Los concejales insistieron en que la responsabilidad de remitir el POA recae en el Ejecutivo municipal y que la prórroga otorgada por el Ministerio de Economía no debe ser vista como una solución, sino como una advertencia sobre la falta de planificación.
eju.tv / Video: Radio Fides
Los concejales del municipio de Oruro expresaron este viernes su profunda preocupación por la demora del alcalde Iván Quispe en remitir el Plan Operativo Anual (POA) 2027, una situación que, advirtieron, podría derivar en el congelamiento de las cuentas fiscales del municipio si no se presenta a tiempo ante el Ministerio de Economía y Finanzas. La falta de respuesta del Ejecutivo municipal, sumada a la urgencia de cumplir con los plazos establecidos, ha generado un clima de incertidumbre en el Concejo Municipal, que calificó de «irresponsable» la actitud del burgomaestre.
«¿Quieren que aprobemos o pretenden ellos que aprobaríamos en algunas horas? ¿Eso les parece responsable de una ciudad de 300 mil habitantes que aprobemos en horas? Hasta el día de hoy no nos han remitido. No podemos depender de la suerte o que tengamos chiripa, perdón la palabra, y que se nos amplíe el plazo y que no corramos el riesgo de la inmovilización de cuentas fiscales o lo que conocemos como el congelamiento de cuentas, porque esa es la sanción de no presentar nuestro aprobado presupuesto institucional a tiempo al Ministerio de Economía y Finanzas. Reitero, me parece es una irresponsabilidad del Ejecutivo», enfatizó ek concejal Antonio de Jesús Bazán, al dar cuenta del malestar en el Legislativo municipal.
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El pasado viernes, el Ministerio de Economía amplió el plazo para la presentación del POA hasta el 11 de septiembre, una decisión que los concejales calificaron como una «suerte» que no debería repetirse, ya que el primer comunicado establecía el 7 de septiembre como fecha límite.
La demora del alcalde Quispe no solo pone en riesgo la aprobación oportuna del presupuesto, sino que también expone al municipio a sanciones financieras que podrían paralizar la ejecución de proyectos y el pago de salarios en una ciudad de más de 300 mil habitantes.
Los concejales insistieron en que la responsabilidad de remitir el POA recae en el Ejecutivo municipal y que la prórroga otorgada por el Ministerio de Economía no debe ser vista como una solución, sino como una advertencia sobre la falta de planificación.
«¿Cuándo nos van a remitir el POA para que nosotros lo revisemos? Tenemos que ser responsables. No podemos depender de la suerte y suerte ha sido que se ha ampliado el plazo», concluyó el concejal, en un llamado a la celeridad para evitar que las cuentas del municipio de Oruro queden congeladas y se afecte la gobernabilidad financiera de la ciudad.