El secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, José Luis Porcel, comparó esta propuesta con el antiguo Fondo Social de Emergencia, creado por el 21060 para atender los efectos sociales de la crisis económica.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla la aplicación de medidas para fortalecer las redes de protección social y evitar que el costo del ajuste económico recaiga principalmente sobre las familias pobres y los sectores más vulnerables.
El documento establece que el Gobierno deberá destinar recursos adicionales a programas de protección social como parte de las reformas económicas comprometidas. El objetivo es que la reducción del déficit fiscal y las medidas de ajuste no profundicen las dificultades económicas de quienes tienen menores ingresos.
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El secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, José Luis Porcel, comparó esta propuesta con el antiguo Fondo Social de Emergencia, creado por el 21060 para atender los efectos sociales de la crisis económica. Según explicó, este tipo de mecanismos busca amortiguar el impacto de las reformas y evitar que las dificultades económicas deriven en mayor pobreza o conflicto social.
El programa también plantea mejorar la cobertura y focalización de los programas sociales, hacer más efectiva la ayuda estatal, reducir la informalidad y generar mayores oportunidades de empleo.
Porcel explicó que estas medidas adquieren mayor importancia cuando un programa de ajuste puede provocar un aumento de la pobreza o generar descontento social. En ese contexto, sostuvo que también se busca proteger partidas esenciales destinadas a salud y educación durante un periodo de contracción económica.
El acuerdo forma parte de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente $us 1.900 millones, destinado a respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.
De acuerdo con el FMI, este financiamiento también podría facilitar el acceso de Bolivia a nuevos créditos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales. El objetivo es conformar un paquete de financiamiento que alcance al menos $us 5.000 millones durante el periodo del programa.
El organismo internacional señala que Bolivia enfrenta varios problemas acumulados, entre ellos déficits fiscales persistentes, menor producción de hidrocarburos, reducción de las reservas internacionales, elevada inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos.
Frente a este escenario, el Gobierno puso en marcha un programa de reformas orientado a recuperar la estabilidad económica y ordenar las cuentas públicas, además de modificar el régimen monetario y cambiario y fortalecer la política monetaria.
Porcel señaló que uno de los compromisos asumidos por el Gobierno es llegar a “cero del déficit fiscal”, además de fortalecer la gobernanza y la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia.
El programa también contempla reformas para mejorar el clima de negocios, reducir las distorsiones en los mercados, fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones para la inversión y la generación de empleo.
Asimismo, el acuerdo incluye medidas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de contratación pública y reforzar las políticas de lucha contra la corrupción.
En ese contexto, las redes de protección social aparecen como uno de los componentes destinados a amortiguar el impacto de las reformas económicas y evitar que el proceso de ajuste profundice la situación de los sectores más vulnerables.