Acuerdo. Las conclusiones contemplan la creación del Observatorio Cruceño de Seguridad Ciudadana, una estrategia integral contra el crimen organizado.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz concluyó su sesión con una agenda de 16 medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el departamento, entre ellas el incremento y redistribución de efectivos policiales, el fortalecimiento del patrullaje y la optimización de los recursos destinados a esta competencia.
Las conclusiones fueron presentadas por la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien destacó la necesidad de una acción coordinada entre los diferentes niveles de Estado para responder a la expansión urbana, el crecimiento demográfico y las nuevas dinámicas delictivas que enfrenta el departamento.
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Entre las principales determinaciones se encuentra la gestión ante el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía para incrementar y redistribuir los efectivos policiales de manera equitativa, de acuerdo con las necesidades de cada provincia y los niveles de criminalidad registrados.
Asimismo, se plantó fortalecer el patrullaje preventivo e intensivo en los municipio y zonas identificadas en los mapas de calor criminal, además de reactivar y optimizar las Estaciones Policiales Integrales (EPI) y módulos policiales, garantizando combustible, mantenimiento del parque automotor y soporte tecnológico.
Otro de los puntos centrales es la ejecución de una estrategia integral de seguridad fronteriza contra el crimen organizado, mediante una mayor articulación con el nivel central del Estado para fortalecer el control territorial, las rutas de acceso y los pasos fronterizos del departamento.
El Consejo también resolvió impulsar la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Cruceño de Seguridad Ciudadana, sobre la base del Instituto Cruceño de Estadística de la Gobernación, como una instancia técnica destinada a georreferenciar el delito, monitorear indicadores de violencia y generar información que permita diseñar políticas públicas preventivas y tomar decisiones basadas en evidencia.
En materia de recursos, las conclusiones establecen la priorización de la inversión proveniente del IDH en infraestructura operativa, renovación del parque vehicular y tecnología para seguridad ciudadana, evitando que estos recursos sean destinados principalmente a gastos recurrentes.
La resolución también plantea impulsar la modificación de la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mediante mesas técnicas que permitan actualizar el marco competencial y otorgar mayor capacidad de decisión técnica, financiera y operativa a las entidades territoriales para atender las particularidades de cada región.
En ese marco, el Consejo determinó solicitar al nivel central del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional avanzar hacia un nuevo pacto fiscal bajo el esquema de distribución 50/50, con una asignación equitativa de los recursos públicos entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las competencias de seguridad ciudadana ante la reducción de los recursos del IDH.
Las conclusiones incluyen además medidas para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, combatir el lavado de activos y las empresas fachada, mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en la lucha contra el crimen organizado, así como fortalecer la prevención del delito mediante acciones en educación, salud, empleo e infraestructura en poblaciones con presencia activa criminal.
Finalmente, se determinó formular e implementar el Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, con participación de las subgobernaciones y municipios, estableciendo mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de las acciones y compromisos asumidos por las instituciones que forman parte del Consejo.