De los asesinatos atribuidos al crimen organizado se pasó a un amplio despliegue de militares, unidades de élite, fuerzas antidroga y operativos coordinados con Brasil. Las investigaciones apuntan a una disputa entre organizaciones criminales transnacionales por corredores del narcotráfico.
Efectivos militares coadyuvan en las labores de patrullaje en San Matías. Foto: Min. Defensa
La frontera oriental atraviesa el episodio de violencia más complejo de los últimos años. En apenas unos días, municipios como San Matías, San Ignacio de Velasco, San Julián y otras poblaciones del este cruceño dejaron de ser escenario de hechos delictivos aislados para convertirse en el centro de una ofensiva estatal que involucra a la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, unidades especializadas antidroga y mecanismos de cooperación con Brasil.
La sucesión de asesinatos, emboscadas, hallazgos de armamento y operativos elevó la preocupación de las autoridades sobre la consolidación de estructuras del crimen organizado en esa región fronteriza.
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El incremento de la violencia provocó una escalada gradual de la respuesta estatal. Primero llegaron los operativos de investigación tras los asesinatos registrados en San Matías; posteriormente se reforzó la presencia policial con más de 250 efectivos; después se incorporaron unidades tácticas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y grupos especializados; finalmente, el Ejército inició patrullajes preventivos en la zona, mientras Bolivia y Brasil aceleraron la coordinación de acciones conjuntas para enfrentar el avance de las organizaciones criminales en la frontera.
La secuencia de hechos comenzó con una serie de ataques armados que dejaron varias víctimas fatales en la provincia Ángel Sandóval y se agravó con la emboscada en la que murió el subteniente de la Policía Yerson Salazar Aliendres, cuyo cuerpo fue hallado posteriormente cerca de una pista clandestina.
La Policía Boliviana desplegó un fuerte contingente. Foto: El Deber
En conjunto, los hechos violentos registrados en pocos días elevaron el número de fallecidos a nueve en el departamento de Santa Cruz, configurando uno de los episodios de mayor violencia vinculada al crimen organizado registrados recientemente en la región.
A partir de las primeras investigaciones, la Policía y el Ministerio de Gobierno comenzaron a delinear una hipótesis común: la violencia respondería a una disputa por el control de corredores utilizados para el tráfico internacional de drogas entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV). Según explicó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, ambas estructuras buscan controlar las rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas hacia Brasil y otros mercados regionales.
Esa línea de investigación coincide con reportajes difundidos por medios brasileños y bolivianos, que describen una expansión de estas organizaciones hacia zonas fronterizas consideradas estratégicas para el narcotráfico. Sin embargo, las investigaciones judiciales continúan en curso y las autoridades mantienen abierta la recolección de evidencias para establecer la participación de estas estructuras criminales en los hechos registrados durante los últimos días.
Mientras la investigación avanzaba, los operativos comenzaron a mostrar resultados. En distintos procedimientos ejecutados en la región fueron intervenidas pistas clandestinas presuntamente utilizadas para el traslado de droga, se inutilizó una avioneta con matrícula adulterada y se hallaron depósitos de combustible de aviación (Avigas), además de infraestructura que, según las autoridades, era utilizada para apoyar operaciones aéreas vinculadas al narcotráfico.
El teniente Yerson Salazar Aliendres fue una de las víctimas de la violencia en San Matías. Foto: Unitel
A ello se sumó el secuestro en San Julián de un vehículo que transportaba un fusil y dos rifles ocultos, armamento que es investigado por las autoridades para establecer su destino y posibles vínculos con organizaciones criminales.
Paralelamente, la respuesta institucional se amplió más allá de los operativos policiales. El Gobierno confirmó que Bolivia y Brasil trabajan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado en la frontera, incluyendo mecanismos de intercambio de información y la presencia de equipos especializados de ambos países dentro de la estrategia denominada Frontera Segura. La coordinación busca atacar tanto las estructuras logísticas del narcotráfico como las organizaciones responsables de los recientes hechos de violencia.
El despliegue de efectivos policiales y militares también refleja un cambio en la valoración oficial del problema. Si en un inicio la atención se concentraba en esclarecer los homicidios, ahora la prioridad es impedir que organizaciones criminales consoliden corredores permanentes para el tráfico de drogas y fortalezcan su capacidad operativa en territorio boliviano.
Los patrullajes preventivos, los allanamientos y los controles fronterizos forman parte de esa estrategia, que busca recuperar el control estatal en una de las zonas más sensibles de la frontera oriental.
Una patrulla de militares resguarda las calles de San Matías. Foto: Min. Defensa
Más allá de las capturas y los operativos desarrollados durante los últimos días, el principal desafío para las autoridades será determinar si la violencia registrada corresponde a una confrontación coyuntural entre esos grupos criminales o constituye el inicio de una disputa sostenida por el control de rutas del narcotráfico en territorio boliviano.
De esa respuesta dependerá, en gran medida, la evolución de la estrategia de seguridad que el Gobierno despliegue en la frontera con Brasil de ahora en adelante.
