Alcalde de El Alto activa 68 procesos contra exfuncionarios de Eva Copa


El municipio reporta un daño económico superior a Bs 65 millones y 215 personas involucradas en procesos penales, administrativos y civiles.

 

Fuente: Red Uno



Greyss Nery Pinaya Acarapi

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, informó que su gestión activó 68 procesos contra exfuncionarios municipales, dentro de una revisión de más de 1.500 procesos legales heredados de anteriores administraciones.

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Según la autoridad, las investigaciones involucran a 215 personas por presuntas responsabilidades penales, administrativas y civiles, mientras que el daño económico identificado hasta el momento supera los Bs 65 millones.

Irregularidades en acciones de exfuncionarios

Roca señaló que entre los procesos se encuentra una denuncia contra la exalcaldesa Eva Copa y otros exservidores públicos por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La denuncia ya fue admitida por el Ministerio Público.

“Hemos activado 68 procesos en los que hay 215 personas involucradas en responsabilidades penales, administrativas y civiles”, informó el alcalde.

Entre las observaciones mencionadas por Roca están presuntas irregularidades en contratos, órdenes de pago y actas de conformidad. Como ejemplo, citó un caso en el que una planilla registrada por Bs 15,7 millones posteriormente habría aparecido con el mismo número, pero por Bs 18 millones.

El municipio también presentó denuncias ante el Viceministerio de Transparencia por la presunta inoperabilidad de 41 buses municipales, pese a que, según Roca, se habrían contratado más de 90 funcionarios para el área de transporte.

El alcalde aseguró que las investigaciones continuarán y advirtió que se activarán nuevos procesos a medida que avance la revisión de la documentación municipal.

“Vamos a ser implacables hasta que caigan quienes le han hecho mucho daño a la ciudad de El Alto”, afirmó Roca.

La autoridad también aseguró que su gestión busca evitar que se repitan este tipo de hechos mediante la contratación de funcionarios por meritocracia y la eliminación de acuerdos entre dirigentes sociales y autoridades para designar funcionarios municipales.