El exfiscal departamental de Santa Cruz considera que la restricción de visa no puede quedar solo como una medida migratoria y sostiene que Bolivia debe exigir a Washington los fundamentos de la acusación contra el fiscal general.
eju.tv / Video: LHP
El exfiscal departamental de Santa Cruz Joadel Bravo planteó que la Asamblea Legislativa solicite a Estados Unidos los fundamentos de las acusaciones formuladas contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y que, si Washington presenta pruebas, se evalúe la apertura de un proceso de destitución y las acciones penales que correspondan.
Bravo sostuvo que la decisión estadounidense no debería quedar reducida a la revocación de una visa, debido a que involucra a una autoridad que continúa ejerciendo funciones al frente del Ministerio Público. “Hay que limpiarlo, o hay que acusarlo, pero no puede esto pasar así nomás”, afirmó al plantear que se debe establecer si las acusaciones tienen sustento.
Según su planteamiento, la Asamblea debería solicitar información a Estados Unidos, a través de la Cancillería, sobre los fundamentos utilizados para señalar a Mariaca. También consideró que el fiscal general debe responder ante el Legislativo y que la instancia parlamentaria encargada de la fiscalización debe promover el esclarecimiento del caso.
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El exfiscal planteó dos escenarios: si las acusaciones son falsas, Washington debería explicar y retractarse; si existen pruebas, estas deben ser entregadas a las autoridades bolivianas. “Pasame las pruebas, ¿qué pruebas tenés? ¿En qué caso decís vos que él ha coadyuvado al crimen?”, sostuvo.
A partir de ese supuesto, Bravo señaló que, si se presentan pruebas, la Asamblea Legislativa debería abrir un proceso de destitución y posteriormente remitir los antecedentes al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar acciones penales.
Jorge Robles, Joadel Bravo y María Belén Mendivil. Foto: captura de pantalla
La propuesta surge tras la determinación de Estados Unidos de revocar visas a 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos Mariaca, fiscales, jueces, magistrados, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y un empresario. Washington acusó al fiscal general de favorecer el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó las acusaciones contra Mariaca como ‘muy graves’ y anunció que solicitará información complementaria a Washington, mientras el fiscal general afirmó que las decisiones externas no condicionarán las investigaciones del Ministerio Público.
Además, Justiniano Urenda afirmó que los señalamientos realizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado podrían derivar en una investigación judicial y eventualmente en una solicitud de extradición, aunque aclaró que cualquier determinación en ese sentido corresponde a las autoridades estadounidenses.
“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, afirmó Justiniano la mañana de este martes.