Autoridades del Gobierno llegaron ayer hasta la zona para dialogar con los sectores y se comprometieron a presentar sus observaciones al mandatario.
Los pobladores de Yapacaní aguardan la respuesta del Gobierno respecto a las modificaciones que piden al Decreto Supremo 5676 que define el precio referencial del diésel en 18 bolivianos y reconocen que el carburante es desviado en mayor medida a la minería ilegal.
«Le pedimos al Gobierno que dé un paso atrás con esta medida, no es sólo Yapacaní, también la CAO, Cainco y municipios productores de todo Santa Cruz están en contra de esta ley, se tiene que hacer un mejor estudio, sabemos que hay desvío de diésel para la minería ilegal, hay cosas que se deben corregir en la normativa», indicó el alcalde de Yapacaní, Juan Ramos Alanis.
Ese municipio del departamento de Santa Cruz se movilizó ayer (martes 25) por la escasez del diésel y su incremento para los grandes consumidores. Autoridades del Gobierno llegaron hasta la zona para dialogar con los sectores y se comprometieron a presentar sus observaciones al mandatario.
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Ramos sostuvo que no pueden recibir sólo 120 litros de diésel a 9,80, ya que el sector productivo de Yapacaní necesita 300.000 litros por semana, un volumen que todavía no llega a las estaciones de servicio.
«A pesar de que estamos en estado de excepción, la necesidad del sector productivo es para el día, por eso pedimos al Gobierno subsanar este problema y garantice el diésel a precio justo», indicó la autoridad edil.