Ahora, la Sala Constitucional Tercera de El Alto debe pronunciarse sobre los argumentos planteados por el exministro y determinar si corresponde mantener o dejar sin efecto la resolución legislativa cuestionada.
La audiencia del amparo constitucional presentado por el exministro de Economía José Gabriel Espinoza contra la censura aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se instaló este lunes pasada las 16.00 horas en el Juzgado Tercero de la ciudad de El Alto. Hasta la audiencia se dirigió el vicepresidente Edmand Lara.
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La audiencia se desarrolla de manera presencial y virtual ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto, que deberá resolver el recurso presentado por Espinoza contra la resolución legislativa que determinó su censura y posterior salida del cargo.
El exministro cuestiona la votación realizada por la ALP el pasado 18 de agosto, cuando fue censurado con 91 votos tras su inasistencia a una interpelación sobre política macroeconómica. Espinoza sostiene que, para aprobar una censura, la Constitución exige dos tercios del total de los 166 legisladores, es decir, 111 votos, y no únicamente de los asambleístas presentes en la sesión.
Bajo ese argumento, la exautoridad considera que los 91 votos obtenidos en la sesión legislativa fueron insuficientes y solicita que la resolución de censura sea dejada sin efecto mediante la vía constitucional. La audiencia debe definir si la resolución legislativa que dispuso la censura de Espinoza mantiene su vigencia o puede ser anulada.
En paralelo al proceso constitucional, el presidente Rodrigo Paz emitió el viernes 21 de agosto el Decreto Presidencial 5678, mediante el cual dejó sin efecto la designación de Espinoza como ministro de Economía y Finanzas Públicas y nombró de manera interina a Óscar Mario Justiniano.
La censura de Espinoza se produjo después de su inasistencia a una interpelación en la ALP, donde debía responder sobre la política macroeconómica del Gobierno.
Ahora, la Sala Constitucional Tercera de El Alto debe pronunciarse sobre los argumentos planteados por el exministro y determinar si corresponde mantener o dejar sin efecto la resolución legislativa cuestionada.