Johnny Nogales Viruez
El discurso presidencial del 6 de agosto tuvo el evidente mérito de intentar dirigir la mirada hacia adelante.
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Rodrigo Paz habló de una nueva etapa, de recuperación de la confianza, de reformas estructurales, de descentralización y de una Bolivia encaminada hacia su Tricentenario.
Hay también resultados que deben reconocerse. La caída del riesgo país es significativa. La recuperación de relaciones internacionales era necesaria. La apertura a la inversión privada, las futuras leyes de Hidrocarburos y Minería y el acuerdo 50-50 con las regiones pueden constituir pasos relevantes si llegan a concretarse.
El problema no está tanto en los anuncios. Está en explicar cómo se pretende concretarlos.
Después de nueve meses de gobierno, todavía resulta difícil comprender cómo se articulan las decisiones anunciadas dentro de una estrategia suficientemente clara.
Si se dice que Bolivia recuperó la confianza, pero el ciudadano no tiene provisión segura de combustible, los alimentos son cada vez más caros, tiene dificultades para conseguir dólares, no puede acceder al crédito o duda antes de invertir, la sensación es que el discurso va, por un lado, y la realidad por otro.
La confianza no es solamente la caída del riesgo país. También es saber que habrá combustible, que el dinero conservará razonablemente su valor, que una empresa podrá financiarse y que quien invierte no quedará indefenso frente a una justicia imprevisible.
Por eso conviene distinguir entre crear mejores condiciones e iniciar realmente una recuperación.
Preocupa también la forma en que se está procurando estabilizar la economía.
Si parte de la presión sobre el dólar y la inflación se contiene retirando moneda boliviana del mercado, aumentando el encaje bancario y absorbiendo liquidez mediante operaciones del Banco Central, puede ayudar en el corto plazo, pero tiene un costo.
Menos liquidez significa menos crédito. Y menos crédito puede significar menor inversión, menores ventas y menos empleo.
Una economía no supera estructuralmente la escasez de dólares simplemente reduciendo la cantidad de bolivianos disponibles para comprarlos. La solución duradera exige aumentar la producción y las exportaciones, atraer inversión y generar divisas.
Necesitamos conocer no sólo cómo se está estabilizando la economía, sino cómo piensa el Gobierno salir de la contracción.
Algo semejante ocurre con el denominado Plan Bolivia. Sabemos que existe. Lo que todavía no conocemos con suficiente claridad es su arquitectura.
¿Cómo se relaciona el 50-50 con la reducción del déficit? ¿Qué ocurrirá con los subsidios y las empresas estatales deficitarias? ¿Cómo se compatibiliza la restricción del crédito con la necesidad de reactivar la inversión? ¿De dónde saldrán los recursos para las nuevas responsabilidades de gobernaciones y municipios?
Un plan exige prioridades, recursos y metas, pero, sobre todo, una secuencia comprensible y creíble.
El Presidente propuso además abandonar los arreglos entre “jefazos” y reemplazarlos por acuerdos entre instituciones.
Suena saludable sustituir pactos prebendales por consensos programáticos, pero los partidos también son instituciones democráticas. Las leyes anunciadas necesitarán votos de diputados y senadores que pertenecen a fuerzas políticas.
La prueba de esa nueva gobernabilidad llegará pronto. Habrá que observar si las mayorías se construyen mediante acuerdos públicos sobre políticas de Estado o mediante adhesiones individuales alrededor del poder.
Quedó también sin mención una de las promesas más significativas de la campaña: eliminar la reelección presidencial.
Cumplir ese compromiso requiere una reforma constitucional y el Presidente tampoco explicó cómo piensa encararla.
La omisión importa porque varias de las transformaciones anunciadas pueden tropezar con el propio diseño constitucional. Si se pretende profundizar las autonomías, redistribuir recursos y competencias, desmontar realmente el denominado “Estado Tranca” y limitar el excesivo presidencialismo, habrá que determinar qué puede hacerse mediante leyes y qué exige modificar la Carta Magna.
Y una reforma constitucional de esa magnitud difícilmente podrá realizarse sin grandes acuerdos políticos. Aparece nuevamente la contradicción entre la transformación institucional propuesta y la resistencia presidencial a reconocer como interlocutores a los liderazgos de las fuerzas representadas en la Asamblea.
Hubiera sido conveniente, asimismo, una autocrítica más precisa. Nadie sensato puede negar la magnitud del deterioro acumulado durante veinte años. Pero el calendario también comienza a importar.
La herencia explica el punto de partida, pero cada mes aumenta la obligación de explicar el recorrido propio.
Hoy existen problemas surgidos durante este Gobierno que no han sido resueltos. Casos que esperan esclarecimiento, cuestionamientos sobre combustibles, episodios vinculados al oro y las maletas, asesinatos cada vez más frecuentes y una presencia del crimen organizado que preocupa seriamente.
Paz habló de importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Deben reconocerse. Pero decomisar drogas y expulsar delincuentes no agota el problema.
La sociedad necesita saber si el Estado está recuperando capacidad para ejercer soberanía frente a esas organizaciones. Si puede investigar, identificar a quienes dirigen las redes, someterlos a la ley y garantizar la seguridad colectiva.
Finalmente, Paz mira hacia el Tricentenario. Está bien que un Presidente piense en el futuro. Pero a un horizonte de cien años se llega acumulando buenos gobiernos, instituciones duraderas y planes capaces de cumplirse durante cada mandato.
Bolivia no necesita volver a nacer cada vez que cambia de Presidente. Necesita avanzar.
Después de nueve meses, Rodrigo Paz ha mostrado con bastante claridad el país al que quisiera llegar. Ahora necesita explicar, con la misma claridad, cómo pretende llegar hasta allí.
Porque el tiempo de relatar lo recibido comienza a agotarse.
Empieza el tiempo de responder por lo realizado.