Morales advierte que el FMI suspenderá desembolsos si se incumplen metas


El ministro Morales informó que resta la firma de la Carta de Intenciones con el FMI

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales. / Foto: MEFP
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales. / Foto: MEFP

eju.tv

El crédito de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) será desembolsado en partidas trimestrales en la medida en que se cumplan los compromisos; de lo contrario, «te castigan» y suspenden los desembolsos, informó el ministro de Economía, Christian Morales, durante la sesión de aprobación del financiamiento en la Cámara de Diputados.



«No son condicionalidades; es como cualquier entidad financiera que quiere ver que el desempeño de tu gestión sea el correcto. Revisa y desembolsa. Si no has cumplido, te castigan y no hay desembolso. Eso no es una condicionante, sino la consecuencia de una mala ejecución de alguna métrica que como Estado no hayamos cumplido», explicó.

El organismo internacional aprobó a nivel técnico el crédito para Bolivia y aguarda el aval del Legislativo para autorizar las transferencias. En contrapartida, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se comprometió a retirar la subvención a los hidrocarburos en 2027 y reducir drásticamente el gasto público, entre otras medidas de ajuste.

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Morales afirmó que la actual administración maneja de forma transparente el acuerdo con el FMI e informó que resta la firma de una Carta de Intención que recogerá los compromisos asumidos como Estado.

«Habrá otra documentación que se va a generar, que es la Carta de Intención. No la tenemos trabajada aún porque, debido al nefasto antecedente en el manejo del financiamiento del Fondo Monetario durante la pandemia de COVID-19, el organismo está esperando primero que se apruebe la ley para recién elaborar el documento», aseveró.

Durante el periodo de mandato de Jeanine Áñez (2019-2020), el FMI concedió un crédito de $us 327 millones a Bolivia, pero tras asumir la presidencia Luis Arce devolvió los recursos en 2021 argumentando que las condiciones vulneraban la soberanía nacional. Aquella operación demandó un costo financiero adicional de $us 24,3 millones para el Estado.