1. ¿En qué consiste el Proyecto de Ley de Inversiones?
El proyecto presentado por el Gobierno busca crear un nuevo régimen integral para atraer, promover, proteger y facilitar inversiones nacionales y extranjeras en Bolivia, reemplazando un esquema considerado restrictivo por uno orientado a generar mayor previsibilidad. El proyecto de ley establece como objetivos la diversificación productiva, industrialización, generación de empleo, innovación y competitividad. Uno de sus elementos centrales es reconocer la libre empresa, la iniciativa privada, la libre competencia y la libertad de inversión y comercio. También propone simplificar los procedimientos para establecer y desarrollar inversiones. Se crea una Autoridad Nacional de Inversiones, concebida como instancia de coordinación institucional. Asimismo, se plantea una Ventanilla Única digital para centralizar constitución, registros, licencias, permisos, trámites tributarios, aduaneros, migratorios y municipales. El proyecto también incorpora mecanismos para integrar a las MIPYMES nacionales como proveedoras de las inversiones.
El proyecto introduce incentivos que pueden incluir reducciones o exenciones tributarias y arancelarias, depreciación acelerada, facilidades aduaneras y acceso a zonas económicas especiales, con una duración máxima que el proyecto establece en hasta 20 años. Un aspecto particularmente importante para el capital extranjero es el reconocimiento de la libertad para transferir dividendos, utilidades y ganancias, previo cumplimiento de las obligaciones legales, así como el derecho a convertir moneda nacional en divisas. También contempla arbitraje internacional para controversias Inversionista-Estado bajo las condiciones establecidas en tratados ratificados por Bolivia. El proyecto crea además PRO-INVERSIÓN Y DESARROLLO DE BOLIVIA para la promoción internacional. Finalmente, busca ampliar el enfoque hacia logística, economía digital, inteligencia artificial, innovación, hidrógeno, energía solar y otros sectores, además de minería e hidrocarburos, precisamente para diversificar la matriz de inversión.
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2. ¿Por qué es tan baja la IED en Bolivia y cuáles son sus consecuencias?
Principales causas
La baja IED boliviana no puede explicarse por una sola variable, sino por una acumulación de riesgos que disminuyen la rentabilidad esperada y aumentan la incertidumbre. En 2025 Bolivia recibió $us. 620 millones según CEPAL, apenas 0,32% de los 194.233 millones de dólares captados por América Latina y el Caribe; frente a los $us. 77.676 millones de Brasil, la diferencia es enorme. A ello se suman escasez de divisas, reservas internacionales limitadas, incertidumbre cambiaria, déficit fiscal, recesión, conflictividad social y más de 50 días de bloqueos durante 2026. Desde el punto de vista de un comité internacional de inversiones, estos factores elevan el riesgo país y hacen que un proyecto boliviano deba ofrecer una rentabilidad mayor para compensar el riesgo. También pesan la complejidad regulatoria, los cambios normativos, la limitada previsibilidad contractual y la percepción de inseguridad jurídica. En consecuencia, el problema de Bolivia no es solamente “falta de incentivos”, sino fundamentalmente falta de confianza.
Consecuencias económicas
Una IED reducida significa menor entrada de capital productivo, menor capacidad para financiar nuevas plantas, infraestructura, tecnología y expansión empresarial. También limita la creación de empleos formales, transferencia tecnológica, productividad y acceso a cadenas globales de valor. El propio proyecto reconoce que la inversión extranjera puede contribuir a generar empleo, incorporar tecnología, fortalecer la recaudación, mejorar infraestructura e impulsar exportaciones. En el caso boliviano existe además un efecto particularmente importante, la IED puede aportar divisas frescas, algo crítico cuando las RIN actualmente alcanzan $us. 3.632 millones, pero solamente $us. 472 millones corresponden a divisas, según información del BCB, mientras aproximadamente un 85% está constituido por oro. Por tanto, atraer IED no resolvería por sí sola la crisis cambiaria, pero sí podría generar una fuente adicional de dólares y capacidad productiva exportadora. La CEPAL advierte que la IED debe vincularse con políticas de desarrollo productivo para generar efectos más amplios sobre crecimiento y productividad.
3. Tres aspectos positivos y tres negativos del proyecto
Aspecto positivo 1: Mayor seguridad jurídica y previsibilidad
El mayor aporte potencial del proyecto es que coloca la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria en el centro de la política de inversiones. Reconoce derechos relacionados con propiedad, debido proceso, estabilidad normativa y contractual, no discriminación y transferencia de fondos. También incorpora mecanismos de solución de controversias y arbitraje internacional conforme al marco aplicable. Esto puede reducir el riesgo percibido por inversionistas internacionales. Sin embargo, su verdadera eficacia dependerá de que estas garantías sean aplicadas efectivamente por las instituciones y no queden solamente como declaraciones legales.
Aspecto positivo 2: Simplificación y reducción de burocracia
La creación de una Ventanilla Única digital de Inversión y Empresa constituye una medida técnicamente correcta. La propuesta busca concentrar trámites que actualmente pueden encontrarse dispersos entre distintas instituciones públicas. Esto puede reducir tiempos, costos de transacción y discrecionalidad administrativa. Además, la creación de una Autoridad Nacional de Inversiones permite coordinar al Gobierno central, gobiernos subnacionales y entidades sectoriales. Si se implementa correctamente, Bolivia podría pasar de una política reactiva de inversión a una política profesional de promoción, facilitación y seguimiento de proyectos.
Aspecto positivo 3: diversificación de la matriz productiva
El proyecto tiene una visión más amplia que la tradicional dependencia de hidrocarburos y minería. Incluye logística, tecnología, economía digital, innovación, inteligencia artificial, energías alternativas, turismo y otros sectores. El Gobierno ha señalado expresamente este cambio de orientación. Esto es importante porque la CEPAL identifica precisamente una transformación de los patrones internacionales de inversión hacia sectores tecnológicos, infraestructura, servicios y nuevas actividades productivas. Si Bolivia consigue atraer capital hacia esos sectores, la IED podría generar mayor diversificación y productividad, en lugar de limitarse a explotar materias primas.
Aspecto negativo 1: Una ley no puede solucionar por sí sola el riesgo macroeconómico
El principal riesgo del proyecto es asumir implícitamente que un mejor marco jurídico será suficiente para atraer grandes cantidades de capital. No lo será. Un inversionista observa simultáneamente déficit fiscal, disponibilidad de divisas, inflación, crecimiento, riesgo país, estabilidad cambiaria, seguridad jurídica y estabilidad social. El propio proyecto reconoce que la protección de la inversión no equivale a garantizar rentabilidad, tipo de cambio ni disponibilidad de divisas. Por tanto, si Bolivia mantiene escasez de dólares y elevada incertidumbre macroeconómica, un inversionista puede reconocer las garantías de la ley y aun así decidir no invertir.
Aspecto negativo 2: Incentivos fiscales pueden generar costo para el Estado
Las reducciones y exenciones tributarias pueden ser útiles para atraer proyectos, pero deben utilizarse con mucho cuidado. Bolivia enfrenta restricciones fiscales importantes; por ello, otorgar incentivos sin medir el costo fiscal, el empleo generado, las exportaciones y las divisas aportadas podría terminar subsidiando inversiones que habrían llegado igualmente. El principio correcto debería ser “incentivo a cambio de resultados verificables”. Los beneficios deberían estar vinculados a metas concretas de inversión, empleo formal, exportaciones, transferencia tecnológica y generación neta de divisas.
Aspecto negativo 3: Persiste una brecha entre la ley y las condiciones reales
El proyecto mejora considerablemente el marco formal, pero todavía existe una brecha entre la norma y la realidad económica. Por ejemplo, reconocer libertad para convertir bolivianos en divisas es positivo jurídicamente, pero su efectividad económica depende de que existan suficientes dólares en el mercado. Lo mismo ocurre con la libre transferencia de utilidades: debe existir disponibilidad efectiva de divisas para que el derecho sea plenamente operativo. En otras palabras, la ley puede reducir riesgo jurídico, pero no puede crear dólares, estabilidad fiscal ni paz social por decreto.
4. Dos escenarios para la economía boliviana
A. Escenario con implementación de la ley y reformas complementarias que favorezcan las inversiones
Si Bolivia implementa la ley y simultáneamente realiza reformas macroeconómicas, institucionales y regulatorias, podría comenzar a recuperar gradualmente la confianza de los inversionistas internacionales. En el corto plazo, el efecto más importante sería una reducción de la incertidumbre y la reactivación de proyectos que hoy se encuentran postergados. En un horizonte de 2 a 3 años, Bolivia podría aumentar progresivamente su IED desde niveles inferiores a $us. 1.000 millones hacia un rango de $us. 1.000-1.500 millones anuales, siempre que exista estabilidad macroeconómica. Esto no significaría alcanzar inmediatamente a Perú, Chile o Colombia, pero sí multiplicar varias veces la posición actual. La inversión podría concentrarse en minería, energía, agroindustria, logística, infraestructura, turismo y servicios digitales. La entrada de capital fresco contribuiría además a generar empleo, tecnología y capacidad exportadora. En un escenario exitoso, parte de la IED podría convertirse en una fuente permanente de divisas. La condición fundamental es que la ley esté acompañada por estabilidad cambiaria, consolidación fiscal, seguridad jurídica efectiva y reducción de la conflictividad social. La CEPAL recomienda precisamente combinar promoción de IED con políticas de desarrollo productivo, inteligencia estratégica y coordinación institucional.
- Escenario sin reformas y manteniendo las actuales condiciones Si Bolivia mantiene las condiciones económicas, jurídicas e institucionales actuales y no implementa una reforma efectiva del régimen de inversiones, el escenario sería considerablemente más La IED probablemente permanecería en niveles bajos y podría incluso retroceder respecto de los USD 620 millones registrados por CEPAL en 2025. Los inversionistas continuarían exigiendo una prima de riesgo elevada para compensar incertidumbre cambiaria, conflictividad, debilidad institucional y dificultades operativas. La consecuencia no sería solamente menor entrada de capital, también habría menos empleo formal, menor transferencia tecnológica, menor capacidad exportadora y menor diversificación productiva. Bolivia además perdería oportunidades frente a países vecinos que están compitiendo activamente por atraer las mismas inversiones. En un contexto mundial donde los anuncios de nuevos proyectos se han vuelto más selectivos, esperar pasivamente al capital extranjero sería una estrategia equivocada. La competencia internacional por IED exige promoción activa, estabilidad y resultados, no solamente ventajas naturales.
5. Cinco medidas gubernamentales para complementar la Ley de Inversiones
- Crear un “Pacto de Estabilidad Macroeconómica para la Inversión” La primera medida debe ser complementaria a la ley y atacar el principal problema que la norma no puede solucionar: el riesgo macroeconómico. El Gobierno debería presentar un programa plurianual de consolidación fiscal, normalización cambiaria, fortalecimiento de reservas y reducción gradual del déficit. La inversión extranjera necesita previsibilidad sobre impuestos, inflación, tipo de cambio y disponibilidad de divisas. Con RIN de $us. 3.632 millones y apenas $us. 472 millones en divisas, la restricción cambiaria constituye actualmente una preocupación central para cualquier empresa extranjera. La política de inversiones debe coordinarse con la política fiscal y monetaria. El objetivo debería ser reducir progresivamente el riesgo país y crear condiciones para que la IED no solamente entre, sino permanezca y se
2. Establecer contratos de estabilidad jurídica y económica con resultados verificables
El Estado debería ofrecer estabilidad regulatoria a proyectos estratégicos durante períodos determinados, pero condicionada al cumplimiento de compromisos concretos. Por ejemplo: monto mínimo de inversión, número de empleos formales, exportaciones, generación de divisas, compras a proveedores nacionales y transferencia tecnológica. El proyecto ya contempla mecanismos de estabilidad jurídica y contratos de inversión. La reforma debería profundizar este mecanismo mediante un sistema transparente de “beneficio contra desempeño”. Así se evitaría entregar privilegios tributarios sin retorno económico suficiente. El Estado protegería al inversionista y, simultáneamente, protegería el interés fiscal y productivo nacional.
3. Reformar integralmente el sistema regulatorio empresarial
La Ley de Inversiones debería acompañarse de una revisión de las normas tributarias, laborales, aduaneras, comerciales, ambientales y sectoriales que afectan la inversión. No tiene sentido crear una ventanilla única si detrás de ella permanecen decenas de requisitos contradictorios o procedimientos lentos. La propuesta ya contempla simplificación, digitalización y reducción de cargas administrativas. El Gobierno debería establecer además plazos máximos para autorizaciones, silencio administrativo positivo donde corresponda y trámites completamente digitales. La meta debería ser que un proyecto estratégico pueda pasar de la decisión de invertir a su ejecución en meses, no años.
4. Crear una estrategia nacional de promoción internacional de inversiones
Bolivia debe pasar de “esperar inversionistas” a buscarlos activamente. PRO-INVERSIÓN debe contar con inteligencia de mercados, información sectorial, identificación de empresas objetivo y oficinas o representantes en mercados estratégicos. CEPAL muestra que varios países latinoamericanos están utilizando estrategias de posicionamiento internacional, inteligencia estratégica, conexión directa con inversionistas y diversificación de mercados. Bolivia debería identificar al menos 20-30 proyectos estratégicos anuales y salir a buscar empresas capaces de financiarlos. La promoción debe concentrarse en minería con valor agregado, energía, agroindustria, logística, turismo, tecnología, infraestructura y servicios exportables. Esto permitiría transformar las ventajas naturales del país en proyectos concretos de inversión.
5. Garantizar seguridad jurídica, estabilidad social y continuidad operativa
La última reforma debe ser institucional y política: Bolivia necesita demostrar que los contratos se cumplen y que las actividades económicas pueden funcionar incluso durante períodos de tensión política. Los 53 días de bloqueos de 2026 constituyen una señal muy negativa para cualquier inversión productiva que dependa de carreteras y cadenas logísticas. El Gobierno debe fortalecer mecanismos de prevención y solución de conflictos, garantizar el libre tránsito (ley anti bloqueos) y establecer protocolos de continuidad para sectores estratégicos. Al mismo tiempo, debe asegurar independencia y capacidad efectiva de las instituciones encargadas de resolver controversias. La seguridad jurídica no debe ser únicamente una garantía escrita; debe convertirse en una experiencia comprobable para el inversionista.
6. Conclusión general
El Proyecto de Ley de Inversiones constituye, en términos generales, un avance necesario y positivo, porque reconoce que Bolivia necesita pasar de una política defensiva hacia una política activa de promoción y protección de la inversión privada. La creación de una Autoridad Nacional de Inversiones, una Ventanilla Única, mecanismos de estabilidad, incentivos, arbitraje y promoción internacional puede reducir importantes barreras que actualmente enfrentan los inversionistas. Sin embargo, la ley por sí sola no será suficiente para transformar la posición de Bolivia. La evidencia es clara: el país recibió solamente $us. 620 millones de IED en 2025, equivalentes al 0,32% de la IED regional, mientras América Latina y el Caribe recibió $us. 194.233 millones. El verdadero desafío está en convertir las garantías legales en confianza efectiva. Para ello será necesario resolver simultáneamente los problemas fiscal, cambiario, monetario, institucional y social. La escasez de divisas constituye una limitación particularmente importante, porque ningún régimen de inversión puede garantizar repatriación efectiva si el mercado carece de dólares. Bolivia debe entender que compite con todos los países de la región por el mismo capital internacional. Por ello, la nueva ley debe ser el punto de partida de una reforma integral, no el punto final.
Mensaje final
Bolivia necesita entender que atraer inversión extranjera no depende únicamente de aprobar una nueva ley, sino de construir confianza. La Ley de Inversiones es un paso positivo porque puede mejorar la seguridad jurídica, reducir la burocracia y generar incentivos. Sin embargo, debe estar acompañada de estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria, disponibilidad de divisas y reglas claras. Los 53 días de bloqueos demostraron que la estabilidad social también es una condición indispensable para invertir. Bolivia tiene recursos y oportunidades, pero debe convertirlos en proyectos rentables, seguros y sostenibles. El objetivo no debe ser solamente captar más dólares, sino generar empleo, tecnología, exportaciones, divisas y crecimiento económico. En definitiva, Bolivia no necesita solamente inversionistas; necesita recuperar la confianza de los inversionistas.