El viceministro de Lucha Contra el Contrabando informó que 260 motorizados fueron comisados durante el primer semestre y otros 19 fueron incautados o comisados en lo que va del segundo. El Gobierno prepara, además, el despliegue del CEO-LCC en el oriente del país.
Vehículos comisados en un operativo pasado. Foto: Bolivia.com
Los operativos de lucha contra el contrabando permitieron comisar o incautar 279 vehículos vinculados con esta actividad ilícita en lo que va de 2026, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, coronel José Maurice Castro Pautrat, quien señaló que los procedimientos generaron una afectación económica superior a Bs 62 millones.
Del total registrado, 260 vehículos fueron comisados durante el primer semestre, mientras que en lo que va del segundo semestre se reportaron 13 vehículos incautados y seis comisados, de acuerdo con los registros del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC).
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Castro explicó que el sistema de registro implementado por el Viceministerio permite cuantificar y verificar los resultados de los operativos ejecutados contra las redes dedicadas al ingreso y traslado ilegal de mercadería.
A los resultados acumulados se suma la incineración de 70 vehículos durante el primer semestre, como parte de los procedimientos aplicados a motorizados vinculados con actividades de contrabando.
El viceministro advirtió que las organizaciones dedicadas al contrabando buscan aprovechar las condiciones económicas de algunas comunidades fronterizas para facilitar el traslado de mercadería y evadir los controles desplegados por las fuerzas de seguridad.
Según Castro, los contrabandistas recurren en algunos sectores a pobladores para facilitar pasos, brindar cobertura y dificultar las tareas de control. “Muchas veces la población, por la necesidad y la oportunidad inmediata, es proclive a este tipo de conducta y esto genera que se dificulte la actividad de control”, señaló.
Efectivos del CEO-LCC. Foto: VLCC
La autoridad sostuvo que, además del trabajo operativo del CEO-LCC, es necesaria la participación de la población para impedir que las redes de contrabando utilicen las zonas fronterizas como corredores para sus actividades.
El despliegue representa un desafío particular debido a la extensión territorial de las áreas limítrofes. Castro señaló que casi una cuarta parte del territorio nacional corresponde a zonas fronterizas, por lo que el control requiere presencia permanente y una planificación diferenciada.
Mientras las fuerzas de control mantienen una presencia operativa principalmente en el occidente del país, el Gobierno trabaja en la planificación para extender el despliegue del CEO-LCC hacia el sector oriental.
El objetivo es ampliar la cobertura de los comandos estratégicos y fortalecer el control permanente en otras zonas fronterizas del país.
La expansión busca evitar que las redes dedicadas al contrabando desplacen sus operaciones hacia regiones con menor presencia de las fuerzas de control y permitir una cobertura más amplia de las fronteras nacionales.
Con los resultados acumulados hasta agosto, el Viceministerio sostiene que la estrategia combina operativos, comiso e incautación de vehículos, seguimiento de la afectación económica y ampliación territorial del dispositivo de control.