El viernes, el Gobierno dispuso la medida que señala que a partir de la fecha el diésel se rige según el precio del mercado internacional, de manera que se garantice el abastecimiento del combustible y se evite el contrabando.
Implementar medidas de mitigación, abrir un diálogo efectivo, monitorear precios y abastecimiento y ejercer los derechos de manera pacífica, son las cuatro exhortaciones que hizo la Defensoría del Pueblo al Gobierno y a los sectores sociales, luego de la suspensión de la subvención al diésel.
“La Defensoría del Pueblo reconoce los desafíos económicos que enfrenta el Estado y la necesidad de poner medidas orientadas a preservar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, recuerda que toda política económica debe considerar sus efectos sobre los derechos económicos y sociales de la población, especialmente el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuada”, señala parte del comunicado de la institución.
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El viernes, el Gobierno dispuso la medida que señala que a partir de la fecha el diésel se rige según el precio del mercado internacional, de manera que se garantice el abastecimiento del combustible y se evite el contrabando.
La Defensoría del Pueblo exhortó al Ejecutivo a adoptar medidas oportunas, suficientes, accesibles y transparentes de mitigación, priorizando la protección de los hogares de menores ingresos y de los sectores que puedan resultar particularmente afectados.
Asimismo, llamó a establecer un canal efectivo de diálogo y concertación con los sectores que manifiestan sentirse afectados, que permita evaluar los impactos de la medida, considerar propuestas y alcanzar puntos de entendimiento que contribuyen a prevenir la escalada de la conflictividad social.
De igual manera, exhortó a implementar mecanismos permanentes de monitoreo de precios y abastecimiento, especialmente de alimentos de la canasta básica, transporte y otros bienes y servicios esenciales.
La institución, en referencia a los sectores sociales, productivos y económicos, pidió que estos ejerzan sus derechos mediante mecanismos pacíficos, preservando los derechos de la población y evitando acciones que puedan profundizar las condiciones de vulnerabilidad o afectar al abastecimiento y los servicios esenciales.
