La movilización en San Julián desafió el Estado de Excepción, una medida que el Gobierno implementó para garantizar el orden público y la seguridad, pero que no logró contener el descontento social.
eju.tv / Video: Radio Fides
A pesar de que el Estado de Excepción sigue vigente en el país, hoy (19) el municipio de San Julián, en Santa Cruz, fue escenario de una marcha y un cabildo convocados por productores y comunarios para expresar su rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo precio del diésel. La movilización, que se desarrolló de manera pacífica, desbordó el marco legal del Estado de Excepción y puso en evidencia el creciente malestar en el sector productivo del departamento debido a la limitación en el abastecimiento del carburante a 120 litros mensuales.
«Nuevamente el Gobierno nos obliga a salir a las calles, a mostrar nuestro repudio demostrando una marcha pacífica con el nuevo decreto que nos está imponiendo el diéselazo. Nos está subiendo el precio del diésel y nos está limitando a que solamente podamos agarrar 120 litros de diésel al mes», declaró uno de los pobladores que encabezó la movilización, al explicar las razones de la protesta.
El dirigente agregó que la molestia es compartida por las comunidades, centrales y asociaciones productoras de la región, que se organizaron para realizar esta «marcha de protesta urgente» contra una medida que consideran lesiva para sus actividades económicas.
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Los manifestantes advirtieron que el nuevo precio del diésel encarecerá los costos de producción y que la restricción de litros por mes afectará gravemente el transporte y la logística en una zona fundamentalmente agrícola y ganadera.
La movilización en San Julián desafió el Estado de Excepción, una medida que el Gobierno implementó para garantizar el orden público y la seguridad, pero que no logró contener el descontento social.
Los productores de la región exigen al Ejecutivo que reconsidere el Decreto Supremo 5676 y que garantice el abastecimiento de diésel a precios accesibles, para evitar que la agricultura siga siendo el principal afectado por una política energética que, según los manifestantes, no toma en cuenta las necesidades reales del sector productivo.