A través de una ley se establecerá la base jurídica para la recopilación de datos y el intercambio de datos entre instituciones; se introducirá criterios de comprobación de medios económicos para mejorar la utilización focalizada de recursos de los programas de asistencia social, y se definirá las principales responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación.
Por eju.tv / La Paz
Con el fin de mitigar el impacto social de la reforma de las subvenciones a los combustibles y la liberalización más general de los precios en el país, el Gobierno nacional presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para crear un registro social unificado.
La propuesta está establecida en el Anexo. Memorando de Políticas Económicas y Financieras, que es parte del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Precisamente, en el marco de este acuerdo se perfila la eliminación gradual de la subvención a los hidrocarburos.
En el documento, el Gobierno señala que uno de sus objetivos es “proteger a los hogares pobres y vulnerables de la carga de la consolidación fiscal”, pero que el marco de asistencia social de Bolivia se ve limitado por deficiencias en la selección de los beneficiarios de los programas sociales, debido a que no cuenta con un sistema de comprobación de medios económicos, y por la falta de un registro social completo.
Para subsanar esas deficiencias, el programa prevé aumentar los recursos presupuestarios asignados al gasto social en los primeros años y emprender una reforma integral del sistema de protección social.
“Nuestro compromiso se sustentará en un gasto mínimo de asistencia social (meta indicativa). Además, nuestra primera medida será presentar un marco jurídico a la Asamblea Legislativa Plurinacional para apoyar el desarrollo de un registro social unificado”, refiere el documento.
Este registro abarcará lo siguiente: i) establecer la base jurídica para la recopilación de datos y el intercambio de datos entre instituciones; ii) introducir criterios de comprobación de medios económicos para mejorar la utilización focalizada de recursos de los programas de asistencia social, y iii) definir las principales responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación.
Con esto, el Ejecutivo afirma que con el tiempo mejorará la focalización y los sistemas de prestación de servicios mediante el establecimiento y la utilización de un registro unificado de beneficiarios para 2028, de conformidad con el marco adoptado, y la integración de las principales bases de datos administrativos para garantizar que la asistencia llegue a las personas más necesitadas manteniendo la sostenibilidad fiscal.
Estas “reformas son indispensables para mitigar el impacto social de la reforma de las subvenciones a los combustibles y la liberalización más general de los precios”, agrega el documento.