Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.
Funcionarios de la Magistratura intervienen en el juzgado de Alarcón. Foto: Unitel
El Consejo de la Magistratura intervino el despacho de una jueza después de la difusión de un video atribuido a una visita al entorno de Sebastián Marset, mientras anuncia medidas drásticas si se confirman denuncias contra operadores judiciales. El ministro de Gobierno sostiene que la Asamblea puede fiscalizar al fiscal general Roger Mariaca, cuestionado después del veto de EEUU. En paralelo, Marcelo Arce vuelve a Palmasola por otros 60 días, un detenido por el caso Maletas fallece en prisión y una comisión boliviana cuestiona la destrucción de evidencia del caso Narcomaderas en Arica. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de la media jornada:
Consejo de la Magistratura interviene despacho de jueza tras video atribuido a una visita a Marset
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El Consejo de la Magistratura intervino el despacho de la jueza Livia Alarcón después de la difusión de un video atribuido a una visita suya a un inmueble vinculado con Sebastián Marset. La medida fue dispuesta para preservar documentación y elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, según la información difundida. El material audiovisual muestra a una mujer que sería la jueza ingresando a una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz, lugar donde Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026. Sin embargo, la identidad de la persona que aparece en las imágenes y las circunstancias de la visita deben ser establecidas mediante la investigación correspondiente. Marset fue posteriormente entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial.
Magistratura anuncia medidas drásticas si se confirman denuncias contra jueces
El Consejo de la Magistratura anunció que asumirá medidas disciplinarias contra jueces si las denuncias que pesan sobre algunos operadores judiciales son confirmadas mediante los procedimientos correspondientes. La posición surge en medio de los cuestionamientos a integrantes del sistema judicial y de las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos contra fiscales, jueces y magistrados bolivianos. La institución señaló que no actuará únicamente sobre denuncias o señalamientos públicos, sino que deberá establecerse responsabilidad mediante las instancias competentes. La atención está concentrada en actuaciones judiciales relacionadas con casos de narcotráfico y crimen organizado. La Magistratura remarcó que, si las investigaciones disciplinarias establecen faltas, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Oviedo: la Asamblea tiene facultad para fiscalizar al fiscal general Roger Mariaca
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene atribuciones para fiscalizar al fiscal general Roger Mariaca, en medio de los cuestionamientos surgidos después de que Estados Unidos anunciara restricciones migratorias contra el jefe del Ministerio Público. Oviedo recordó que la Fiscalía General del Estado es una institución que puede ser objeto de fiscalización dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes. Estados Unidos acusa a Mariaca de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia, señalamientos que deben ser atribuidos a la administración estadounidense y que no equivalen a una sentencia en Bolivia. El Gobierno gestiona información adicional de Washington sobre las acusaciones.
Universidades respaldan a Mariaca y rechazan una supuesta injerencia extranjera
Las universidades bolivianas expresaron su respaldo al fiscal general Roger Mariaca y rechazaron lo que calificaron como una injerencia extranjera después de las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos. En un pronunciamiento, las casas de estudios superiores señalaron que un comunicado extranjero no debería afectar la institucionalidad nacional ni el derecho a la defensa. El pronunciamiento se conoce en medio del debate abierto por las acusaciones estadounidenses contra Mariaca y otros operadores del sistema judicial. Las universidades reclamaron que cualquier señalamiento contra autoridades bolivianas sea sometido a los procedimientos establecidos por las leyes nacionales y que se respete el debido proceso. El respaldo académico se suma a otras reacciones internas frente a la decisión de Washington.
Sala Penal revoca libertad de Marcelo Arce y ordena otros 60 días de detención en Palmasola
La Sala Penal de Santa Cruz revocó la resolución que había dispuesto la cesación de la detención preventiva de Marcelo Arce y determinó que permanezca otros 60 días en el penal de Palmasola. La decisión fue asumida durante la audiencia de apelación presentada contra la resolución del 23 de septiembre, que había sustituido la detención preventiva por detención domiciliaria, arraigo, vigilancia y una fianza de Bs 200.000, entre otras medidas. El Ministerio Público había apelado esa determinación y solicitó que se mantenga la privación de libertad mientras continúa la investigación. Arce es investigado por presuntas irregularidades patrimoniales y por el origen de bienes identificados durante las pesquisas. La nueva resolución vuelve a modificar su situación cautelar mientras avanza el proceso.
Fallece en Palmasola uno de los detenidos preventivos por el caso Maletas
Uno de los detenidos preventivos en el penal de Palmasola dentro del caso denominado Maletas falleció, según informó la organización de Derechos Humanos que sigue el proceso. Se trata de un investigado identificado como Espinoza, quien había sido imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. De acuerdo con los antecedentes del caso citados en la información, Espinoza figuraba como responsable legal de una empresa de seguridad perteneciente al exjuez Hebert Zeballos, también investigado dentro del proceso. La situación generó cuestionamientos sobre las condiciones de la detención preventiva. La causa y las circunstancias específicas del fallecimiento deben ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes y los informes oficiales.
Comisión boliviana cuestiona destrucción de evidencia del caso Narcomaderas en Arica
Una comisión de parlamentarios bolivianos cuestionó en Arica la nueva destrucción de parte de la evidencia vinculada al caso Narcomaderas. Los legisladores llegaron hasta la cancha de incineración y observaron que parte del cargamento de madera investigado por presuntas trazas de cocaína y ketamina estaba siendo destruido, pese a que la Fiscalía boliviana había solicitado suspender la medida mientras se realizaban diligencias pendientes. El caso involucra cargamentos de madera boliviana retenidos en Chile y sometidos a investigaciones relacionadas con la posible presencia de sustancias controladas. La comisión cuestionó que se proceda con la destrucción de material antes de completar las verificaciones solicitadas por Bolivia. El hecho añade una nueva controversia al proceso.
Maestros marchan por incremento salarial y contra las medidas económicas del Gobierno
El magisterio urbano protagonizó este miércoles una movilización nacional para exigir un incremento salarial, mayor presupuesto para educación y respuestas a los problemas que enfrenta el sector. La dirigencia también cuestionó las políticas económicas aplicadas por el Gobierno de Rodrigo Paz y advirtió que la marcha constituye una primera medida de presión. En La Paz, la movilización recorrió las principales calles y avenidas del centro de la ciudad. La protesta se desarrolla mientras permanece vigente el Estado de Excepción decretado por el Ejecutivo. La dirigencia sindical sostuvo que la medida no impide las manifestaciones que se desarrollen sin vulnerar derechos de terceros. Entre las demandas del magisterio también figuran mesas técnicas, una nueva malla curricular y atención a los problemas de empleo y pérdida del poder adquisitivo.
Cámara de Comercio de La Paz plantea plan para evitar bloqueos y garantizar combustibles
La Cámara Departamental de Comercio de La Paz planteó un conjunto de medidas destinadas a garantizar la transitabilidad, prevenir nuevos conflictos y asegurar el abastecimiento de combustibles ante el impacto de las protestas y el incremento del precio del diésel. La organización empresarial propuso mecanismos de coordinación entre autoridades y sectores sociales para evitar bloqueos de carreteras y reducir las pérdidas ocasionadas por la interrupción del transporte de mercancías. También planteó medidas para garantizar el suministro de carburantes al sector productivo y comercial. La propuesta surge en un escenario de presión de distintos sectores del transporte contra el fin de la subvención al diésel y de advertencias sobre nuevas movilizaciones. El sector comercial sostiene que los bloqueos los afecta directamente.
Gobierno elimina la subvención a la gasolina de aviación y establece precio de mercado
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5729, que establece que la gasolina de aviación Grado 100 importada será comercializada a precios de mercado y no estará sujeta a subvención. La norma establece además reglas específicas para la importación y comercialización del combustible con el objetivo de garantizar su abastecimiento en el mercado interno, en el marco de la emergencia energética y social. Los importadores deberán vender el producto a las empresas operadoras de plantas de suministro de combustibles de aviación en los aeropuertos, previa autorización. Estas plantas podrán comercializarlo con los usuarios aeronáuticos. El decreto también dispone que el gravamen arancelario se difiera a 0% hasta el 31 de diciembre de 2027 y establece una alícuota específica del IEHD.