Piden evitar que nuevamente grupos radicalizados que responden al “evismo” se infiltren en organizaciones sociales con demandas legítimas y, desde esa posición, se busque generar confrontación y una convulsión social que derive en la ruptura del orden constitucional. El proceso de llevar adelante reformas en la CPE requiere de tiempo y consensos, período puede ser blindado con un estado de excepción que garantice paz social. Lamentan que asambleístas nacionales asuman posiciones con un tinte claramente político, antes de reflexionar respecto a la situación del país y las necesidades de la población.
Fuente: El Diario
Puntualizando que una posible ampliación del actual estado de excepción no perjudicará el proceso de reforma constitucional que se analiza en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el exdiputado y representante de plataformas ciudadanas 21-F, Alberto Astorga, señaló que solo con la prórroga de esta medida se podrá contener las amenazas terroristas que constantemente se expresan desde la región del Trópico.
Ante el debate por la próxima finalización del período dispuesto para la vigencia del actual estado de excepción y la posibilidad de una prórroga que alargues esta medida por otros tres meses, Astorga llamó a reflexionar respecto a las necesidades de la población y las formas de garantizar que las actividades productivas no se vean perjudicadas por nuevas medidas de presión.
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En esa línea, diferentes representantes de plataformas ciudadanas se sumaron a los criterios que respaldan una posible ampliación de la medida, sobre todo para evitar que grupos radicalizados que responden al “evismo” se infiltren en organizaciones sociales con demandas legítimas y, desde esa posición, se busque nuevamente generar confrontación y una convulsión social que derive en la ruptura del orden constitucional.
“Esto va beneficiar a todos porque se va proteger a la ciudadanía y se va cuidar la democracia, porque ya se ha escuchado que grupos terroristas pretenden volver a convulsionar el país, tumbando a un gobierno electo democráticamente”, apuntó el exdiputado.
En criterio de Astorga, el peligro de dar espacio a nuevas movilizaciones, por más legítimas que sean las demandas, es que grupos alineados con el “evismo”, organizados y financiados con recursos de dudosa procedencia, puedan alterar la paz social y presionar hasta conseguir la salida del actual gobierno, situación que no resolvería ningún problema y solo ahondaría la crisis.
“Estos grupos terroristas no buscan reivindicaciones ciudadanas, sino responden al Chapare y a los lineamientos radicales de Evo Morales y su búsqueda de derrocar al gobierno para retomar el poder por la fuerza”, añadió.
Asimismo, calificando una posible ampliación del estado de excepción como una medida “justa y necesaria”, se rechazó que esta prórroga pueda afectar el proceso de reformas constitucionales que actualmente se analiza en instancias del Órgano Legislativo, a iniciativa de legisladores y algunos actores políticos, esto porque una gestión de estas características requiere de consensos previos, análisis técnico, acuerdos, debate y la búsqueda de recursos, lo que requiere de un considerable periodo de tiempo, en el que se puede garantizar paz social a través de medidas específicas.
“Estas modificaciones no se van a realizar de la noche a la mañana, primero tiene que haber consensos entre los partidos con representación parlamentaria, después vendrá el debate y la votación para una eventual aprobación de las modificaciones acordadas. Posteriormente se convocará a referéndum y se gestionarán los recursos para dicha consulta. Se trata de un proceso largo”, explicó Astorga.
Esta semana, durante la 26 sesión ordinaria de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Diputados, se aprobó una Resolución Camaral en la que se plantea la autorización previa, excepcional y condicionada para una eventual ampliación del estado de excepción por un período de hasta 90 días.
La iniciativa legislativa está fundamentada en la Constitución Política del Estado, la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, y el Reglamento de la Cámara Baja, por lo que fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectiva revisión, con la recomendación de declarar su viabilidad y aprobarla.
Opositores como la senadora chuquisaqueña Tomasa Yarhui, apuntaron que la norma establece que el Órgano Ejecutivo es el único facultado para solicitar dicha ampliación, previa presentación de un informe ante la ALP, en el que se detalle los motivos de la determinación y la forma en que se hizo uso de sus facultades constitucionales durante este período de tiempo.
En ese sentido, se cuestionó que, hasta la fecha, el presidente no se haya presentado ante el Parlamento para explicar cómo se aplicó la primera etapa de la medida, pues sin esa información no corresponde avanzar en ninguna ampliación.
Otros criterios centraron su rechazo a la ampliación del estado de excepción, señalando que la norma impide cualquier modificación del texto constitucional mientras esté en vigencia una medida de estas características.
Para Astorga, es lamentable que asambleístas nacionales asuman posiciones con un tinte claramente político, antes de reflexionar respecto a la situación del país y las necesidades de la población.
“Hemos escuchado con preocupación las voces de algunos políticos y opositores que prácticamente parece que no están en sintonía con el país. Es necesario hacer una modificación en la Constitución Política y esto no va ser de la noche a la mañana. En ese tiempo podemos seguir en estado de excepción para impedir que movilizaciones atenten contra la democracia y la economía de todos”, finalizó.
Fuente: El Diario
