San Ignacio de Velasco, con más de 80 mil habitantes según el último censo, se encuentra en estado de máxima vulnerabilidad.
En menos de 24 horas, el fuego ha golpeado hoy en dos puntos distintos de San Ignacio de Velasco, el Cañón del Riabé y el barrio Pueblo Nuevo, generando alarma entre los vecinos y movilizando a los cuerpos de socorro en plena temporada crítica de incendios.
Las imágenes recabadas en el lugar muestran llamas que superan los árboles, un muro de fuego que avanza sobre la vegetación seca, con humo denso que oscurece el atardecer y se extiende por kilómetros. Vecinos reportan que el fuego se inició en zonas de pastoreo y maleza, y por la velocidad del viento se propagó rápidamente hacia las viviendas, obligando a muchas familias a salir con lo indispensable.
«Las llamas estaban tan altas que iluminaban toda la cuadra. El calor se sentía a dos cuadras de distancia. Nadie duerme tranquilo esta noche.» — Vecina del barrio La Española.
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¿Qué dicen las autoridades?
José Miguel Dorado, responsable de la Unidad de Medio Ambiente, había advertido días atrás que «desde mañana se hará cumplir la ley» contra quienes inicien fuego, acumulen desechos como verdaderas bombas de tiempo. Los hechos de estas últimas horas confirman que la amenaza es real y ya está sobre la población.
San Ignacio de Velasco, con más de 80 mil habitantes según el último censo, se encuentra en estado de máxima vulnerabilidad. La combinación de sequía, vientos fuertes y focos de fuego intencionales o negligentes está poniendo en riesgo los hogares de cientos de familias. Se pide a la población no encender fuego en ningún caso, reportar cualquier columna de humo de inmediato y colaborar con las autoridades en la limpieza de terrenos baldíos.
«El fuego no respeta barrios. Si no lo detenemos entre todos, mañana puede ser nuestro hogar», recomendó Dorado.
Los pobladores no callan: falta equipo, falta agua y faltan herramientas suficientes para atender múltiples focos al mismo tiempo en el área urbana. Se ha avanzado más que el año pasado en preparación y organización, pero los recursos siguen siendo insuficientes. La voluntad existe, pero sin medios no alcanza.
José Miguel Dorado, reconoció públicamente algo gravísimo: no existe un presupuesto específico asignado ni para prevenir ni para combatir incendios.
Cuando ocurre una emergencia, el Municipio tiene que quitar dinero de otras obras y servicios destinados al pueblo para comprar combustible, mover maquinaria y atender el fuego.
«Cada incendio nos cuesta doble, perdemos bosque y además nos quitan recursos que iban para salud, caminos, escuelas», dijo José Miguel Dorado.
Para trabajar con dignidad desde agosto de 2026 en adelante, se estima que San Ignacio requeriría aproximadamente Bs 600.000 para un fondo de emergencia. Y para afrontar la temporada de fuego con seriedad, se necesitan entre Bs 1,2 y 1,6 millones. Hasta ahora, no hay nada asignado.
¿Se aplica la ley?
¿Se puede sancionar, detener y procesar a quien quema? ¡Sí, rotundamente! La ley es clara:
El artículo 206 del Código Penal establece de 2 a 6 años de prisión para quien provoque un incendio que ponga en peligro bienes o personas.
Si el fuego se propaga a áreas protegidas, bosques o reservas la pena sube a de 3 a 8 años de cárcel.
Se aplican además multas administrativas según el daño causado, incrementadas en un 50% en caso de reincidencia.
La ley dice claramente que se puede denunciar, identificar, detener y procesar. Pero la pregunta que todos hacen es: ¿cuántas veces se ha aplicado realmente? Porque muchos ven que el fuego se enciende, se extiende y pocas veces hay quien responda ante la justicia.
«No se trata de palabras vacías, se trata de que por primera vez se anuncia vigilancia, inspecciones y procesos formales contra quienes enciendan fuego sin control», señala José Miguel Dorado.
Las advertencias ya no son solo consejos. Ahora vienen acompañadas de decisión, de ley y de la promesa de que quien destruya tendrá que responder.