El Gobierno puso en marcha la Mesa Sectorial contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, que buscará coordinar cooperación, intercambio de información y programas para ejecutar la nueva política antidroga durante los próximos cinco años.
El Gobierno boliviano activó este miércoles la Mesa Sectorial contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, un mecanismo destinado a coordinar la ejecución de la Política Antidroga 2026-2030, con la participación de representantes de 13 países, la Unión Europea y organismos internacionales especializados.
El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y contó con delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay y Perú, además de la Unión Europea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.
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La activación de la mesa marca una nueva fase de la política antidroga aprobada por el Consejo de Política Integral (CPI) el pasado 4 de septiembre. Ese instrumento establece nueve ejes para los próximos cinco años y plantea una respuesta que combina interdicción, inteligencia financiera, control de precursores y cultivos de coca, desarrollo integral, prevención y rehabilitación, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.

Oviedo sostuvo que el narcotráfico modificó sus métodos de operación y que las organizaciones criminales actúan mediante estructuras transnacionales, diversifican rutas, utilizan nuevas tecnologías y movilizan recursos financieros ilícitos. Según la autoridad, esas redes también mantienen vínculos con delitos como la trata de personas, el tráfico de armas, la minería ilegal, las contravenciones ambientales, la ciberdelincuencia y la legitimación de ganancias ilícitas.
La nueva estrategia contempla fortalecer la interdicción y la inteligencia estratégica, afectar las estructuras económicas y financieras del crimen organizado, recuperar activos, controlar precursores químicos y reforzar el control territorial. También incorpora acciones de prevención, tratamiento y reintegración desde el ámbito de la salud pública, además del control responsable de los cultivos de coca y programas de desarrollo integral.
La representante de UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, explicó que la mesa tendrá entre sus tareas fortalecer la coordinación entre instituciones nacionales y organismos de cooperación, facilitar el intercambio de información técnica, complementar programas nacionales e internacionales e identificar necesidades para evitar la duplicación de esfuerzos y optimizar recursos.

La funcionaria destacó que el nuevo enfoque busca combinar la reducción de la oferta mediante la interdicción y el control con la reducción de la demanda, a través de prevención, tratamiento y atención desde la salud pública.
La Política Antidroga 2026-2030 había sido presentada por el Gobierno como un cambio respecto de una estrategia concentrada únicamente en operativos e incautaciones.
El Ministerio de Gobierno señaló previamente que el nuevo modelo también pretende afectar las estructuras económicas, financieras, logísticas y territoriales de las organizaciones criminales.

Mediante la Mesa Sectorial, el Gobierno busca trasladar los nueve ejes aprobados en septiembre a una agenda de coordinación con instituciones nacionales y cooperación internacional.
