Fuente: Infobae
Por Thania Urías
Sacerdotes vigilados las 24 horas, cuentas bancarias confiscadas y 407 parroquias sin poder salir a las calles. Ese es el estado real de la libertad religiosa en Nicaragua, según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, citado por el periódico nicaragüense La Prensa.
Y ese contraste explica por qué la reciente autorización de algunas actividades masivas de iglesias evangélicas y católicas no equivale, para ella, a un cambio real.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció esta semana que permitirá actividades masivas de iglesias evangélicas en distintos puntos del país por la conmemoración del 457 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano.
La medida coincidió con las procesiones en honor a la Virgen de La Merced, celebradas el 24 de septiembre en León y Matagalpa.
“Hoy precisamente más de 200 pastores se han pronunciado sobre sus actividades propias que tendrán lugar en todo el país conmemorando el Día de la Biblia”, dijo la codictadora Rosario Murillo el miércoles 23 de septiembre.
Murillo agregó que el Gobierno “atiende todas las celebraciones propias de estos días conmemorativos y festivos de las iglesias católicas y evangélicas”.
Una consulta de agosto abrió las nuevas autorizaciones
El origen de este permiso se remonta al 20 de agosto, cuando la Comisión Especial Constitucional de la Asamblea Nacional, encabezada por Gustavo Porras, realizó una consulta con pastores y líderes religiosos sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución Política.
Entre los dirigentes que respaldaron públicamente la iniciativa estuvieron Omar Duarte, Sergio Martínez Tinoco, Jorge Ulises Sequeira y Roberto Rojas. Martínez Tinoco, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, afirmó que respaldaba la reforma “plena y totalmente”.
Duarte, pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, también manifestó su respaldo a Ortega y Murillo. A cambio, según la reconstrucción del caso, puede seguir administrando iglesias y realizando actividades masivas.
El contraste con otras congregaciones evangélicas es marcado. La organización Puerta de la Montaña fue cancelada jurídicamente y sus líderes y miembros fueron detenidos y posteriormente expulsados de Nicaragua, en uno de los episodios más documentados de cierre de espacios religiosos independientes del oficialismo.
Por qué dos procesiones no bastan para hablar de libertad religiosa
¿Alcanza con permitir procesiones puntuales para hablar de libertad religiosa en Nicaragua? La respuesta, según Molina, es no: 407 parroquias siguen sin poder realizar sus actividades libremente y permanecen confinadas a los templos, mientras el régimen exhibe como excepción las celebraciones más visibles, detalla La Prensa.
“El asedio no ha desaparecido o disminuido (…). La dictadura con esta actitud de permitir la salida de esas dos procesiones es porque son las más visibles y desean como siempre proyectar una paz inexistente”, declaró Molina a La Prensa, diario nicaragüense.
La investigadora añadió que, incluso el día de la procesión en León, el régimen envió funcionarios a colocar flores y rendir honores a la Virgen de La Merced, “cuando muchos de esos funcionarios son cristianos evangélicos”.
Molina detalló ante el diario que las cuentas bancarias de la Iglesia continúan confiscadas y que el dinero del seguro sacerdotal fue apropiado por la dictadura sandinista.
Agregó que 43 propiedades de la Iglesia confiscadas aún no han sido devueltas y que más de 315 sacerdotes y monjas permanecen en el exilio forzado.
La investigadora citó además el caso del sacerdote Frutos Valle, quien continúa confinado por el régimen en un seminario.
A su juicio, ese cuadro, sumado al lenguaje hostil de Murillo contra la Iglesia católica, impide afirmar que dos procesiones autorizadas signifiquen libertad religiosa.
El doble discurso oficial ante la comunidad internacional
El régimen y sus operarios manejan un discurso distinto según el interlocutor. El 7 de septiembre, durante una visita al nuevo templo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Managua, el cocanciller Valdrack Jaentschke aseguró que Nicaragua es “un país abierto, receptivo y donde se puede expresar la fe, con libertad, con amplitud, sin restricciones”.
Esa afirmación choca con los datos que documentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un informe presentado el 21 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, elaborado por la funcionaria Maarit Kohonen Sheriff, señaló que más de la mitad de las diócesis católicas del país permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares.
El organismo documentó al menos 35 casos de detenciones arbitrarias entre junio de 2025 y junio de 2026, además de un aumento de muertes de personas bajo custodia estatal en ese mismo período.
El informe también señaló la falta de información sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, cuyo caso se suma a la lista de líderes religiosos bajo vigilancia permanente incluso tras ser liberados.
Ante el Senado de Estados Unidos, la diplomática Natasha Franceschi, nominada por el presidente Donald Trump como embajadora ante Nicaragua, calificó la situación del país como una “crisis de derechos humanos y libertad religiosa” y cuestionó la represión contra la Iglesia católica y sus feligreses.
Franceschi advirtió también sobre la confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en el país centroamericano.
