Los primeros hechos registrados este año aparecieron en Santa Cruz y Cochabamba, pero desde abril se multiplicaron los ataques con armas de fuego, principalmente en zonas fronterizas con Brasil y el Trópico de Cochabamba. Septiembre concentra hasta ahora la sucesión más intensa de asesinatos.
Personal policial y del IDIF en una escena de crimen. Foto: El País
La violencia armada que se ha registrado en Bolivia durante 2026 no comenzó en septiembre. Los primeros casos aparecieron desde enero y, durante los meses siguientes, los ataques se repitieron en Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija. La revisión de reportes policiales y periodísticos muestra una evolución que pasó de hechos puntuales a concentraciones de asesinatos en determinados municipios, sobre todo en zonas vinculadas a corredores fronterizos y al Trópico.
No existe una estadística oficial nacional que reúna todos los casos bajo una misma categoría. Un recuento publicado por Visión 360 identificó al menos 10 crímenes con armas de fuego entre enero y julio; otros reportes posteriores documentaron nuevos asesinatos durante julio y agosto. Por ello, esta reconstrucción reúne casos de muerte violenta con armas de fuego que fueron reportados e investigados por las autoridades, sin presentarlos como un registro oficial exhaustivo.
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Enero y febrero: los primeros ataques y el Trópico
Uno de los primeros casos que marcó el año ocurrió el 23 de enero en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Alexander Pacheco, ciudadano brasileño de 29 años, fue asesinado dentro de su vivienda. La autopsia estableció decenas de impactos de bala y la Policía informó posteriormente que, tras cruzar información con autoridades brasileñas, había establecido que la víctima tenía antecedentes por tráfico de armas y drogas y que pertenecía al PCC. El móvil del crimen fue investigado como un posible ajuste de cuentas.
En febrero, el Trópico de Cochabamba volvió a aparecer en la cronología. El 2 de febrero, Rubén López Quinteros, de 36 años, fue asesinado en Valle Sajta, Ivirgarzama, después de recibir múltiples disparos. La Policía investigó el caso como un posible ajuste de cuentas y señaló como antecedente que la víctima había sobrevivido a un intento de ataque en 2025.
Ese mismo mes se reportó además un ataque en Paso Firme, donde cuatro personas armadas emboscaron a dos hombres y causaron una muerte y un herido. Según la Policía, una de las hipótesis estaba relacionada con negocios vinculados a la explotación minera.
Marzo: secuestro y asesinato
El 29 de marzo, Filomena Michel Orellana fue secuestrada en Entre Ríos, Cochabamba. Dos días después fue encontrada sin vida. De acuerdo con el recuento de Visión 360, la mujer tenía antecedentes relacionados con narcotráfico. Ese mismo mes, el 31 de marzo, un hombre fue asesinado a tiros dentro de una camioneta en Villa Montes, Tarija; la Policía informó que investigaba posibles vínculos con actividades de narcotráfico y que la víctima habría utilizado identidades de distintos países.
Abril: tres asesinatos en un fin de semana
El cambio de escala fue visible a finales de abril. Entre el 25 y el 26 de abril, tres hombres fueron asesinados a tiros en menos de 48 horas en distintos municipios de Santa Cruz: San Matías, Puerto Quijarro y Warnes.
En San Matías, Douglas Queiroz Ramos fue atacado mientras presenciaba un campeonato de fútbol. En Puerto Quijarro murió un ciudadano brasileño y una mujer que estaba con él resultó herida. Y en Warnes fue asesinado el piloto de rally José Pedro Rojas mientras se preparaba para competir detrás del aeropuerto Viru Viru.
La sucesión llevó a la Fiscalía General del Estado a declarar una alerta y plantear una coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Policía y unidades especializadas para identificar a los responsables y desarticular posibles estructuras delictivas.
Mayo y junio: nuevos blancos y expansión territorial
La violencia continuó en mayo. El 1 de mayo, Paulino Gabriel Cruz fue asesinado a tiros en Bermejo, Tarija. Esa misma noche, el magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure murió tras recibir cuatro disparos dentro de su vehículo en Santa Cruz. La investigación abrió distintas hipótesis, entre ellas un posible conflicto de tierras en el caso del magistrado.
El 2 de mayo, otro ataque armado en una discoteca de Santa Cruz dejó un ciudadano colombiano muerto y una persona herida. El 14 de mayo, en Guayaramerín, Beni, un comerciante fue asesinado durante un asalto en el que los atacantes se llevaron Bs 500.000; el informe forense estableció que recibió 13 impactos de bala.
El 20 de mayo, en Montero, Santa Cruz, fue asesinado Pablo Alexis Claros Barriga, un joven de 22 años que trabajaba como delivery. La Fiscalía abrió una investigación por asesinato y posteriormente la Policía identificó y aprehendió a dos de los tres presuntos participantes. Según la investigación, el hecho habría comenzado como un robo.
En junio también se registró el asesinato de un ciudadano brasileño en Equipetrol, Santa Cruz. Rodrigo Ramos de Andrade recibió nueve impactos de bala mientras participaba de una reunión social. La Fiscalía informó que investigaba sus antecedentes y un posible ajuste de cuentas.
En mayo también se registraron varios ataques con víctimas fatales. Foto: Red Uno
Julio y agosto: la violencia se concentra en la frontera y el Trópico
Durante julio comenzaron a repetirse con mayor frecuencia los ataques en San Ignacio de Velasco, San Matías y otras localidades fronterizas con Brasil.
El 11 de julio, dos hombres fueron asesinados dentro de un galpón en San Ignacio. La Policía investigó el caso bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico y mencionó la posible participación de facciones como el PCC y el Comando Vermelho.
En el Trópico, el 17 de julio fueron asesinados un hombre y su hijo en su chaco en Shinahota. El 20 de julio, Edwin Mollo Villana, un pastor evangélico, murió después de recibir un disparo durante un culto en esa misma región.
A finales de julio y durante agosto se produjo otra concentración de hechos en la frontera. En San Matías, un ataque en una estancia ganadera dejó tres muertos el 29 de julio y, al día siguiente, una emboscada a un contingente policial en Ascensión de la Frontera causó la muerte del subteniente Yerson Salazar. El municipio registró posteriormente otros asesinatos.
En agosto fueron asesinados, entre otros, Vanderson Santos Souza, ciudadano brasileño, en Santa Cruz; Efraín C. C., de 45 años, en San Gabriel, Villa Tunari; y dos hombres en Guayaramerín, Beni, en un ataque en el que una de las víctimas recibió alrededor de 41 impactos de bala.
El 30 de agosto, un hombre de 34 años fue asesinado en Entre Ríos, Cochabamba, tras recibir más de 20 disparos. La Policía investigó un posible ajuste de cuentas y señaló antecedentes relacionados con narcotráfico. Ese mismo día, en San Ignacio, murió un adolescente de 16 años después de recibir 24 impactos de bala dentro de una licorería. La Fiscalía informó que investigaba el caso y buscaba identificar a los responsables.
Un cuerpo yace en una vía después de un ataque de supuestos sicarios. Foto: Red Uno
Septiembre: la mayor concentración de casos
Septiembre representa hasta ahora el punto de mayor concentración temporal de esta secuencia.
En los primeros 16 días del mes se registraron asesinatos en San Ramón, Entre Ríos, Porongo, San Julián, Sacaba, San Ignacio de Velasco, Trinidad, Riberalta y Santa Cruz, además de un nuevo asesinato en el cementerio de Río Blanco, en el Trópico de Cochabamba.
El episodio más grave se produjo en San Ignacio de Velasco, donde cuatro personas fueron asesinadas en poco más de 24 horas, entre el 13 y el 14 de septiembre. La Policía investiga posibles vínculos con actividades ilícitas y organizaciones criminales, pero la relación entre los cuatro hechos todavía debe ser establecida.
La sucesión llevó al Gobierno a reforzar la presencia policial y militar en el municipio y a anunciar coordinación con la Policía Federal de Brasil para enfrentar a delincuentes que puedan utilizar la frontera como vía de escape.
La ola de crímenes en San Ignacio determinó el reforzamiento del despliegue de militares y policías. Foto: MinDef
Una violencia que cambió de escenario
La revisión de los casos permite identificar una concentración progresiva en determinados territorios, aunque no demuestra por sí sola que todos los asesinatos respondan a una misma estructura criminal.
Santa Cruz aparece de manera reiterada, especialmente en municipios fronterizos como San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro. Cochabamba adquiere mayor presencia a través del Trópico, mientras Beni aparece con hechos en Guayaramerín y otros municipios. Tarija también registra casos, aunque con menor frecuencia.
En varios expedientes, la Policía y la Fiscalía mencionaron como hipótesis ajustes de cuentas, narcotráfico o participación de organizaciones criminales. En otros, como el asesinato del delivery en Montero o algunos ataques ocurridos en espacios públicos, las investigaciones apuntaron a móviles diferentes.
El elemento que sí se repite es el uso de armas de fuego y la aparición de ataques ejecutados en lugares públicos o dentro de domicilios, con autores que en varios casos actuaron encapuchados, en motocicletas o vehículos y huyeron rápidamente.
La secuencia también muestra un cambio en la respuesta estatal. Después de la sucesión de asesinatos de abril, la Fiscalía pidió mayor protección para los investigadores de casos vinculados al narcotráfico y sicariato. En agosto el Gobierno puso en marcha el Plan Frontera Segura, con coordinación con Brasil, y en septiembre reforzó el despliegue en San Ignacio después de los cuatro asesinatos.