El urbanista Fernando Prado sostiene que la Alcaldía tiene la responsabilidad principal de verificar que los espacios comerciales cumplan las condiciones establecidas en el Código de Urbanismo, mientras que los comerciantes también deben garantizar que sus instalaciones sean seguras.
El fuego quemó toda la mercadería de los comerciantes/Foto: Fernando Portugal
Fuente: El Deber
El incendio registrado en la Feria Barrio Lindo vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad con las que funcionan los establecimientos comerciales de Santa Cruz de la Sierra. Para el urbanista Fernando Prado, el problema no se limita al origen del fuego, sino a una posible cadena de incumplimientos y falta de fiscalización que puede convertir una emergencia en una tragedia.
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Prado sostiene que cualquier infraestructura destinada a actividades comerciales debe contar, desde la etapa de proyecto, con condiciones adecuadas de seguridad. Esto incluye espacios de circulación, sistemas eléctricos, ubicación de extintores y otras medidas destinadas a prevenir y responder ante una emergencia.
“Todo edificio tiene que cumplir con las normas establecidas en el Código de Urbanismo», señaló el urbanista, al remarcar que estos requisitos no son nuevos ni deberían aplicarse únicamente después de que ocurre un incendio.
El punto crítico, según Prado, está en la fiscalización. La Alcaldía debería verificar que los proyectos y las instalaciones efectivamente respondan a las normas aprobadas y realizar controles periódicos para comprobar que esas condiciones se mantengan.
Entre los aspectos que deberían ser revisados están las instalaciones eléctricas, los espacios de seguridad, el ancho de los pasillos, la densidad de ocupación y la disponibilidad y ubicación de los equipos contra incendios.
“Las normas existen, pero nadie las verifica, nadie las controla y nadie las exige”, cuestionó.
Un círculo de incumplimiento
Para Prado, la falta de fiscalización también genera un efecto de normalización del incumplimiento. Cuando los propietarios o comerciantes perciben que una determinada norma no es controlada, terminan asumiendo que pueden operar sin respetarla.
El urbanista compara esta situación con las infracciones de tránsito: si una prohibición existe pero no hay controles ni sanciones, con el tiempo los ciudadanos dejan de percibirla como una obligación efectiva.
En el caso de los espacios comerciales, ese comportamiento puede tener consecuencias mucho más graves, especialmente cuando se trata de instalaciones eléctricas.
El arquitecto Prado advierte que una infraestructura puede haber sido diseñada para soportar determinada demanda eléctrica, pero posteriormente ser modificada sin los controles correspondientes. La incorporación de equipos adicionales o la conexión improvisada de instalaciones puede generar una sobrecarga y aumentar el riesgo de cortocircuitos e incendios.
“Hay la responsabilidad de ambos”, afirmó. Por un lado, está el comerciante o usuario, que debe respetar las normas; por otro, la autoridad encargada de controlar que esas normas se cumplan.
La Alcaldía tiene la responsabilidad principal
Aunque la seguridad debe ser asumida tanto por los comerciantes como por las autoridades, Prado identifica a la Alcaldía como la principal responsable de la fiscalización.
“La responsabilidad en sí es de la Alcaldía”, sostuvo, aunque aclaró que el gobierno municipal puede recurrir posteriormente a la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) para las verificaciones técnicas relacionadas con las instalaciones eléctricas.
El problema, desde su perspectiva, comienza incluso antes de que un establecimiento entre en funcionamiento. La revisión debería partir del proyecto: determinar si existen espacios suficientes, si la infraestructura es adecuada, si los sistemas eléctricos cuentan con los proyectos correspondientes y si las condiciones previstas en los planos se mantienen en la realidad.
Después debería producirse una segunda etapa: la inspección en el lugar.
“Desde el proyecto mismo hay que verificar”, explicó Prado. “Hay que ir a inspeccionar, a mirar si están cumpliendo la ley”.
El incendio de la Feria Barrio Lindo deja así una discusión que trasciende la emergencia puntual: la necesidad de que las normas de seguridad urbana no permanezcan únicamente en los documentos municipales, sino que sean verificadas y exigidas de manera permanente.
Para Prado, mientras exista una brecha entre lo que establece la normativa y lo que efectivamente se controla en la ciudad, se mantendrá un círculo de incumplimiento que puede terminar exponiendo a comerciantes, trabajadores y compradores a situaciones de alto riesgo.