El informe que será presentado este jueves ante el Consejo Permanente defiende la continuidad del mandato presidencial, considera que los bloqueos amenazaron el orden democrático y valora que el Gobierno evitara un uso desproporcionado de la fuerza. También pide investigar la violencia, garantizar el debido proceso y crear un mecanismo permanente de diálogo.
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El informe, al que accedió EL DEBER, será presentado mañana jueves, 3 de septiembre, ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington. Bolivia acreditó para la sesión al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien era canciller cuando se produjo la visita. El exministro José Luis Lupo fue designado embajador permanente ante el organismo, pero todavía no presentó formalmente sus cartas credenciales.
La misión sostiene que el mandato conferido a Paz en las elecciones debe ser respetado en su integridad. También afirma que los actos de violencia, los bloqueos coercitivos prolongados y los intentos de algunos sectores de forzar la renuncia presidencial “amenazaron el orden democrático y constitucional” del país.
Aunque identifica la existencia de esa presión política contra el mandatario, el documento no califica los hechos como un golpe de Estado ni identifica a las organizaciones o dirigentes que habrían buscado interrumpir su mandato.
El respaldo se extiende a la respuesta aplicada por el Ejecutivo. La misión reconoce que el Estado privilegió el diálogo, la contención institucional y el estado de excepción “sin recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza pública”. Considera que ese resultado debe ser valorado positivamente en el contexto regional.
El informe recoge la explicación oficial de que la Policía y las Fuerzas Armadas no utilizaron armas de fuego durante las operaciones. Representantes empresariales también destacaron que la decisión de no emplear una fuerza desproporcionada permitió preservar la integridad de las personas.
La misión, encabezada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, llegó a Bolivia el 29 y 30 de julio. Durante dos días instaló cuatro mesas de diálogo en La Paz y Santa Cruz con autoridades, sectores productivos, transportistas, indígenas, campesinos, sindicatos, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil.
22 muertos y 255 procesados
La Defensoría del Pueblo informó a la misión que la conflictividad dejó 22 personas fallecidas: 19 serían terceros que no participaban de las movilizaciones y tres, personas movilizadas. También reportó 255 procesados y aproximadamente 40 sentencias obtenidas mediante procedimientos abreviados.
Estas cifras no fueron verificadas de manera independiente por la misión. El documento tampoco individualiza a los fallecidos ni detalla las circunstancias de cada muerte, los delitos atribuidos a los procesados o las condiciones en las que se acordaron las sentencias abreviadas.
Este matiz es relevante porque los reportes de la Defensoría incluyen entre las muertes ocurridas en el contexto del estado de excepción a seis personas fallecidas en el accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana que inspeccionaba una ruta bloqueada.
La OEA recomienda continuar y profundizar las investigaciones sobre los hechos de violencia, respetando el debido proceso y los derechos de las víctimas y de las personas procesadas.
Protesta, prensa y acceso a la información
El documento reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero sostiene que su ejercicio no puede poner en riesgo la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación ni el acceso a servicios esenciales. Propone proteger la infraestructura crítica y habilitar corredores humanitarios y logísticos ante nuevas movilizaciones.
Las asociaciones de periodistas denunciaron agresiones físicas y verbales, restricciones para realizar coberturas y dificultades de relacionamiento con las instancias gubernamentales de comunicación. Las organizaciones de mujeres periodistas informaron sobre ataques contra comunicadoras y obstáculos estructurales para ejercer la profesión.¡
Frente a estas observaciones, la OEA recomienda fortalecer las garantías para el periodismo y aprobar una ley de acceso a la información pública con participación de la sociedad civil y las organizaciones de prensa. El Senado boliviano aprobó recientemente un proyecto sobre esta materia, pero la propuesta todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
Las nueve tareas
Además de defender el orden constitucional, el informe propone crear un mecanismo permanente y plural de diálogo que incorpore a indígenas, campesinos, sindicatos, empresarios y organizaciones civiles. Ese espacio debería actuar antes de que las demandas sectoriales deriven en conflictos nacionales.
También plantea garantizar la participación efectiva de indígenas y campesinos en la elaboración de normas, adoptar medidas para la reactivación económica, establecer un marco que favorezca las inversiones y fortalecer las capacidades de mediación de la Defensoría del Pueblo.
La última recomendación abre la posibilidad de impulsar una reforma que proporcione mayor transparencia al sistema judicial.
Las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes. El seguimiento y una eventual observación preventiva de la OEA dependerán de una solicitud expresa del Gobierno boliviano. El informe representa, por tanto, un respaldo político significativo para Paz, pero también fija una agenda que permitirá evaluar si el Gobierno transforma ese aval internacional en diálogo, investigaciones imparciales y garantías democráticas.
