El diputado de la alianza Unidad, Mauricio Taboada, anticipó que planteará una Petición de Informe Oral (PIO) a las autoridades del sector para que expliquen la denuncia.
Tras la denuncia de presuntos cobros adicionales por diésel en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Gobierno aseguró que se inició una investigación, mientras que los legisladores anunciaron procesos de fiscalización.
“Es materia en investigación, hay una acción decidida del Gobierno de acabar con bandas de corrupción que sabotean el flujo regular y la calidad (del combustible)”, declaró el canciller Fernando Aramayo, citado por Unitel.
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El viernes, el expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, denunció que grandes consumidores (denominados Gracos) de diésel pagaron montos adicionales en supuestas “ventanillas escondidas” para acceder al combustible de la estatal petrolera.
El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó la denuncia de “grave” y sugirió debido a la corrupción en YPFB el Estado deje el negocio de importación de carburantes y solo se dedique a planificar, regular y garantizar la llegada de ese producto a la población.
El diputado de la alianza Unidad, Mauricio Taboada, anticipó que planteará una Petición de Informe Oral (PIO) a las autoridades del sector para que expliquen la denuncia.
La diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, cuestionó que no se tomen medidas frente a la corrupción que campea en YPFB.
Entre tanto, el vicepresidente Edmand Lara, anunció que presentará una denuncia a raíz de la revelación del productor.
“Lamentable, vamos a presentar una denuncia penal, también vamos a hacer una fiscalización, no es posible que con plata del Estado se aprovechen de la gente”, declaró citado por Unitel.