interés público (26,09%) y actos de criminalización hacia defensores y activistas. El Observatorio de UNITAS subraya que este panorama responde a un patrón histórico de hostigamiento que busca inhabilitar el disenso y fracturar la capacidad ciudadana de acceder a información plural.
Entre los hechos documentados, el informe menciona que en abril el expresidente Evo Morales estuvo involucrado en acciones dirigidas contra tres candidatos presidenciales. Además, autoridades de las cámaras de Senadores y Diputados protagonizaron ataques contra medios de comunicación y una activista feminista, hechos que, según UNITAS, reflejan una erosión del derecho a la libre expresión y convierten el espacio público en un escenario de hostigamiento.
Ante este deterioro del espacio cívico, calificado como «obstruido» por organismos internacionales, el informe recomienda al Estado boliviano cesar de inmediato los discursos de estigmatización desde las esferas del poder, garantizar investigaciones independientes sobre las agresiones y establecer mecanismos transparentes para la asignación de publicidad oficial, evitando su uso como herramienta de castigo editorial.
