Se ha desatado en Colombia una viva polémica por la propuesta del gobierno de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz pasando de 230 a 199 millones. La JEP investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Es el organismo nacido en 2016 tras los acuerdos de paz de La Habana.
En una reciente decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a la cúpula de las FARC, entre ellos a Rodrigo Londoño alias Timochenko, a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros. Las sentencias de este tribunal sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios.
“Las sanciones han sido una burla. Son de ocho años, pero los condenan a que busquen unos desaparecidos, que la condición para ellos recibir estos beneficios era que entregaran la información de los desaparecidos. Construir un sanitario equivalente a una rebaja de pena de casi tres meses de condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hacer una caravana por la paz, se los descontaron también como otros tres o cuatro meses. Entonces realmente son penas simbólicas vergonzosas, que no son proporcionales a los crímenes que cometieron y no aportan a la reparación de las víctimas”, reacciona en RFI Sergio Alzate, secretario general de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL).
“No ha habido un modelo restaurativo eficaz”
El expresidente Juan Manual Santos había advertido de lo que llamó “sapos” del acuerdo de paz de La Habana, que los ciudadanos tendrían que tragarse para obtener la desmovilización de miles de guerrilleros y, al final, la paz. ¿Acaso se han olvidado los colombianos del precio que había que pagar?
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“Ellos no entregaron 13 billones de pesos en bienes y lo que se comprometieron a entregar, solamente entregaron el 10%. Y de los inmuebles se comprometieron a entregar 255 inmuebles y solo entregaron uno. Es decir, realmente ha sido una burla y no son sapos, son incumplimientos. No ha habido un modelo restaurativo eficaz. Desde los acuerdos de La Habana a hoy ha habido más reclutamientos, ha habido más violencia”, detalla Alzate.
“Esto ha sido una burla, es un modelo restaurativo que es un total fracaso. La JEP se ha vuelto un partido político y ha tenido más cargos burocráticos que eficacia. No ha dado respuesta a las víctimas y de manera vergonzosa le han dado 44.000 millones de pesos a la defensa jurídica de las FARC, 22.000 millones de pesos en viajes. Realmente ha sido un desgaste para el erario público, para las víctimas y por eso nosotros seguimos solicitando que suspendan estos recursos hasta que no exijan que las FARC entreguen la totalidad de bienes, o hasta que el secretariado de las FARC sea expulsado por incumplir esos compromisos de búsqueda de desaparecidos y de entrega de los bienes”, concluye el secretario general de la FEVCOL.
