Analistas coninciden en que las leyes que se sancionaron en la Asamblea Legislativa no son estructurales.
Una sesión de la Asamblea Legislativa. Foto: GobCom
Fuente: La Razón
En 10 meses de la instalación de la nueva Asamblea Legislativa se aprobaron 67 leyes “no estructurales” y hay una deuda con las reformas económicas e institucionales que demanda el país.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según los datos publicados en la Gaceta Oficial, la mayoría de estas leyes tienen que ver con créditos internacionales, declaratorias de patrimonio, transferencia de terrenos y límites departamentales, entre otros.
Analistas consultados por La Razón coinciden en que la Asamblea consiguió construir mayores márgenes de gobernabilidad respecto de la anterior gestión —marcada por la atomización de las bancadas y bochornos en sesiones—, aunque todavía no logró traducir esa condición en una agenda de transformaciones estructurales.
Asamblea Legislativa
Para el analista Reymi Ferreira, el rendimiento de la Asamblea es “medio”. Su principal observación apunta a que, pese a la aprobación de normas y la realización de actos de fiscalización, el Legislativo no consiguió desarrollar el paquete de leyes necesario para orientar un nuevo modelo económico.
“Hay normas importantes, actos legislativos, pero no han sido orientados, o la mayoría de ellas no han tenido un impacto en el área económica”, señaló.
Ferreira identifica, sin embargo, un elemento favorable: la actual composición parlamentaria, pese a su dispersión partidaria, encontró coincidencias en asuntos centrales. A diferencia de la anterior gestión, caracterizada por la confrontación entre tres bloques y la ausencia de una gobernabilidad legislativa estable, considera que ahora existe una mayor capacidad de acuerdo.
Gobernabilidad
“Hoy sí hay gobernabilidad legislativa, y eso se puede notar”, afirmó.
Una muestra de esa situación, según el analista, está en las interpelaciones a los ministros del presidente Rodrigo Paz. Aunque el oficialismo no tiene mayoría propia, logró evitar la censura de varios de sus ministros.
Para Ferreira, eso evidencia la existencia de coincidencias políticas que, aunque no están formalizadas en un pacto, permiten sostener determinados acuerdos.
En esa línea, el analista Carlos Saavedra coincide en que la composición de la actual Asamblea ofrecía condiciones para alcanzar consensos más rápidamente. Sin embargo, considera que el resultado estuvo por debajo de las expectativas. “Definitivamente el rol de la Asamblea en su conjunto en estos 10 meses de gestión ha sido poco trascendente”, sostuvo.
A su juicio, el Legislativo se concentró en asuntos importantes, como la aprobación de créditos y el respaldo a determinados proyectos. Pero dejó de lado las leyes que deberían acompañar el ciclo de transición que atraviesa el país.
Leyes
Entre las materias pendientes menciona una nueva legislación de inversiones, hidrocarburos, minería, litio y evaporíticos y energías, además de reformas vinculadas con la Justicia y el sistema electoral. También plantea que estas modificaciones deberían articularse con una eventual reforma parcial de la Constitución.
Prioridades. El punto de coincidencia entre ambos analistas está, por tanto, en la necesidad de cambiar las prioridades de la agenda legislativa. Ferreira considera que el problema central del país es económico y plantea que la Asamblea debe concentrarse en generar condiciones para aumentar las divisas, fortalecer el comercio exterior, garantizar el abastecimiento de combustibles y promover el empleo.
Para Saavedra, el desafío es todavía más amplio: el Legislativo debe acompañar la transición política con normas que permitan modificar el modelo económico e institucional.
En ese escenario, las interpelaciones se convirtieron en otro de los puntos de debate. Ferreira no plantea eliminarlas, pero considera que no deberían ocupar el centro de la agenda legislativa en un momento marcado por la crisis económica y energética.
Interpelaciones
“Debe haber fiscalización. Hay muchas denuncias que hay que conocerlas, pero vivir interpelando ministros como parte prioritaria de una agenda, no sé”, afirmó.
Saavedra comparte la observación. Considera que las interpelaciones son necesarias como mecanismo de fiscalización, pero advierte que pueden convertirse en “show político” si sustituyen el debate sobre las reformas estructurales.
El caso del exministro de Economía se convirtió en uno de los episodios más relevantes de este periodo. Saavedra señala que la censura a esa autoridad representó uno de los principales momentos de tensión entre los órganos Legislativo y Ejecutivo.
En contraste, otras interpelaciones terminaron con el respaldo de la Asamblea a ministros del Gobierno, una situación que, según el analista, evidencia que la actual composición parlamentaria no responde a una lógica de confrontación ideológica rígida.
Análisis
Ese comportamiento también alimenta el debate sobre el papel de la Asamblea como contrapeso del Ejecutivo. Para Saavedra, el Legislativo no puede ser considerado un órgano dependiente del Gobierno, pero tampoco actúa como un antagonista permanente.
Ferreira, por su parte, sostiene que la influencia presidencial continúa siendo determinante debido al carácter presidencialista del sistema político boliviano. Sin embargo, considera que las coincidencias actuales deberían transformarse en un acuerdo político formal y programático.
El analista plantea como referencia el pacto de gobernabilidad alcanzado en 1985 entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Acción Democrática Nacionalista, que permitió establecer una agenda política y legislativa.
Consensos
En su criterio, una fórmula similar podría permitir aprovechar que las actuales fuerzas parlamentarias pueden alcanzar incluso los dos tercios en determinadas decisiones.
“Falta, yo creo, un liderazgo”, sostuvo Ferreira, quien considera que el vicepresidente podría desempeñar un papel de coordinación, aunque reconoce que las diferencias entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara pueden dificultar esa tarea.
Saavedra es más crítico con Lara. Considera que el presidente de la Asamblea no logró consolidar un liderazgo estratégico capaz de marcar un rumbo común. “Gran parte de los miembros de la Asamblea Legislativa, tanto en diputados como en senadores, no lo respeta”, afirmó, al atribuir esa situación a la ausencia de una dirección política clara.
La discusión actual en Diputados y Senadores es la pertinencia o no de ampliar el Estado de excepción, que comenzó el 20 de junio termina el 18 de septiembre.
Fuente: La Razón
