La intervención de la AJAM revela un patrón preocupante: explotación minera ilegal en Cochabamba y sus consecuencias.
Fuente: https://lapatria.bo
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Cochabamba ha interpuesto una denuncia formal por el presunto delito de explotación ilegal de recursos minerales. Además, emitió una Resolución Administrativa de Suspensión de actividades en el sector denominado Mina Jusku, ubicado en el municipio de Aiquile, dentro de la provincia Campero. Esta medida se adoptó tras una inspección técnica que constató la ejecución de faenas extractivas en un área que no cuenta con un derecho minero vigente.
Origen de la intervención de la AJAM
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La intervención de la AJAM tuvo su origen en una denuncia previa sobre posibles labores irregulares en la zona. Para verificar la situación, una comisión técnica de la AJAM se trasladó al lugar y evidenció:
- La presencia de varias bocaminas distribuidas en distintos puntos del terreno.
- El hallazgo de herramientas de trabajo y señalización operativa.
- Un claro movimiento reciente de material rocoso.
Acciones legales y postura institucional
Tras cotejar la información legal y territorial, los fiscalizadores establecieron que parte del sector intervenido carecía de la autorización correspondiente. Este elemento fue considerado un antecedente clave en la acción penal. El caso se encuadró dentro del artículo 232 del Código Penal, normativa que sanciona el aprovechamiento ilícito de los yacimientos.
El director de la AJAM Cochabamba, Daniel Gonzales Mendoza, remarcó la postura institucional frente a este tipo de infracciones: “Cuando una actividad minera se desarrolla sin contar con el respaldo legal correspondiente, la AJAM tiene la obligación de intervenir, suspender las actividades y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.
Continuidad del control y fiscalización
Con la paralización inmediata de las labores e inicio de las acciones judiciales ante las instancias correspondientes, la institución ratificó que continuará ejecutando tareas continuas de control y fiscalización en toda la jurisdicción. El objetivo es frenar la minería no autorizada y asegurar que cualquier aprovechamiento de los recursos minerales se efectúe en estricto apego al marco legal vigente.