La afirmación corresponde al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), citado por la Defensoría del Pueblo.
Aproximadamente, el 60% de las mujeres privadas de libertad está vinculado a procesos por la Ley 1008, principalmente tráfico, suministro y transporte de sustancias, por encima de otros ilícitos como el robo y la violencia.
La afirmación corresponde al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), citado por la Defensoría del Pueblo.
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De acuerdo con un boletín institucional, del total de mujeres procesadas por delitos vinculados a sustancias controladas, el 56% corresponde a tráfico, el 27,3% a suministro y el 15,1% a transporte.
En muchos casos, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos y vulnerables de las estructuras del narcotráfico, como transportistas o “mulas”, y enfrentan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años.
La Defensoría del Pueblo señaló que organismos internacionales advirtieron que el Estado ha omitido esfuerzos para integrar la perspectiva de género en las políticas criminales y de reinserción, las cuales suelen limitarse a reforzar roles domésticos tradicionales (costura, cocina) en lugar de brindar una formación profesional competitiva.
Otra preocupación está relacionada con los niños que permanecen junto a sus madres privadas de libertad. A finales de 2025, se reportaron aproximadamente 190 niños que vivían en centros penitenciarios del país.
El MNP verificó también que los penales con población femenina no cuentan con alimentación diferenciada ni con un “prediario” destinado a los niños.
Esta responsabilidad tampoco es asumida de manera efectiva por las gobernaciones ni por la administración penitenciaria, por lo que son las propias madres quienes deben garantizar su alimentación y vestimenta.