Carlos Corz

El corredor abierto entre La Paz y Río Abajo consolidó una ruta de aprovisionamiento que había estado bloqueada por quienes exigen la renuncia de Paz

El corredor humanitario que consolidó una ruta de aprovisionamiento de alimentos entre La Paz y Río Abajo —con participación de la Policía y las Fuerzas Armadas— forma parte de “un nuevo sistema” de trabajo ante los conflictos que permitirá resolverlos “muy prontamente”, aseguró el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

También advirtió que el conflicto que exige la dimisión del presidente Rodrigo Paz tiene el fin de “configurar una especie de escudo” de protección para Evo Morales ante el juicio en su contra. Además, señaló que “cada vez hay señales más fuertes en el sentido de que hay un patrocinio a diferentes dirigentes de parte de dineros oscuros que vienen del Chapare”.

Un operativo policial-militar realizado la madrugada de este lunes logró abrir y consolidar una ruta de aprovisionamiento de alimentos para La Paz y El Alto, dos ciudades golpeadas por el bloqueo de caminos que incentivan desde hace 36 días Morales, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y maestros rurales.

Actualmente hay bloqueos exigiendo la renuncia del mandatario en diferentes regiones de Bolivia. Este viernes, el propio Justiniano estuvo en el sorpresivo operativo hacia Río Abajo, una zona productora que estaba bloqueada por grupos radicales que —según las denuncias— agredían a quienes intentaban comercializar sus productos perecederos.

“Esta es una idea que la tenemos muy clara. Este es un nuevo sistema que estamos trabajando con el presidente Rodrigo Paz. Queremos tener un futuro, creemos que hay muchas oportunidades; nuestro país es muy rico y tiene toda la posibilidad de salir adelante. Esto (el conflicto) es un lastre que tenemos, pero estamos seguros de que muy prontamente lo vamos a terminar resolviendo”, aseguró a Bolivia Tv.

Desde su refugio en el Chapare, Morales planteó abiertamente la renuncia de Paz y el llamado a elecciones en 90 días. Tiene a dirigentes de los cocaleros del Chapare en El Alto como operadores del bloqueo que cumple 36 días sin que exista, al menos públicamente, una voluntad de diálogo por parte de los movilizados.

Según el Gobierno, detrás de la protesta se esconde la estrategia de Morales para evitar rendir cuentas ante la justicia. El expresidente tiene un juicio en su contra en Tarija por la denuncia de haber mantenido una relación con una menor, de la que nació una niña, además de una orden de aprehensión por no haberse presentado al inicio del proceso penal.

“Cada vez hay señales más fuertes en el sentido de que hay un patrocinio a diferentes dirigentes de parte de dineros oscuros que vienen del Chapare y que, lamentablemente, están poniendo al país en la situación a la que hemos llegado. Entonces, esperamos que más pronto que tarde la ciudadanía empiece a darse cuenta de que no puede ser usada por sistemas que quieren vivir en el pasado y realmente hundir a nuestro país en algo que ya experimentó, y que fueron 20 años de despilfarro, de corrupción y de atrasar al país con respecto a lo que podría haber sido”, aseguró en alusión a los gobiernos del MAS.

Justiniano fue posesionado como ministro de Defensa el martes y, dos días después, estuvo al frente del operativo que consolidó la vía de aprovisionamiento. Durante las acciones policiales y militares fueron detenidas ocho personas por violentos ataques a las fuerzas del orden, y se activarán investigaciones para dar con todos los responsables.

Por este caso, ya fueron destituidos de sus cargos el expresidente de YPFB, Yussef Akly, y el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

eju.tv /Video:Red Uno

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue aprehendido el gerente de Productos Derivados e Industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Alfredo Cuéllar Pinto. La medida se ejecutó como parte de la investigación penal por la compra y comercialización de gasolina de baja calidad en el mercado nacional.

La orden de aprehensión se cumplió mientras el funcionario desempeñaba funciones en las oficinas regionales de la estatal petrolera en la capital cruceña. Cuéllar Pinto es identificado por el Ministerio Público como uno de los principales responsables de la firma de los contratos de importación del carburante cuestionado.

El fiscal asignado al caso, Johan Muñoz, informó que ya se tomó la declaración informativa del gerente, quien está imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La comisión de fiscales determinó poner al sindicado a disposición de un juez cautelar, quien definirá si se defenderá en libertad o si se le aplicará la detención preventiva.

La importación del combustible —calificado de forma informal por los usuarios como “gasolina basura”— fue negada inicialmente por el Órgano Ejecutivo; sin embargo, el Gobierno tuvo que admitir posteriormente su adquisición y distribución tras registrarse desperfectos mecánicos en miles de vehículos a nivel nacional. Ante esta situación, el Estado activó una póliza de seguro para resarcir los daños a los propietarios afectados.

En febrero pasado, la red televisiva DTV reveló audios atribuidos a Cuéllar Pinto en los que se le escucha abordar la problemática del combustible y coordinar una estrategia comunicacional ante la opinión pública. “Lo que vamos a decir es que son cosas que vienen de la anterior gestión, producto de la anterior gestión, y que hemos hecho cosas para mejorar. Esta semana estamos tratando de mejorar”, refiere la grabación filtrada.

Por este mismo caso, ya fueron destituidos de sus cargos el expresidente de YPFB, Yussef Akly, y el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.