Con este escenario, Santa Cruz se prepara para un fin de semana clave, en el que la respuesta del Ejecutivo definirá si se abre una vía de diálogo o si la región se moviliza en una nueva escalada de protestas, con la Asamblea de la Cruceñidad como el principal termómetro del descontento social.
eju.tv / Video: Radio Fides
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó hoy (27) un ultimátum al Gobierno nacional. Tiene hasta el domingo para abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija el precio del diésel en Bs 18 por litro para grandes consumidores (GRACOS). De no cumplirse el plazo, el lunes el directorio del Comité tratará el pedido de los sectores agropecuarios para convocar a la Asamblea de la Cruceñidad, instancia que definirá las medidas de presión que se tomarán en la región, en medio de una creciente tensión social por el encarecimiento del combustible.
«Este Magno Congreso ha sido claro, el único tema a tratar era la abrogación del decreto y se le ha dado plazo hasta el día domingo. En caso de que hasta el día domingo no se abrogue este decreto, el día lunes en directorio lo trataremos en el Comité Pro Santa Cruz, el pedido de este sector agropecuario, para que se trate la Asamblea de la Cruceñidad. El gobierno tiene en sus manos hoy la posibilidad de que todo vuelva medianamente a la normalidad, que deje trabajar a los sectores, que con la abrogación de este decreto se normalicen las cosas. Caso contrario, el gobierno será responsable de lo que se pueda decir en esta Asamblea», enfatizó el líder cívico ante los medios.
El decreto 5676, que entró en vigencia en agosto, establece un precio diferenciado de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, mientras que transportistas y particulares mantienen una tarifa de Bs 9.80. La medida ha generado un fuerte rechazo en sectores productivos del oriente boliviano, que advierten sobre el impacto en los costos de producción y el riesgo de trasladar el incremento a los precios finales de alimentos y bienes esenciales.
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Cochamanidis explicó que, si se llega a la Asamblea de la Cruceñidad, serán los sectores y asambleístas quienes determinen las acciones a seguir, y el Comité Cívico solo acatará lo que decida esa instancia.
«Si llegamos a la Asamblea, es como el día de hoy, son los sectores, son los asambleístas que deciden qué se hace y, a nosotros solo nos queda acatar la decisión que tome la Asamblea de la Cruceñidad», señaló, al dejar abierta la posibilidad de que se adopten medidas radicales si el Gobierno no revoca la norma.
Consultado sobre si el Gobierno tiene la capacidad de dirigir el país, Cochamanidis fue contundente: «Este gobierno tiene hoy en sus manos la decisión de que se abrogue o no el decreto». Con este escenario, Santa Cruz se prepara para un fin de semana clave, en el que la respuesta del Ejecutivo definirá si se abre una vía de diálogo o si la región se moviliza en una nueva escalada de protestas, con la Asamblea de la Cruceñidad como el principal termómetro del descontento social.