Esta estructura de responsabilidades compartidas busca garantizar que la destrucción de material bélico se realice bajo un marco de control y transparencia, aunque los recientes hechos en Viacha evidencian que los protocolos deben ser revisados y reforzados para evitar nuevas tragedias.
eju.tv / Video: Radio Fides
El general en servicio pasivo Grover Rojas explicó hoy (09) que las Fuerzas Armadas custodian materiales explosivos y otro tipo de cargas en sus recintos, pero que la decisión de destruirlos no es una atribución exclusiva de los militares, sino que requiere la autorización de las instancias políticas y administrativas correspondientes, como el Ministerio de Defensa y la Aduana Nacional. El experto en protocolos castrenses aclaró que, aunque los cuarteles cuentan con procedimientos estrictos para el manejo de material bélico, el paso final de la destrucción depende de una determinación de carácter civil y político.
«En algunos casos son convenios que se hacen inclusive con las instancias políticas del Estado y los militares, pero siempre con la anuencia o la permisividad de la instancia administrativa superior que tenemos en este caso al Ministerio de Defensa. Los recintos militares resguardan esos elementos, los acumulan y se les da a las Fuerzas Armadas para que lo destruyan. Pero la decisión es política para destruir, y de las instancias que han dejado en depósito. En este caso, la Aduana debió haber dicho que se destruían estos y los militares, en consecuencia, actuar», enfatizó el general.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Rojas precisó que las Fuerzas Armadas reciben distintos materiales en depósito, que van desde explosivos y material pirotécnico hasta vehículos y madera, siempre con la condición de que su resguardo y posterior destrucción deben ser autorizados por la entidad que entregó la carga.
En el caso específico de los explosivos, la Aduana es la instancia que debe determinar qué elementos deben ser destruidos, y a partir de esa decisión los militares ejecutan el procedimiento establecido, como ocurrió hace varios años en la zona de La Cumbre con material explosivo.
El general remarcó que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos absolutamente normados para todo tipo de funciones, y más aún tratándose de explosivos y material bélico, que tienen medidas muy duras en cuanto a su tratamiento, resguardo y consumo.
Sin embargo, admitió que existen excepciones, como los accidentes, que escapan a los procedimientos previamente establecidos y que pueden generar situaciones de riesgo, como la ocurrida en el Regimiento Bolívar de Viacha.
La declaración de Rojas se da en el contexto de la tragedia registrada el viernes pasado en el municipio de Viacha, donde dos explosiones en el Centro General de Mantenimiento del Ejército dejaron un saldo de nueve muertos y cinco desaparecidos. El hecho ha puesto en el centro del debate los protocolos de seguridad y la responsabilidad institucional en el manejo de material explosivo, así como la necesidad de una revisión de los procedimientos de custodia y destrucción de estos elementos.
El general en servicio pasivo concluyó que, aunque las Fuerzas Armadas tienen la capacidad operativa para destruir los materiales que les son entregados, la decisión final siempre recae en las instancias políticas y administrativas, como el Ministerio de Defensa y la Aduana.
Esta estructura de responsabilidades compartidas busca garantizar que la destrucción de material bélico se realice bajo un marco de control y transparencia, aunque los recientes hechos en Viacha evidencian que los protocolos deben ser revisados y reforzados para evitar nuevas tragedias.