En una primera lista, en la que figura el fiscal general Roger Mariaca, se incluyó además a otras 12 personas bolivianas vinculadas a la justicia, la Policía e incluso a un exministro de Luis Arce.
Por: eju.tv / Video: Senado
Ya hay fecha para que el pleno del Legislativo trate el informe de Estados Unidos sobre el retiro de visas a 13 bolivianos: el lunes 5 de octubre. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, afirmó que «si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley».
En una primera lista, en la que figura el fiscal general Roger Mariaca, se incluyó además a otras 12 personas bolivianas vinculadas a la justicia, la Policía e incluso a un exministro del gobierno del expresidente Luis Arce.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que impondrá restricciones de visa a otros 20 bolivianos presuntamente implicados en hechos de corrupción.
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«Estamos designando públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, por aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarlos a evadir la justicia. El Departamento también está tomando medidas para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos corruptos», señala el Departamento de Estado en una publicación en X.
Legislativo
Una vez conocido el primer informe, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente, plantearon que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarece la denuncia.
Consideran que esta medida permitiría «garantizar la independencia, transparencia y debido proceso de las investigaciones» que pudieran corresponder.
Castro remarcó que la Asamblea no pretende anticipar responsabilidades. «No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se presenten los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal», afirmó.
El presidente de Diputados sostuvo que la respuesta institucional debe ser igual frente a cualquier persona, independientemente del cargo que ocupe.
«No debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política. Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde explicarlo ante el país», destacó.
En la sesión del lunes también se analizará la conformación de una comisión para investigar el caso.