Carlos Corz

Doria Medina había denunciado que funcionarios del gobierno estaban negociando con el narcotráfico

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El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani, demandó al político y empresario Samuel Doria Medina acudir al Ministerio Público a revelar todo lo que sabe sobre supuestas vinculaciones de funcionarios del Gobierno con el narcotráfico, porque de lo contrario, implica «perjudicar y obstaculizar la lucha contra el narcotráfico».

«Las declaraciones que hizo el señor Samuel Doria Medina son acusaciones muy graves. Señaló la existencia de funcionarios de la actual gestión que estarían en complicidad con esquemas del narcotráfico. No vamos a tolerar que ningún servidor público incurra en ello y continuaremos con una política de lucha implacable», advirtió la autoridad mediante un video.

Doria Medina reveló en una entrevista que «en el Gobierno del MAS se cobraba 50.000 dólares por cada avioneta que sacaba 500 kilos de cocaína (…) Este Gobierno [de Rodrigo Paz] habría negociado subir esta tarifa a 70.000 u 80.000 dólares».

Además, aseguró que una senadora de Beni, de quien no precisó el nombre, le informó sobre el hecho. Ante las inmediatas reacciones que exigían revelar identidades, este martes aclaró que puso en conocimiento del jefe de Estado dicha información.

«También piden que denuncie ante las autoridades lo que escuché. Pues bien, ya lo hice: le avisé de inmediato al presidente Rodrigo Paz. No acusé a nadie en particular porque se trataría de una red entera de protección al narcotráfico. Supongo que se está investigando», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Ante esto, Badani insistió en que las afirmaciones del líder político tienen «implicaciones muy complejas y deben ser sustentadas con nombres y pruebas ante la justicia».

«En este marco, pido públicamente al señor Doria Medina que dé a conocer al Ministerio Público toda la información que posee para que se actúe con rapidez y firmeza. No revelar la información que tiene es perjudicar y obstaculizar la lucha contra el narcotráfico, y esto no se debe tolerar», insistió.

En el Legislativo está congelado el tratamiento de un proyecto de ley para nacionalizar los vehículos indocumentados

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El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, planteó abordar la problemática de los vehículos «chutos» e indocumentados mediante un proceso de nacionalización que esté acompañado de la eliminación de aranceles a la importación de motorizados, con el fin de neutralizar el contrabando.

«Si no solucionamos este problema, irá creciendo como un cáncer y nos corroerá como Estado. La mejor solución es nacionalizar los autos indocumentados y, para evitar que ingresen más, reducir tal vez a cero los aranceles de importación de vehículos», afirmó.

Los automóviles indocumentados circulan principalmente en zonas rurales y fronterizas de regiones como el norte de Potosí, el Chapare, la Chiquitanía y el norte de La Paz. Por lo general, son ingresados al país desde Chile y sus poseedores buscan mecanismos para abastecerse de combustible sin mayores problemas.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional se iniciaron gestiones en el pasado para tratar un proyecto de ley destinado a regularizar la situación legal de estos motorizados; sin embargo, su debate se paralizó ante los reclamos de sectores de la oposición, importadores legales y el transporte organizado.

«Lo que debemos hacer es bajar los aranceles a diversas mercancías, como en el caso de los automóviles, para que el parque automotor se renueve y sea más accesible para la población. Es una solución integral la que hay que plantear: si rebajamos los tributos, el contrabando disminuirá», insistió Sánchez.