Sin duda alguna los últimos tres años fueron de bonanza para los productores de hoja de coca y por ende para el narcotráfico. En este lapso 103.318,32 toneladas de hoja (ver tabla abajo), es decir el 67.5% de la producción total , eludieron los controles legales lo que no es poca cosa y explica en buena parte la ostensible prosperidad de algunos dirigentes de ese sector y el excedente económico generado a pesar del cierre de miles de fuentes de trabajo.
Peor es el porcentaje del Chapare, 95,2% de la coca producida en esta zona burló los controles legales en el mismo período.
Según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y que han sido aceptados por el propio gobierno, entre el 2006 y el 2008, en Bolivia fueron cosechadas 152.949,32 toneladas de hoja de coca lo que generó un movimiento económico de 690 millones de dólares, que, sumados a los valores generados por la cocaína en el último trienio y según Ernesto Justiniano, nos da un total entre 1.162 y 2.502 millones de dólares.
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Si hacemos algo de aritmética elemental llegaremos a la conclusión de que solo 49.631,00 toneladas habrían pasado por los centros de control legal instalados en Villa Fátima (La Paz) y Sacaba (Cochabamba). Sin embargo, según indica la experiencia, eso no significa que este volumen haya sido destinado íntegramente para el consumo tradicional, es decir para el acullico.
De las 103.318,32 toneladas restantes no se puede decir que se volatilizaron o que fueron cultivadas por el solo placer de hacerlo y luego fueron arrojadas al río. En realidad tuvieron un destino muy específico y muy conocido: el narcotráfico y por tanto decir que retornaron a “mercados primarios” no es más que otras de las falacias que se han venido ensayando, una tras otra, para intentar minimizar el incremento de esta actividad.
El incremento en la producción de la hoja de coca y su sistemático desvío hacia mercados ilegales es un producto inevitable de la “flexibilización”, ergo violación de la Ley 1008 en la que está empeñado el actual gobierno.
Dentro de esta “flexibilización” se pretende, además, la ampliación de la extensión de los cultivos legales de coca de 12 mil a 20 mil hectáreas con el argumento de que los consumidores tradicionales habrían crecido desde el año 1998 cuando fue aprobada la Ley 1008. Cabe reiterar que ésta es violada en los artículos 29 y 31.
A la luz de las últimas cifras la justificación está definitivamente fuera de lugar y en todo caso la ampliación iría a satisfacer la creciente demanda del narcotráfico.
El gobierno quiso mostrar sus supuestos “logros” en materia de lucha contra el narcotráfico pero como ya es costumbre la realidad de los hechos vino a desmentirlo de manera contundente.
Argumentar que se está cumpliendo con las metas anuales de erradicación no significa otra cosa que intentar tapar el sol con un dedo.
