La propuesta del legislador contempla cambios en 30 artículos constitucionales y requiere una mayoría de dos tercios en la ALP. La discusión se produce 17 años después de la promulgación de la Constitución de 2009.
eju.tv / Video: Cadena A
El diputado Carlos Alarcón presentó en las papsadas horas un proyecto de ley que plantea una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), con el objetivo de modificar disposiciones relacionadas con el modelo económico y el sistema de justicia.
«Plantea reformas muy específicas a través, como dice la Constitución, de una ley de la Asamblea, aprobada por dos tercios de votos, que desmantele todos estos candados del modelo económico hiper-estatista y sobre-ideologizado del MAS, que nunca deberían haber estado en una Constitución y que ahora son los candados que están destruyendo el futuro del país», sostuvo el parlamentario.
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La propuesta surge luego de que el legislador advirtió que las leyes económicas anunciadas por el Gobierno no permitirán generar cambios estructurales mientras se mantengan vigentes disposiciones constitucionales que, en su criterio, constituyen «candados» para la inversión privada y extranjera.
Alarcón plantea que sean 30 artículos de la Constitución los que dejen de tener rango constitucional y pasen a adquirir rango de ley especial, cuya modificación requeriría una mayoría calificada. Mencionó que la reforma busca desmontar disposiciones que, según su interpretación, forman parte de un modelo económico «hiper-estatista y sobre-ideologizado» impulsado durante el gobierno del MAS.
«Son 30 artículos de la Constitución que dejan de tener rango constitucional y adquieren rango de ley especial, con una mayoría calificada para modificarlos. Estos artículos tienen que ver con todos estos candados que nos impiden atraer las grandes inversiones que necesita el país», manifestó.
Entre los principales aspectos que propone modificar está la prohibición de los arbitrajes internacionales, además de las condiciones bajo las cuales se otorgan derechos y contratos a los inversionistas.
El diputado cuestionó que los contratos puedan quedar sin efecto ante determinadas infracciones normativas y consideró que esta situación genera inseguridad jurídica para quienes pretenden invertir en Bolivia.
Otro de los puntos observados está relacionado con las atribuciones del Estado frente a los denominados socios estratégicos. Alarcón afirmó que las actuales disposiciones pueden colocar al inversionista privado en una posición subordinada frente a las empresas estatales, reduciendo su capacidad de decisión durante la ejecución de los proyectos.
El proyecto incluye modificaciones vinculadas al sistema de justicia. Entre ellas, Alarcón mencionó la eliminación de las elecciones judiciales mediante voto popular, como parte de la reforma que pretende modificar las actuales disposiciones constitucionales.
La iniciativa deberá ser analizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y, al tratarse de una reforma parcial de la Constitución, requiere cumplir el procedimiento y el voto mayoritario de dos tercios. La discusión se produce 17 años después de la promulgación de la Constitución de 2009, aprobada durante el gobierno del MAS, en un contexto en el que el Ejecutivo impulsa nuevas leyes económicas y plantea una política de redistribución de recursos y responsabilidades bajo el esquema denominado 50/50.
