La resolución, emitida por la Sala Constitucional de Beni, señala que no se cumple ninguno de los criterios territoriales establecidos por el artículo 3 de la Ley 1104 para que esa instancia asuma conocimiento de la acción.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni se declaró incompetente por razón de territorio para conocer la acción de libertad presentada por Nucky Ortega Montalván, en representación sin mandato del expresidente Evo Morales, y dispuso la remisión inmediata del recurso a Tarija.
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La resolución, emitida por la Sala Constitucional de Beni, señala que no se cumple ninguno de los criterios territoriales establecidos por el artículo 3 de la Ley 1104 para que esa instancia pueda asumir conocimiento de la acción. Por ello, ordenó enviar los antecedentes y las pruebas a la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, según el documento oficial publicado por DTV.
Según el fallo, los actos denunciados como lesivos están vinculados a actuaciones judiciales desarrolladas en Tarija, donde se tramita el proceso contra Morales y donde se emitió la orden de aprehensión en su contra. La acción cuestiona actuaciones de autoridades judiciales y fiscales dentro de ese proceso.
La Sala de Beni también estableció que Ortega Montalván podía presentar la acción de libertad en representación de Morales sin contar con un mandato, debido a la naturaleza de esta garantía constitucional. Sin embargo, aclaró que esa posibilidad «no constituye por sí misma un criterio atributivo de competencia territorial», por lo que la acción no puede ser tramitada en una jurisdicción que no corresponda según las reglas establecidas por ley.
En consecuencia, la resolución dispone la «remisión inmediata y directa» de la acción de libertad a la Sala Constitucional de turno de Tarija, junto con todos sus antecedentes y pruebas. La instancia deberá determinar ahora si corresponde asumir conocimiento del recurso presentado en favor de Morales.
La acción de libertad es una garantía constitucional destinada a proteger la libertad y otros derechos vinculados cuando una persona considera que está siendo ilegalmente perseguida, procesada o privada de libertad. En este caso, el recurso fue presentado desde Beni pese a que el proceso judicial que cuestiona se encuentra radicado en Tarija.
