“Como Procuraduría tenemos que estar presentes, primero, para que todo el proceso este, que por ser de delitos de lesa humanidad, no importa en su tratamiento el tiempo que haya transcurrido, pueda realizarse, efectivizarse, investigarse y, fundamentalmente, determinar qué personas son las que tienen culpa y cuál es la sanción que se les debe dar para posteriormente repetir sobre ellos las implicancias económicas que tenga este proceso”, señala el Procurador.
El procurador general del Estado, Hugo César León. Foto: Archivo
Por eju.tv / La Paz / Video: Radio Fides
El procurador general del Estado, Hugo César León, afirmó este miércoles que en 2009 se cometieron ejecuciones sumarias en el Hotel Las Américas y que las personas que fueron víctimas de los hechos exigen montos económicos “realmente elevados” como indemnización.
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El proceso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en septiembre se realizará una última sesión donde la Procuraduría buscará un acuerdo con los denunciantes para que el caso no pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Este tema no fue terrorismo, fue una ejecución sumaria y obviamente una persecución indebida que se hizo de mucha gente con encarcelamiento y torturas de por medio”, dijo León en declaraciones a la prensa en Sucre, capital del Estado.
Los hechos se remontan a 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz terminó con la muerte de los extranjeros Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, además de la detención de otras personas.
En ese entonces, el gobierno del presidente Evo Morales afirmó que el operativo desarticuló una presunta célula terrorista separatista, dando origen al denominado caso Terrorismo.
Sin embargo, con el paso de los años, los procesados y diversas investigaciones impulsadas en instancias internacionales cuestionaron esa versión oficial y denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y actos de tortura.
Por los hechos, varias víctimas, además de la familia del irlandés Michael Dwyer, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de una indemnización por la violación de los derechos humanos.
Juan Carlos Guedes, uno de los procesados por el caso Terrorismo, informó que la primera semana de septiembre se realizará la última audiencia en la CIDH para evaluar el cumplimiento del Estado boliviano con las víctimas, entre ellas el pago de la indominación.
Si no hay un acuerdo, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
León afirmó que la Procuraduría defenderá “los intereses del Estado”, pero advirtió que las denunciantes están “pidiendo montos económicos realmente elevados”.
“Como Procuraduría tenemos que estar presentes, primero, para que todo el proceso este, que por ser de delitos de lesa humanidad, no importa en su tratamiento el tiempo que haya transcurrido, pueda realizarse, efectivizarse, investigarse y, fundamentalmente, determinar qué personas son las que tienen culpa y cuál es la sanción que se les debe dar para posteriormente repetir sobre ellos las implicancias económicas que tenga este proceso”, dijo.
En el país, los otrora sindicados en el caso Terrorismo presentaron una denuncia ante la Fiscalía en Santa Cruz por la comisión de más de 20 delitos contra 153 personas, entre ellas, exautoridades de la gestión de Morales, por la intervención que se realizó en el Hotel Las Américas.