Exgeneral Zúñiga sale de la cárcel y enfrentará en libertad el juicio por el fallido golpe de Estado

Exgeneral Juan José Zúñiga es acusado por los delitos de alzamiento armado y terrorismo

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“Dos años injustamente encerrado”, con esas palabras el exgeneral del Ejército Juan José Zúñiga abandonó la noche de este viernes la cárcel de San Pedro de La Paz y empezó a cumplir su detención domiciliaria, en el marco del proceso por el denominado “fallido golpe de Estado”.

“Por fin se hace justicia. Me voy impresionado de esta cárcel. Dos años injustamente encerrado”, afirmó desde el interior del vehículo que lo trasladaba a cumplir su detención domiciliaria, dispuesta en una audiencia de cesación de la detención el lunes 14 de julio.

Pagó una fianza de Bs 200.000. Fue detenido en junio de 2024 y desde entonces permaneció en la cárcel de San Pedro de La Paz y luego en la cárcel de El Abra de Cochabamba, acusado de delitos como alzamiento armado y terrorismo.

Ahora enfrentará su juicio en libertad, junto a una veintena de acusados por la toma de la plaza Murillo con tanquetas y militares fuertemente armados en un fallido intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Luis Arce.

Desde su aprehensión, la noche del mismo intento de golpe del 26 de junio, Zúñiga denunció que se trató de un autogolpe coordinado con el mismo Ejecutivo, lo que fue negado en su momento.

El exmilitar fue trasladado de la cárcel de El Abra a la de San Pedro, para que acuda al juicio instalado.

Familiares de Amador M. dicen que lo cobijaron por una semana y no tienen relación con reclutamientos para Rusia

Amador M. es el principal acusado por el delito de trata con fines de reclutamiento. Se encuentra prófugo

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Los aprehendidos por su vinculación con el principal involucrado en la captación y traslado de bolivianos a Rusia negaron cualquier relación con el delito y aseguraron que solo cobijaron en su domicilio a Amador M. por una semana, informó su abogado, Ronny Éguez.

Las tres personas, dos de ellas hermanos de Amador M., fueron capturadas el jueves y permanecen en celdas policiales a la espera de la audiencia cautelar convocada para este sábado, donde se definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel.

«Simplemente le dieron cobijo en su domicilio para que pernoctara durante una semana. Él manifestaba que era empleado de la Gobernación y, más allá de eso, ellos desconocían sus actividades», afirmó el jurista.

Se trata de Elvio M., Ronald C. y Luis Alberto V. Según sus declaraciones, no conocen el paradero actual del identificado por los familiares de las víctimas como el “reclutador” de personas para enviarlas a Rusia y que participen del conflicto bélico.

La Fiscalía tiene registradas a 16 personas que fueron captadas y llevadas a Rusia con el ofrecimiento de atractivas sumas de dinero. Una vez en Rusia, son entrenadas por un mes y llevadas a la zona de conflicto con Ucrania, según testimonios.

Hasta el momento, ninguno de los que viajó retornó. Familiares de dos primos reclutados y trasladados a la zona de combate recibieron la información no oficial de que sus seres queridos perdieron la vida.

Alcalde de Tarija plantea a gobernaciones unirse para hacer fuerza y avanzar en el 50/50

El alcalde de Tarija informó que el presidente Rodrigo Paz convocó a los alcaldes a una reunión para el 5 de agosto en Sucre

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Anticipando eventuales conflictos, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, convocó a los gobernadores a unir fuerzas con las alcaldías para negociar con el gobierno nacional y avanzar de forma conjunta en la redistribución de recursos, en el marco de la política del 50/50.

“Las gobernaciones no deben pelear con las alcaldías; más bien, nos tenemos que unir para encontrar una alternativa con el Gobierno nacional. Pero si las gobernaciones nos van a decir: ‘del 50/50, 20 para nosotros y 5 para todos ustedes allá’, eso no funciona”, advirtió.

Actualmente, está en la agenda nacional esta propuesta planteada por Paz en campaña, pero hasta el momento no ha avanzado. El presidente convocó a una reunión a los gobernadores para el 5 de agosto en Sucre, precisamente para avanzar en el debate de este tema.

También fueron convocados para la misma fecha los alcaldes, según Tórrez, quien planteó que los gobiernos subnacionales deben trabajar de forma conjunta en esta nueva política que, aunque no tiene fecha de inicio, concita el interés de gobernaciones y municipios.

El 50/50 implica, en términos generales, que el 50 por ciento de los recursos estatales se quede en el Gobierno central, mientras que el restante 50% se distribuya entre gobernaciones, alcaldías y universidades; aunque no hay nada oficial sobre la distribución de este último porcentaje entre los gobiernos subnacionales.

Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera (o Luis Fernando Camacho, según la fecha exacta de la nota), ensayó una distribución del 17% para las gobernaciones, 27% para los municipios y 6% para las universidades.

Maestros definirán afiliación y aportes sindicales, Educación ve que la dirigencia se legitimará

El decreto 5654 anula los descuentos, contribuciones y/o retenciones por planilla en los sueldos o salarios

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La anulación de los descuentos sindicales por planillas hará posible que cada maestro defina su sindicalización y aportes de forma voluntaria, lo que dará mayor legitimidad a la dirigencia, afirmó el ministro de Educación, Erick Sanjinés.

«Hasta el momento, esa filiación, inscripción al sindicato y descuento eran automáticos, sin preguntarles si estaban dispuestos a formar parte del sindicato o a autorizar su descuento. Creo que es muy importante (esta medida), defendiendo la libertad individual de cada una de las personas y de cada uno de los maestros», consideró sobre los alcances de la norma.

El Decreto Supremo 5654 anula los descuentos, contribuciones y/o retenciones por planilla en los sueldos o salarios del personal del nivel central, departamental y municipal, lo que deja sin efecto los descuentos por aportes sindicales.

Por ejemplo, los maestros estaban obligados a aportar mensualmente el 1% de sus salarios a sus sindicatos, en aplicación del Decreto Supremo 106, aprobado en 2009 durante el gobierno del presidente Evo Morales. El mismo disponía el descuento por 6 meses al año en el magisterio rural y 12 meses en el urbano, monto que luego era destinado a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y a la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, según correspondiera.

«Será muy importante que los dirigentes sindicales puedan conversar con sus bases, puedan convencerlas para afiliarse y autorizar los descuentos. Esto, más bien —desde mi punto de vista—, va a legitimar muchísimo el rol de los dirigentes, que son quienes están más preocupados», consideró el ministro.

A diferencia del criterio del ministro, la dirigente de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz, Anaí Bozo, afirmó que el decreto es «una medida que intenta silenciar la voz de los trabajadores», porque los aportes garantizan las labores sindicales y otras gestiones acordadas con sus bases.

En el caso de La Paz, mensualmente el magisterio recauda como aporte sindical «cerca de 600 mil bolivianos», de los cuales «la mayor parte iba destinada al llamado presente navideño» de fin de año y «la otra parte, a la cuestión de representación».