La propuesta, denominada «Reforma Constitucional para Salvar Bolivia», plantea cinco grandes componentes: apertura económica, reforma de la justicia, reducción de la corrupción mediante el fortalecimiento de la Asamblea Legislativa, profundización de la autonomía y transformación digital del Estado.
eju.tv / Video: Prensa Libre
El expresidente y líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, presentó este lunes una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), que contiene cinco ejes y que plantea cambios en el modelo económico, el sistema de justicia, el control parlamentario, el régimen autonómico y la transformación digital del Estado.
«Justificación de la Reforma de la Constitución Política del Estado para la Superación de la Crisis Sistemática y la Recuperación Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Si no cambiamos Bolivia, va a colapsar la economía nacional y el cambio necesita la reforma a la Constitución», afirmó Quiroga, durante su explicación en la conferencia de prensa, en la que defendió la necesidad de modificar la Carta Magna para enfrentar la crisis económica e institucional del país.
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La propuesta, denominada «Reforma Constitucional para Salvar Bolivia», plantea cinco grandes componentes: apertura económica, reforma de la justicia, reducción de la corrupción mediante el fortalecimiento de la Asamblea Legislativa, profundización de la autonomía y transformación digital del Estado.
El documento, mostrado por Libre sostiene que la reforma busca superar la crisis institucional y recuperar la capacidad del Estado para responder a los problemas económicos, judiciales y administrativos. Entre sus objetivos señala la recuperación de los contrapesos institucionales, la reorganización de la economía, una mayor seguridad jurídica para actores privados e inversores y la profundización de la autonomía regional.
El primer eje propone modificar la estructura y organización económica del Estado para incorporar el principio de seguridad jurídica y ampliar la participación privada y extranjera en sectores estratégicos.
Entre las modificaciones planteadas se encuentran cambios a los artículos 306, 309 y 320 de la CPE, con el objetivo de establecer igualdad de condiciones para la inversión nacional y extranjera, además de mecanismos de protección y, bajo determinadas condiciones, arbitraje internacional.
También plantea permitir que empresas privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, participen en la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de recursos naturales estratégicos. En hidrocarburos, propone modificar varios artículos para ampliar la participación de empresas privadas y extranjeras, además de flexibilizar las restricciones actuales a la inversión.
El segundo componente plantea una reestructuración del sistema judicial, bajo el argumento de que la mora procesal, la carga de causas y las deficiencias institucionales afectan la independencia y eficiencia de la justicia.
El documento propone sustituir el actual mecanismo de elección de magistrados por un sistema de designación mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, con dos tercios de votos de sus miembros presentes y bajo criterios de meritocracia, experiencia y ética.
Además, plantea la supresión del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, cuyas funciones serían asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia mediante estructuras especializadas.
El tercer eje busca reducir la corrupción mediante un mayor protagonismo de la Asamblea Legislativa. La propuesta plantea que el Legislativo tenga atribuciones para designar, por dos tercios, a autoridades como el Contralor General, Procurador General, Fiscal General, Defensor del Pueblo y al presidente y directorio del Banco Central de Bolivia.
También plantea ampliar las facultades de fiscalización, investigación e interpelación del Parlamento sobre autoridades de los órganos Ejecutivo, Electoral y Judicial, además de entidades autárquicas, descentralizadas y de capital mixto.
Aunque Quiroga sostuvo en su declaración que la propuesta no pretende establecer un sistema parlamentario y que se mantendría el presidencialismo, el documento plantea una “reingeniería constitucional” orientada a atenuar el presidencialismo y otorgar mayores atribuciones a la Asamblea Legislativa.
El cuarto componente plantea profundizar el régimen autonómico y revisar la distribución de competencias entre el nivel central y las regiones.
El documento señala que los nueve gobernadores, elegidos por voto directo, deberían participar en la definición del alcance de las autonomías y plantea que sean las propias regiones las que establezcan qué competencias requieren en áreas como salud, educación y seguridad ciudadana.
La propuesta también recoge el debate sobre el esquema 50/50, referido a la redistribución de recursos y competencias entre el nivel central y las regiones, especialmente para atender áreas como salud, educación e infraestructura.
El quinto eje plantea incorporar la transformación digital como parte de la estructura del Estado. La propuesta incluye disposiciones sobre administración pública digital, interoperabilidad, infraestructura pública digital, gobernanza de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.
Entre las medidas planteadas está que los servicios, procedimientos, documentos y actuaciones de la administración pública puedan realizarse mediante medios digitales con plena validez jurídica, además de promover el uso responsable de datos y de sistemas de inteligencia artificial bajo principios de transparencia, seguridad, protección de datos y supervisión humana.
La iniciativa abre el debate político y constitucional sobre el modelo económico, la estructura institucional y el régimen autonómico vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009, en un contexto marcado por la crisis económica y por las propuestas de redistribución de recursos y competencias entre el Gobierno central y las regiones.
