Todas las disputas internacionales contra el Estado iniciaron en las gestiones de Morales y Arce. A pesar de los fallos, aún hay interés de los privados en el país..
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Entre los casos más relevantes aparece BBVA, Glencore Finance y Zurich, aunque no todos están en la misma situación procesal. BBVA y Glencore ya cuentan con laudos; el arbitraje de Zurich, vinculado con Futuro de Bolivia AFP, continúa pendiente. León explicó que, incluso después de un laudo adverso, el Estado puede abrir negociaciones para acordar las condiciones de cumplimiento.
– ¿Cuántos arbitrajes internacionales enfrenta actualmente el Estado?
Respecto a los arbitrajes, tenemos en este momento cuatro arbitrajes de inversión y otros cuatro o cinco arbitrajes comerciales.
– ¿En qué se diferencia los arbitrajes de inversión de los arbitrajes comerciales?
El arbitraje de inversión se produce cuando una persona natural o jurídica invierte en una actividad determinada y surge una controversia vinculada con esa inversión. El arbitraje comercial tiene que ver con controversias derivadas del cumplimiento de obligaciones contractuales.
– ¿Cómo encontró la situación de estos arbitrajes?
Son arbitrajes que se tramitan en el exterior bajo convenios suscritos por el Estado boliviano. No quiero adelantar más porque estaría dando a conocer parte de la estrategia de defensa de los intereses del Estado.
– ¿Cuáles son los casos más relevantes?
Le voy a dar tres nombres: Glencore Finance, BBVA y Zurich, vinculada a Futuro de Bolivia AFP. Son montos realmente importantes y son procesos que están en diferentes etapas. Las propias empresas están buscando algún acercamiento con el Estado y nosotros hemos abierto espacios de negociación de la manera más abierta y transparente posible.
En BBVA y Glencore ya existen laudos adversos. BBVA obtuvo en 2022 un fallo que ordenó a Bolivia pagar $us 94,8 millones más intereses y este año la Procuraduría informó que se agotaron las instancias de impugnación. Glencore obtuvo en 2023 un laudo por $us 253,6 millones. Zurich, en cambio, mantiene pendiente un arbitraje relacionado con Futuro de Bolivia AFP, con una reclamación pública de unos $us 129,1 millones. Por tanto, la negociación post-laudo corresponde a los procesos en los que ya existe una decisión arbitral y no debe extenderse automáticamente al caso Zurich.
– ¿Qué significa abrir una fase de negociación post – laudo?
Que, pese a que existe un laudo que obliga al Estado al pago de determinados montos, por voluntad de las partes todavía se pueden negociar las condiciones de cumplimiento.
– ¿Se puede conocer el monto de estos tres casos?
Prefiero mantener en reserva los detalles de las negociaciones. Hay aspectos de los arbitrajes sometidos a confidencialidad. Por ejemplo, en el caso BBVA estamos en plena negociación y se han abierto mesas de diálogo para analizar de qué manera se puede resolver el cumplimiento del laudo.
– ¿Hace cuánto tiempo el Estado está en esta fase de negociación post – laudo?
Estos procesos vienen de gestiones anteriores. Algunos arbitrajes comenzaron durante el gobierno de Evo Morales y continuaron después. Ahora estamos evaluando cada caso para encontrar la mejor salida posible para el Estado.
– ¿Y el Estado no puede argumentar que no se somete a estos arbitrajes porque la Constitución no admite estos mecanismos?
No es simplemente una decisión del Gobierno. El país asumió obligaciones internacionales y existen tratados y contratos que establecen mecanismos para resolver controversias. En esos casos, el Estado debe ejercer su defensa ante los tribunales correspondientes.
La Constitución establece, en su artículo 410, que la CPE es la norma suprema y ubica a los tratados internacionales después de ella dentro de la jerarquía normativa. Por tanto, no corresponde caracterizar de manera general a los tratados de inversión como normas “supraconstitucionales”.
– ¿En los últimos 10 meses del actual Gobierno se ha presentado algún arbitraje contra Bolivia?
No tenemos conocimiento de ninguna nueva pretensión arbitral abierta en este periodo. En arbitraje internacional estamos atendiendo demandas que provienen de gestiones anteriores en buscar salidas que reduzcan el impacto para el Estado cuando todavía exista margen de negociación.
– ¿Cuál es la función de la Procuraduría General del Estado en estos momentos?
Somos los abogados del Estado. La Procuraduría tiene autonomía constitucional y su función es defender legalmente los intereses y el patrimonio del Estado. Cuando existe una situación que involucra a un ministerio, una empresa pública o cualquier entidad y puede estar en riesgo el patrimonio estatal, intervenimos y supervisamos las acciones de defensa que correspondan.
PERFIL
Hugo César León La Faye es un abogado que estudió en la Universidad Juan Misael Saracho. Cuenta con varios diplomados y una maestría en Ciencias Penales y criminológicas. Es docente universitario con una amplia trayectoria y fue asesor legal de importantes empresas privadas y la banca.
