El alcalde de Tarija y nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia afirmó que, pese a la profunda crisis financiera del país, eliminar municipios no resolvería los problemas económicos y advirtió que las regiones no mineras necesitan acceder a nuevos recursos.
Fuente: El Periódico
La vigencia de los 335 municipios de Bolivia debe ser analizada con responsabilidad y tomando en cuenta la realidad territorial del país, afirmó el alcalde de Tarija y recientemente elegido presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Johnny Torres, durante una entrevista exclusiva concedida al director de Canal 15, Julio Roca Laguna, en el programa El Noticiero de la Gente.
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La pregunta surgió a partir del complejo escenario económico que atraviesa Bolivia, marcado por una profunda crisis financiera, reducción de ingresos públicos y dificultades cada vez mayores para sostener la administración estatal en sus diferentes niveles.
Roca Laguna planteó a Torres si, bajo estas circunstancias, se justifica mantener la estructura actual de 335 gobiernos municipales o si el país debería debatir una eventual reducción de municipios para disminuir el gasto público.
Torres calificó la interrogante como una cuestión “de columna vertebral”, pero inmediatamente planteó una contrapregunta: ¿qué haría Bolivia sin los 335 municipios?
El alcalde tarijeño sostuvo que la discusión no puede limitarse al número de municipios ni al costo administrativo que representan, sino que debe considerar las características geográficas y territoriales del país. Explicó que existen comunidades y poblaciones alejadas donde la presencia municipal constituye prácticamente el primer y, en algunos casos, el único nivel institucional capaz de atender necesidades básicas de la población.
“¿Cómo se atenderían las necesidades de esos lugares?”, fue, en esencia, el planteamiento de Torres, quien defendió la importancia de los gobiernos locales para ejecutar obras, proyectos y servicios en territorios donde la distancia y las condiciones geográficas dificultan la llegada de otras instancias del Estado.
En ese contexto, el nuevo presidente de la FAM-Bolivia recordó que los municipios cuentan actualmente con tres fuentes principales de ingresos: los recursos propios, provenientes fundamentalmente de impuestos a inmuebles y vehículos; la coparticipación tributaria; y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sin embargo, señaló que esta última fuente de financiamiento ha perdido considerablemente su importancia debido a la caída de la producción de hidrocarburos en Bolivia, situación que repercute directamente en las finanzas de municipios, gobernaciones y universidades públicas.
Ante esta realidad, Torres planteó la necesidad de construir nuevos mecanismos de distribución de los recursos generados por la explotación de los recursos naturales.
Su propuesta apunta particularmente a establecer una especie de “regalía a la inversa”, considerando que mientras los ingresos provenientes de los hidrocarburos se encuentran en descenso, las regalías generadas por la actividad minera tienen una tendencia creciente.
La idea, explicó, consiste en establecer un mecanismo mediante el cual parte de los recursos provenientes de la minería pueda beneficiar también a las regiones que no son productoras de minerales.
Torres recordó que un criterio similar fue aplicado en su momento con el IDH, cuando los ingresos provenientes de los hidrocarburos fueron distribuidos no solamente entre los departamentos productores, sino también entre gobernaciones, municipios y universidades de regiones que no tenían producción hidrocarburífera.
A su juicio, aquella distribución permitió generar condiciones de mayor equidad territorial y aportó recursos importantes para el desarrollo de instituciones y regiones que no contaban con ingresos directos provenientes de la explotación de hidrocarburos.
La propuesta abre así un nuevo debate sobre el pacto fiscal y la distribución de los recursos naturales en Bolivia, en momentos en que municipios y gobiernos subnacionales enfrentan una creciente presión financiera.
Para Torres, antes que discutir simplemente la desaparición o reducción de municipios, el país debe encontrar nuevas fuentes de financiamiento que permitan garantizar la prestación de servicios y la ejecución de obras en todo el territorio nacional.
