El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó ante la Asamblea un informe sobre el operativo que derivó en la aprehensión del fiscal general y otros funcionarios. La imputación formal alcanza por ahora a cuatro personas y atribuye provisionalmente delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
eju.tv / Video: Diputados
Tres ministros del gobierno de Rodrigo Paz llevaron este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la acusación del Gobierno contra Roger Mariaca y otros funcionarios del Ministerio Público, en una jornada en la que el Legislativo debe definir la situación institucional de la Fiscalía General del Estado.
Al presentar su informe, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que los operativos del 30 de septiembre y 1 de octubre permitieron desarticular una estructura criminal vinculada al Ministerio Público y señaló directamente a Mariaca como uno de sus principales involucrados.
“En horas de la noche y la madrugada del primero de octubre, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se procedió a la aprehensión de Roger Mariaca y Alberto Zeballos involucrados en hechos de organización criminal, tráfico ilícito de sustancias controladas”, afirmó la autoridad gubernamental que llegó al hemiciclo con los ministros de Defensa Ernesto Justiniano y de la Presidencia, Fernando Aramayo.
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Sobre Martín Irusta, el ministro sostuvo que fue aprehendido en instalaciones de la Fiscalía General en Sucre porque, según la versión presentada por el Gobierno, “procedía a instigar a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) a sacar equipos y documentos, expedientes y otros con la finalidad de obstaculizar los actos investigativos que venía desarrollando la Policía Boliviana”.
Oviedo informó que el Ministerio Público comunicó inicialmente 14 aprehensiones; sin embargo, hizo una precisión ante los legisladores, la imputación formal presentada el 2 de octubre identifica por ahora a cuatro personas: Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta.
Los cuatro fueron imputados provisionalmente por tráfico de sustancias controladas y organización criminal, de acuerdo con el informe presentado por el ministro, quien también precisó que se solicitaron medidas cautelares.
Uno de los elementos expuestos ante la Asamblea fue el hallazgo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 dentro de una ambulancia que, según la información comunicada por el fiscal Daniel Ortuño, habría salido del domicilio de Mariaca.
La sesión de la Asamblea Legislativa. Foto: Diputados
Oviedo dejó constancia, sin embargo, de que la propiedad y procedencia del dinero, las razones de su traslado y su eventual vinculación con los delitos investigados todavía deben ser determinadas.
El ministro también se refirió a los antecedentes relacionados con Sebastián Marset. Mencionó el material audiovisual difundido recientemente en el que el narcotraficante uruguayo habla de Mariaca y de otras personas vinculadas al caso. El propio informe señala que el contexto, alcance y valor probatorio de ese material deben ser verificados.
La exposición de Oviedo al inicio de la sesión en la que la ALP analizará qué hacer con la situación generada por la aprehensión del Fiscal General. En ese punto, el titular de Gobierno sostuvo que las decisiones sobre la organización y continuidad del Ministerio Público deben desarrollarse dentro del marco constitucional y legal.
“La imputación y la existencia de actuaciones policiales no sustituyen los procedimientos constitucionales sobre el ejercicio o cesación de funciones”, reza el informe presentado por el ministro ante los legisladores.
En consecuencia, la definición queda así en dos planos; por un lado, la investigación penal, que deberá establecer responsabilidades y ser sometida al control de las autoridades judiciales; y por otro, la decisión institucional que corresponde adoptar a la Asamblea respecto a la continuidad de Mariaca y la conducción del Ministerio Público.
En su intervención, Oviedo pidió que la ALP pueda acceder a las actas originales, informes complementarios, certificaciones sobre la situación procesal y antecedentes de control judicial que considere necesarios para ejercer sus atribuciones.