El vocal del TSE explicó que el debate legislativo no tiene un plazo máximo ni mínimo. Una vez aprobada la propuesta, el Órgano Electoral tendría entre 100 y 150 días para organizar la consulta ciudadana.
eju.tv / Video: El Popular Bolivia
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, señaló este viernes que una eventual reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) impulsada desde la Asamblea Legislativa no tiene un plazo mínimo ni máximo para su tratamiento, debido a que el tiempo dependerá del debate parlamentario.
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Explicó que, una vez aprobada la propuesta de reforma constitucional, esta debe pasar por el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que tiene alrededor de 45 días para emitir una respuesta. Posteriormente, el proyecto pasaría al Órgano Electoral para la organización del referéndum.
«Tengamos en cuenta lo siguiente: las propuestas de reforma constitucional que nacen en el Legislativo, primero, no tienen un tiempo mínimo o máximo y, por lo tanto, están sujetas al tiempo de debate. Pero, una vez que se aprueba ese proyecto de ley de reforma constitucional, con la pregunta del referéndum que se hace a los bolivianos y bolivianas, si se acepta o no esa propuesta, esta pasa por el control del Tribunal Constitucional», detalló el vocal del TSE.
Prosiguió e indicó que el Tribunal Constitucional tiene más o menos 45 días para poder dar una respuesta y luego pasa al Órgano Electoral. El Órgano Electoral tiene, en principio, 150 días para poder llevar a cabo ese proceso. Sin embargo, detalló, puede acortarse porque la modalidad del referéndum para la aprobación de la reforma constitucional tiene algunas peculiaridades que hacen que pueda acortarse el tiempo.
El vocal también se refirió a la posibilidad de que la consulta incluya una o varias preguntas. En ese sentido, consideró conveniente que el referéndum contemple una o, como máximo, dos preguntas, con el objetivo de facilitar que la población conozca las propuestas y pueda asumir una posición clara.
«La experiencia que hemos tenido en Bolivia es la de hacer una pregunta, máximo dos, para que la población pueda estar informada y dar una posición clara sobre si acepta o no la reforma que se les está planteando», sostuvo.
Consultado sobre la viabilidad de una reforma constitucional en la actual coyuntura, Goitia aclaró que se trata de una opinión personal y no de una posición institucional del Tribunal Electoral, pero consideró que la modificación de la CPE es «importante, urgente y necesaria» para afrontar la crisis que atraviesa el país.
A mediados de este mes, el diputado Carlos Alarcón presentó un proyecto de ley de reforma parcial de la CPE, que plantea modificar disposiciones vinculadas con el modelo económico y el sistema de justicia.
La propuesta plantea que 30 artículos de la Constitución dejen de tener rango constitucional y pasen a adquirir rango de ley especial, cuya modificación requeriría una mayoría calificada. Según Alarcón, la iniciativa busca modificar disposiciones que, a su criterio, forman parte de un modelo económico «hiperestatista y sobreideologizado» impulsado durante los gobiernos del MAS.
El debate sobre una eventual modificación de la CPE se produce 17 años después de la promulgación de la Constitución de 2009, en un escenario en el que el Gobierno impulsa cambios en materia económica y plantea una redistribución de recursos y responsabilidades bajo el esquema denominado 50/50.
