El decano Baptista indicó que, debido a la seriedad y delicadeza del caso, la Sala Plena, integrada por los tres consejeros de la Magistratura, analizará las acciones que correspondan, con el objetivo de no vulnerar derechos.
eju.tv / Video: Gigavisión
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura asumirá las medidas que correspondan, incluso procesos disciplinarios y remisión de antecedentes al Ministerio Público, si se confirman las denuncias que involucran a jueces en presuntos hechos de corrupción o vinculados con el narcotráfico. El decano de la Magistratura, Manuel Baptista, señaló este miércoles que la institución aún no recibió información oficial sobre las denuncias, entre ellas la versión de que una jueza de Santa Cruz habría visitado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
«De ser cierto este hecho, no lo conozco todavía de manera oficial o formal. Entiendo que en algunos medios de comunicación están circulando informaciones muy sensibles que afectarían inclusive la estabilidad del Órgano Judicial como tal», afirmó el decano, tras ser consultado sobre el tema.
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Baptista indicó que, debido a la seriedad y delicadeza del caso, la Sala Plena, integrada por los tres consejeros de la Magistratura, analizará las acciones que correspondan, con el objetivo de no vulnerar derechos y, al mismo tiempo, dar una respuesta a la población.
«Vamos a tomar una decisión como Sala Plena para tomar el camino adecuado, sin vulnerar los derechos de nadie, pero también dando respuestas a la población», sostuvo.
El decano explicó que, si las denuncias involucran a jueces en el ejercicio de sus funciones y se comprueba la existencia de irregularidades, el Consejo de la Magistratura tiene dos vías de actuación: iniciar procesos disciplinarios o remitir los antecedentes al Ministerio Público cuando existan indicios de la comisión de delitos.
«Si están involucrados jueces y esto involucra su trabajo, es decir, el ejercicio de sus funciones como jueces, el Consejo de la Magistratura, como ente de control y fiscalización, tiene dos opciones: iniciar procesos disciplinarios y remitir al Ministerio Público denuncias en caso de que se hayan cometido delitos», explicó.
El pronunciamiento surge después de que Estados Unidos anunció el lunes el retiro o restricción de visas a 13 ciudadanos bolivianos, entre ellos actuales y exfuncionarios vinculados al sistema judicial, en el marco de sus acciones contra personas que, según el Departamento de Estado, estarían relacionadas con corrupción o narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses anunciaron estas medidas el lunes 28 de septiembre como parte del denominado Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación regional que incluye a Bolivia y otros países del hemisferio. Baptista también señaló que la información difundida es «muy sensible» y que, según lo que conoce, Estados Unidos puede ampliar la lista de personas involucradas.
La posición del decano también se da luego que un video, divulgado en esta jornada por la red privada DTV, revela que la jueza Livia Alarcón presuntamente visitó al narcotraficante Sebastián Marset, horas antes de su captura en la ciudad de Santa Cruz, la mañana del 13 de marzo de este año.
