El caso se activó con un informe de fondo con el que se responsabilizó al Estado boliviano por ejecuciones extrajudiciales y graves vulneraciones a los Derechos Humanos. El inicio de las audiencias debía iniciarse en Uruguay. Ahora no hay fecha.
Mientras tanto, la Procuraduría General del Estado (PGE) sostuvo un primer acercamiento en Santa Cruz con las familias de las víctimas que, por efecto de esa acción extrajudicial, fueron perseguidos y encarcelados bajo cargos de un supuesto terrorismo.
“Lo que ellos quieren, en realidad, es que se reivindique el nombre de todas esas familias. ‘Los terroristas no somos nosotros. Era la gente del Estado que nos ha perseguido y ha hecho lo que ha hecho con nosotros durante cuántos años’. Lo que están pidiendo es justicia”, afirmó el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, en entrevista con EL DEBER.
La autoridad explicó que la audiencia pública debía desarrollarse este mes, “pero nos han notificado como Procuraduría indicando que no iba a ser posible tratar el tema y que esto se pasaría a la siguiente sesión”. Hasta el momento, sin embargo, no se comunicó una nueva fecha.
“Obviamente, nosotros tenemos todo listo para poder participar e intervenir”, aseguró León.
La Procuraduría informó además que, durante estos meses, además de reunirse con las víctimas, remitió cartas al Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Judicatura solicitando que sus funcionarios reciban capacitación en derechos humanos, una de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), la entidad que remitió el informe de fondo a la Corte para abrir este acaso en estos estrados internacionales.
La institución también se adhirió a las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía, como parte de las acciones destinadas a cumplir otra de las recomendaciones del organismo interamericano. “Se tiene toda la voluntad de cumplir con cada una de las conclusiones y recomendaciones y los derechos humanos de todas y cada una de las personas”, afirmó el procurador.
En los últimos días, la Fiscalía de Santa Cruz admitió una de las denuncias presentadas contra exautoridades del gobierno de Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, tortura, vulneración de derechos y vejaciones, entre otros. Los denunciantes son Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas.
Los hechos
Han transcurrido 17 años desde el violento operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas. El 16 de abril de 2009, los extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer murieron durante la intervención. El gobierno de Evo Morales los señaló entonces como integrantes de un grupo terrorista y separatista. Elöd Tóásó y Mario Tadic sobrevivieron al operativo y posteriormente permanecieron privados de libertad seis años.
En 2012, ambos, junto con Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, también procesados dentro del denominado caso terrorismo, presentaron una denuncia ante la CIDH por vulneraciones a sus derechos humanos. En 2021, la Comisión emitió el Informe de Fondo 394, en el que concluyó que el Estado boliviano era responsable por vulnerar derechos y realizó recomendaciones. Ante el incumplimiento, el caso pasó desde 2024 a la Corte IDH, el máximo tribunal de justicia de la región.
