Más de 221.000 bachilleres recibirán sus títulos digitales y gratuitos; se elimina la legalización

El costo operativo para el Estado tendrá un poco más de Bs 600.000, equivalente a aproximadamente Bs 3 por documento

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A partir de este año, el Gobierno central asume la responsabilidad y destinará Bs 11 millones a la entrega de más de 221 000 títulos de bachiller de manera gratuita en formato digital, lo que reducirá los costos que actualmente deben asumir las familias para obtener, legalizar e imprimir este documento.

El presidente Rodrigo Paz informó que se habilitará un código QR para que los estudiantes puedan imprimir su título de bachiller las veces que lo necesiten y sin ningún costo económico.

«Ya no se va a pagar a través de las gobernaciones los Bs 11 millones, el Gobierno nacional se hará responsable», afirmó la autoridad, y añadió: «Con el QR que tiene, vas a poder imprimirlo las veces que quieras y ya no vas a tener que legalizarlo».

Actualmente, los trámites de legalización e impresión del título representan alrededor de Bs 200 por estudiante, además de los gastos de transporte que deben asumir los padres de familia, según un boletín institucional

El Ejecutivo prevé que el nuevo título digital tenga un costo operativo para el Estado de poco más de Bs 600.000 —equivalente a aproximadamente Bs 3 por documento—, costo que se reducirá progresivamente conforme se optimice el sistema.

De esta manera, la digitalización busca simplificar los trámites, eliminar cobros y facilitar el acceso a la educación superior, trasladando al Estado la responsabilidad de garantizar un documento gratuito, verificable y disponible para las familias bolivianas.

Paz promulgó el pasado 30 de septiembre la ley que transfiere al nivel central el financiamiento de prediarios para personas privadas de libertad, el bono de vacunación, entre otras responsabilidades que correspondían a las gobernaciones. Además, se restituye al gobierno la entrega de títulos de bachiller.

El Gobierno califica de «absurda» y «falta de respeto» la actitud de la senadora Crispín contra diplomáticos en el Legislativo

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, pidió disculpas a los afectados por lo ocurrido la mañana de este viernes

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El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, consideró que «rayan en lo absurdo» y en una falta de respeto los señalamientos de pagos con QR de una senadora contra tres diplomáticos en el hemiciclo legislativo cuando se trataba la situación del fiscal general, Roger Mariaca.

Ante este incidente, el Ejecutivo remitirá las notas oficiales correspondientes a las legaciones diplomáticas a través de la Cancillería para lamentar lo ocurrido.

«Este tipo de acusaciones y afirmaciones tienen que respaldarse. Existen instancias institucionales para realizar reclamos si fuera el caso; estos señalamientos no tienen fundamento, rayan en lo absurdo y son una falta de respeto. Lamento que se proyecte esta imagen del país y me permito pedir disculpas a quienes atravesaron por esa situación tan desagradable», afirmó.

La senadora del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ana María Crispín fue quien increpó a los representantes internacionales —especialmente al delegado de Estados Unidos—, quienes se encontraban en el hemiciclo a la espera del inicio de la sesión que debía abordar la situación del aprehendido Fiscal General del Estado, investigado por supuestos nexos con el narcotráfico.

Crispín denunció públicamente que se estaban efectuando transferencias electrónicas por QR hacia una parlamentaria. La legisladora aludida, María Espejo, aclaró que únicamente conversaba con el representante estadounidense, quien le solicitó su número telefónico mediante un código QR. «Semejante escándalo ha provocado la senadora Crispín», cuestionó Espejo.

Aramayo explicó, en una entrevista concedida a la red Bolivisión, que los diplomáticos —quienes se identificaron como representantes de las embajadas de Argentina, Perú y Estados Unidos— asistieron al pleno legislativo motivados por el interés de dar seguimiento al desarrollo de la crisis institucional en la Fiscalía General.

«Pediremos al Ministerio de Relaciones Exteriores que emita los comunicados oficiales lamentando este hecho y garantice que en futuros espacios se refuerce la seguridad, pues se evidenció una conducta que no refleja el nivel de relacionamiento y amistad que mantenemos con esos países», afirmó el ministro.

A horas de la sesión legislativa, la bancada de Creemos plantea que Paz defina por decreto al nuevo Fiscal General interino

La Asamblea Legislativa Plurinacional se reunirá la mañana de este viernes para tomar posición sobre la Fiscalía General del Estado

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A pocas horas de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que abordará la situación del aprehendido Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados planteó que el presidente Rodrigo Paz designe por Decreto Supremo a un Fiscal General interino que ejerza el cargo de forma provisional, hasta que los legisladores elijan a una nueva autoridad titular.

De esta manera, el grupo de legisladores desconoció la autoproclamación de Luis Montaño Morales como Fiscal General interino, quien la mañana de este jueves asumió el despacho de manera sorpresiva bajo el argumento de actuar en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público para evitar un vacío institucional.

La diputada de Creemos Khaline Moreno afirmó que Montaño formaría parte de la misma red de Mariaca y puso en duda la imparcialidad de los procesos penales en curso sobre los supuestos nexos con el narcotráfico.

Ante esta situación, la legisladora planteó que «el presidente Paz, mediante un Decreto Supremo y en uso de sus atribuciones constitucionales, sea quien designe a un Fiscal General interino hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional defina la situación institucional correspondiente».

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles investigado por presuntas vinculaciones con el crimen organizado. Su captura coincidió con la revocación de su visado por parte de Estados Unidos y la difusión de un video en la que el narcotraficante Sebastián Marset afirmaba haber pagado medio millón de dólares a Mariaca y al exministro Eduardo del Castillo para garantizar su permanencia en Bolivia.

Además de la máxima autoridad del Ministerio Público, fueron aprehendidos el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y el fiscal superior Martín Irusta. Los tres permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en la ciudad de El Alto, a los que se suman otros 10 investigados en Santa Cruz.

Dentro del Legislativo hay diferentes posiciones sobre la situación de Mariaca, mientras unos hablan de respetar la gestión de Montaño otros dice que los legisladores deben designar al interino. El gobierno deja a los legisladores definir qué ocurrirá con la próxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.