La CNC respalda el precio único, la CNI considera insostenible la subvención y Cadinpaz acompañará el cambio si termina la escasez; los sectores reclaman medidas para evitar un golpe mayor a la producción y los hogares.
Un chofer carga combustible en una estación de servicio. Foto: Los Tiempos
El empresariado boliviano recibió de manera favorable, aunque con condiciones, la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel y establecer un precio único de Bs 17,95 por litro. Las principales cámaras coinciden en que el esquema anterior había generado distorsiones o se había vuelto insostenible, pero advierten que el nuevo modelo solo tendrá resultados si garantiza combustible disponible, transparencia en los costos y condiciones para mantener la producción y el empleo.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) respaldó el precio único porque, según su posición, corrige la distorsión que generaba el sistema de precios diferenciados y que afectaba a las empresas formales. Sin embargo, remarcó que el cambio no resuelve por sí mismo el problema de fondo y colocó como primera exigencia el abastecimiento continuo de diésel en todo el país.
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La segunda demanda es la transparencia. La CNC pidió que se publique semanalmente la estructura de costos que sustenta el precio de Bs 17,95, que la banda de variación de ±5% opere tanto cuando el precio internacional suba como cuando baje y que se informe el destino de los recursos asignados a YPFB y las refinerías. También anunció un seguimiento mensual del impacto del nuevo precio sobre transporte, producción, comercio y consumidores.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) considera que la subvención al diésel llegó a un punto en el que ya no era sostenible y que el país debía ordenar sus cuentas. Pero sostiene que retirar la subvención es apenas el inicio y no resuelve por sí solo los problemas económicos.
Por eso, la CNI pide abastecimiento continuo y condiciones reales para producir. También propone construir con el Gobierno medidas de competitividad para evitar que el incremento de los costos termine debilitando la producción y el empleo. Su presidente, Gonzalo Morales, advirtió, además, que el ajuste puede afectar algunos precios y pidió proteger a los pequeños productores y a las industrias.
En La Paz, la Cámara Departamental de Industrias (Cadinpaz) adoptó una posición similar. La entidad señaló que acompañará el nuevo esquema si permite superar la escasez y garantizar el abastecimiento, pero reclamó competitividad, continuidad productiva y mecanismos para monitorear y contener el impacto sobre los precios.
Una estación de suministro de diésel en Santa Cruz. Foto: El Deber
El planteamiento de Cadinpaz adquiere particular relevancia después de los 53 días de bloqueos que afectaron la actividad productiva del departamento. Para la organización, el nuevo escenario debe permitir recuperar estabilidad y generar certezas para las empresas y las familias.
La Cámara de Industria y Comercio de El Alto (Caínco) expresó un respaldo más directo al levantamiento de la subvención. Su representante María Cristina Soto consideró que la medida era necesaria frente a problemas como la especulación y el contrabando, pero también señaló que la disponibilidad de combustible es determinante para que las empresas puedan cumplir sus compromisos de producción, importación y exportación.
La posición empresarial también tiene un antecedente. A comienzos de septiembre, antes de la eliminación de la subvención, la CNI ya había planteado avanzar hacia un precio del diésel acorde con los valores internacionales, junto con un mecanismo público-privado que garantizara un suministro regular y suficiente y una mayor facilidad para la importación privada.
Así, el nuevo escenario no deja al empresariado en una posición uniforme de respaldo irrestricto. La coincidencia está en que el esquema anterior debía cambiar; las condiciones planteadas para la nueva etapa son abastecimiento efectivo, reglas transparentes y previsibles y medidas que eviten que el aumento del costo del combustible termine afectando de manera desproporcionada a la producción, el empleo y los hogares.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el nuevo precio permitirá garantizar el abastecimiento y que los recursos que antes se destinaban a la subvención serán redirigidos hacia inversión, producción y medidas sociales.
