Con su pedido, Grass se suma a las voces que reclaman una investigación profunda sobre el manejo de las empresas estatales, en un contexto donde la crisis económica y los escándalos de corrupción han generado un creciente malestar ciudadano, especialmente en Potosí, donde la minería es un sector estratégico para el desarrollo regional.
eju.tv / Video: Radio Fides
La expresidenta del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Roxana Grass, exigió hoy (03) a la Contraloría General del Estado (CGE) ampliar las auditorías a todas las empresas e instituciones estatales donde existan denuncias de corrupción, y señaló que los procesos de fiscalización no deben limitarse a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB, sino alcanzar también a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), empresas que están «sumidas en la corrupción» y requieren una investigación urgente.
«Cada una de estas empresas estatales están sumidos en la corrupción. Ahí tenemos COMIBOL, que es necesario que existan auditorías, porque la COMIBOL acá en Potosí tendría que resguardar el Cerro Rico y no lo hace, y ahí hay infinidad de corrupción. Tenemos ENTEL, que también está sumido en corrupción y muchas otras empresas más. A partir de eso exigimos que tenga que darse estas auditorías», enfatizó la exlíder cívica, al explicar que la minería y las telecomunicaciones son sectores donde la falta de control ha permitido el desvío de recursos.
Grass también cuestionó la situación de YPFB, que, según dijo, «está próxima a la quiebra», y advirtió que Bolivia sufre por el déficit de hidrocarburos. La exdirigente denunció que «hay mucha corrupción denunciada desde el entorno” dek presidente Rodrigo Paz, y sostuvo que las auditorías no deben ser una «retórica» para callar a la ciudadanía, sino un mecanismo efectivo para transparentar el manejo de los recursos públicos y determinar responsabilidades.
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La dirigente potosina insistió en que las auditorías deben ser inmediatas y con resultados en el corto plazo, y destacó que en el caso de COMIBOL, su rol de resguardar el Cerro Rico, uno de los patrimonios mineros más importantes del país, ha sido desatendido, lo que ha permitido la proliferación de actos irregulares.
«En Bolivia y en cada uno de nuestros departamentos es necesario que existan auditorías», remarcó Grass, al tiempo que exigió que los procesos de fiscalización lleguen hasta las últimas consecuencias.
Con su pedido, Grass se suma a las voces que reclaman una investigación profunda sobre el manejo de las empresas estatales, en un contexto donde la crisis económica y los escándalos de corrupción han generado un creciente malestar ciudadano, especialmente en Potosí, donde la minería es un sector estratégico para el desarrollo regional.