Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
El fiscal general responde a Estados Unidos. Foto: Erbol
El retiro de visas de EEUU a 13 autoridades y exautoridades bolivianas abre una disputa institucional sobre las acusaciones de narcotráfico y corrupción; Mariaca rechaza cualquier interferencia externa en las investigaciones y el Legislativo pide que se aparte del cargo. Santa Cruz recibe las primeras cisternas de diésel importado y Rodrigo Paz anuncia recursos casi asegurados para la ruta bioceánica amazónica. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, vinculó la revocación de visas al fiscal general Roger Mariaca y otras autoridades y exautoridades bolivianas con la iniciativa “Escudo de las Américas”. Según Landau, la coalición impulsada por Washington busca combatir el narcoterrorismo y sus acciones incluyen medidas contra quienes, según la administración estadounidense, han socavado gobiernos democráticamente electos y el Estado de derecho. En Bolivia, la medida alcanzó a Mariaca, al exministro Iván Lima, tres fiscales, tres jueces, un magistrado, dos exautoridades, un coronel de Policía y un empresario. El Gobierno de Rodrigo Paz señaló que respeta la decisión estadounidense y anunció que pedirá información adicional sobre los señalamientos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El fiscal general Roger Mariaca respondió al retiro de su visa estadounidense y afirmó que las decisiones externas no deben condicionar las investigaciones del Ministerio Público. En una conferencia en Sucre, sostuvo que respeta las determinaciones soberanas de otros Estados, pero pidió el mismo respeto para las instituciones bolivianas. EEUU lo señaló de presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia, acusaciones que Mariaca no acepta. El Fiscal General aseguró que no retrocederá en investigaciones como los casos Fernando Cerimedo, Narcomaderas y combustibles. También defendió la independencia institucional y resumió su posición en una fórmula: “cooperación sí, injerencia no; diálogo sí, imposición no”.
Los presidentes del Senado, Roberto Castro, y de la Cámara de Diputados, Diego Ávila, solicitaron que el fiscal general Roger Mariaca se aparte de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos difundidos por Estados Unidos. Ambos pidieron además al vicepresidente Edmand Lara convocar con urgencia a una sesión de la Asamblea Legislativa para analizar el caso y plantear mecanismos de investigación y seguimiento. Ávila aclaró que la solicitud no implica anticipar culpabilidades ni sustituir las funciones de fiscales o jueces. Los titulares legislativos también pidieron a la Cancillería gestionar ante la Embajada de EEUU información oficial sobre los antecedentes que derivaron en la cancelación de visas a autoridades y exautoridades bolivianas.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, evitó pronunciarse sobre las acusaciones y restricciones migratorias anunciadas por Estados Unidos contra autoridades y exautoridades bolivianas y afirmó que cada país tiene potestad para definir sus propias políticas migratorias. Saucedo señaló que no corresponde a la Justicia boliviana cuestionar decisiones soberanas de otro Estado. Sobre los jueces incluidos en la medida estadounidense, sostuvo que cada autoridad judicial deberá responder por sus propias resoluciones si se abre una investigación. También aclaró que el TSJ no tiene atribuciones para designar, sancionar ni suspender jueces, competencias que corresponden al Consejo de la Magistratura.
El vicepresidente Edmand Lara rechazó que el retiro de la visa estadounidense implique automáticamente la salida de Roger Mariaca de la Fiscalía General. “Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”, afirmó, al sostener que cualquier denuncia contra el Fiscal General debe ser investigada conforme a la ley y con respeto al debido proceso. Su posición difiere de la planteada por los presidentes del Senado y Diputados, quienes pidieron que Mariaca se aparte mientras se esclarecen los señalamientos. Lara también cuestionó la falta de pronunciamiento público sobre el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo y pidió que todas las investigaciones se desarrollen sin privilegios ni excepciones y con elementos probatorios.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció que Bolivia solicitará a Estados Unidos precisiones sobre las razones por las que fue retirada la visa del coronel Frans William Cabrera Quispe, exdirector de la FELCN. Justiniano confirmó que Cabrera integró delegaciones oficiales y participó en reuniones de coordinación con la DEA durante el periodo en que él ejercía como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Según la autoridad, el documento estadounidense conocido hasta ahora no detalla los fundamentos de la medida. Por ello, el Gobierno solicitará información complementaria y elementos probatorios para conocer los antecedentes del caso. Remarcó que los señalamientos difundidos desde Washington son graves y deben ser esclarecidos.
El presidente Rodrigo Paz cuestionó al expresidente Evo Morales y lo acusó de promover movilizaciones que podrían llevar nuevamente al país a un escenario de conflicto. Paz afirmó que Morales utiliza una “política de la mentira”, de estar vinculado a sectores ilícitos que buscan romper el orden constitucional y sostuvo que sus llamados buscan generar enfrentamientos entre bolivianos en octubre. Las declaraciones se producen después de que el ampliado de Evo Pueblo fijara el 3 de octubre como plazo para que el Gobierno atienda sus demandas, entre ellas la abrogación del Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel. Las resoluciones aprobadas en Lauca Ñ establecen que, si no hay respuesta, desde el 13 de octubre se convocará a una movilización nacional.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció la llegada de las primeras 50 cisternas con aproximadamente cuatro millones de litros de diésel de importación privada y calificó el operativo como el inicio de la “autonomía energética” del departamento. La Gobernación explicó que no importará ni comercializará el combustible, sino que actuará como facilitador entre empresas privadas con capacidad logística y productores. Velasco anunció una plataforma digital para que consumidores grandes puedan realizar pedidos desde 20.000 litros y señaló que la meta es mover 200 cisternas por semana. Para la primera semana, la previsión es recibir unas 100 cisternas. También planteó eliminar temporalmente el IVA y el IT para reducir el precio final del combustible.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que los recursos para avanzar en la ruta bioceánica del norte amazónico están “casi 100% asegurados”. El proyecto contempla conectar Brasil con Perú y Chile a través de Bolivia mediante un corredor que incluye Extrema, Cobija, Porvenir y Guayaramerín. Paz sostuvo que la nueva conexión podría movilizar entre $us 7.000 millones y $us 10.000 millones en comercio regional, principalmente por el movimiento de mercancías entre Brasil y Chile. El mandatario aclaró que contar con los recursos no significa que las obras comenzarán inmediatamente, porque todavía deben cumplirse procesos técnicos, administrativos y de ejecución. Explicó que durante su agenda internacional abordó el proyecto con autoridades de Chile y Perú.
El Tribunal Supremo de Justicia informó que el 1 de octubre, a las 08:30, se realizará en Santa Cruz la audiencia de apelación de tres personas consideradas parte del entorno de seguridad de Sebastián Marset. Los tres investigados permanecieron en Palmasola desde marzo y posteriormente fueron beneficiados con detención domiciliaria mientras continúa el proceso penal en su contra. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que ordenó al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz atender las apelaciones pendientes dentro de los plazos establecidos. Además, la Unidad de Transparencia del TSJ tendrá presencia en las audiencias para verificar el cumplimiento de los procedimientos.
El exdirigente campesino Ponciano Santos obtuvo la sustitución de la detención preventiva por detención domiciliaria en los dos procesos judiciales que enfrenta, según informó su abogado Edwin Lenis. Santos se encuentra recluido en el penal de San Pedro y, de acuerdo con su defensa, podrá dejar el recinto una vez que se completen los trámites y requisitos correspondientes. Uno de los procesos está relacionado con una denuncia de acoso político contra la exalcaldesa de El Alto, Eva Copa. El segundo corresponde a una investigación por terrorismo vinculada con los bloqueos de carreteras de 2024. La Procuraduría General del Estado lo acusó también por alzamiento armado y financiamiento al terrorismo a raíz de sus acciones durante ese conflicto.
