Este martes se reportó la explosión de un tanque de combustible en una estación de servicio de Camiri, Santa Cruz. El hecho generó daños materiales en las instalaciones, aunque, de manera preliminar, no se registraron personas heridas.
De acuerdo con la información inicial, la explosión se habría producido luego de la caída de un rayo en inmediaciones de la estación de servicio, provocando el incidente en uno de los tanques de almacenamiento de combustible.
Tras la emergencia, se desplegaron bomberos hasta la estación de servicio para controlar la situación y realizar las labores de seguridad correspondientes, evitando que el incidente pudiera generar mayores consecuencias.
Fernando Valdivia, bombero voluntario, informó que su equipo aseguró la escena, delimitó un perímetro de seguridad y procedió a enfriar la zona como medida preventiva.
Para estos trabajos utilizaron aproximadamente 4.000 litros de agua y verificaron que parte de la estructura de una posible cámara que almacena los tanques de combustible había colapsado sobre los mismos.
El gobernador Luis Revilla informó que en la cita con el Jefe de Estado se planteará una compensación económica tras el retiro de la subvención al diésel.
El presidente Rodrigo Paz tiene agendada para este miércoles una reunión con los gobernadores de los nueve departamentos, como parte del proceso de diálogo orientado a la Agenda 50-50. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, adelantó que el objetivo central del encuentro es agilizar las mesas técnicas y consolidar un marco legal enfocado en la redistribución de los recursos estatales.
«La prioridad es avanzar en la aplicación del plan 50-50. El tema central de la reunión con el Presidente es poder avanzar de manera más ágil en el establecimiento de las mesas técnicas, para aprobar antes del 31 de diciembre una ley que nos permita poner en marcha la Agenda 50-50 a partir del Presupuesto General del Estado», perfiló Revilla.
Los gobernadores esperan que esta nueva política de distribución de recursos comience a aplicarse en la formulación del próximo presupuesto estatal; entre tanto, el Gobierno del presidente Paz ha precisado en reiteradas ocasiones que la propuesta no se restringe únicamente a un reparto de fondos económicos.
Tras reunirse este martes con alcaldes de las ciudades capitales más El Alto, el primer mandatario explicó que la Agenda 50-50 avanzará de manera progresiva y diferenciada, bajo criterios de corresponsabilidad, transparencia, resultados verificables y acuerdos fiscales orientados a una distribución equitativa.
Asimismo, Revilla informó que en la cita con el Jefe de Estado se planteará una compensación económica tras el retiro de la subvención al diésel.
Mediante el Decreto Supremo 5716, el Ejecutivo retiró el pasado 18 de septiembre el subsidio al diésel y fijó su precio en Bs 17,95 por litro, tarifa que se ajustará periódicamente en función de la cotización internacional del crudo.
Un mayor presupuesto para cerrar la gestión 2026 y la aceleración en la implementación de la Agenda 50-50, centrada en una nueva visión presupuestaria, estuvieron entre los temas tratados y las conclusiones de la reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los alcaldes de las ciudades capitales más El Alto.
Paz destacó la importancia de la cita y explicó que la Agenda 50-50 no constituye una negociación de porcentajes, sino un proceso de co-construcción para equilibrar responsabilidades, competencias y recursos entre todos los niveles de gobierno.
«Contamos con el respaldo técnico del Banco Mundial para cambiar la estructura del Estado centralista. Las reformas se construirán juntos, no se impondrán, para que cada región produzca y avancemos hacia un Estado más eficiente, coordinado y cercano a la gente», explicó el primer mandatario.
Al término del encuentro, la vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, informó sobre los puntos abordados durante la tarde de este martes, en un diálogo considerado clave por las coincidencias alcanzadas en materia económica y de gestión.
«Una mayor asignación de presupuesto, sobre todo para el cierre de esta gestión, resulta fundamental. Ha sido un compromiso del Ministro de Economía evaluar esta situación para que el año 2026 termine de la mejor manera para todos», señaló Tardío.
En la reunión, en la que también participaron, entre otros, los ministros de Economía, Christian Morales, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, los munícipes reafirmaron la importancia de avanzar en la Agenda 50-50 comprometida por el Ejecutivo.
«Todos los gobiernos municipales le han pedido al Gobierno nacional que la Agenda 50-50 empiece a concretarse a cortísimo plazo con políticas claras de ejecución inmediata, la normativa correspondiente y, sobre todo, un cambio de visión en la asignación presupuestaria», añadió.
Entre otros temas abordados figuraron la asistencia para mejorar la gestión municipal, destrabar el acceso a créditos externos y generar medidas de compensación para los municipios en situación desventajosa.
Asimismo, el retiro de la subvención al diésel y su nuevo precio de Bs 17,95 por litro —que se ajustará en función de la cotización internacional del crudo— y sus efectos en la economía local formaron parte de la agenda de trabajo.
La revocación de visados y las acusaciones emitidas contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, así como contra otras autoridades judiciales, policiales y fiscales, «son muy graves», por lo que se solicitará a Washington información complementaria y colaborará con las investigaciones que se inicien, informó el Gobierno.
Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, fijaron en conferencia de prensa la postura oficial del gabinete del presidente Rodrigo Paz ante la reciente determinación estadounidense.
«Las declaraciones emitidas por parte de Estados Unidos son muy graves, muy graves, y corresponde que sean esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y, como siempre sostenemos, con pleno respeto al debido proceso», afirmó Justiniano.
Como no había ocurrido en la historia reciente, Washington sorprendió este lunes con la publicación de una lista de personalidades a las que decidió retirar el visado de ingreso a Estados Unidos, entre ellas el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, máxima autoridad del Ministerio Público en Bolivia.
En la nómina también figuran el exministro de Justicia, Iván Lima, además de tres fiscales, tres jueces, un magistrado, otras dos exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario. En total, la sanción diplomática alcanza a 13 autoridades y exautoridades.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, aseguró que la actual administración recabará mayor información de la embajada estadounidense sobre las acusaciones que pesan contra los implicados y anunció que el Ejecutivo colaborará con las instancias llamadas por ley para esclarecer los hechos.
«Esta situación es un examen para nuestra institucionalidad democrática y para una actuación independiente; una prueba que naturalmente debe estar basada en evidencias, pero que dé cuenta de un aspecto fundamental para los bolivianos: que podemos confiar en nuestras instituciones», advirtió Aramayo.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el hecho de que Washington haya hecho pública su decisión y los señalamientos da cuenta de que la información potencialmente tiene sustento, dada la rigurosidad de la administración estadounidense en este tipo de casos.
«La revocación de visas al fiscal y a otras autoridades responde a datos que han llegado desde Estados Unidos, y la política norteamericana en esto es muy seria. Si han emitido estas revocaciones debe ser porque tienen pruebas. Vamos a pedir información complementaria sobre este tema e iniciaremos las investigaciones en los diferentes órganos del Estado», afirmó Oviedo.
Rodeado de fiscales departamentales, Mariaca se pronunció desde Sucre, sede de sus funciones, para rechazar la determinación estadounidense y negar los cargos en su contra. Además, vinculó la medida con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía boliviana sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo.
«Respetamos las decisiones soberanas de los Estados Unidos, pero esperamos que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia», afirmó el Fiscal General en conferencia de prensa tras conocerse la cancelación de su visado.
En tanto, desde el Órgano Legislativo se solicitó que la autoridad se aparte del cargo mientras se efectúan las pesquisas, postura sobre la cual el ministro Oviedo evitó emitir criterio.
