La Defensoría del Pueblo consideró que es fundamental preservar la continuidad y regularidad en las labores del Ministerio Público, a fin de garantizar la atención a la población y el ejercicio de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo, mediante sus delegaciones, verificó que las fiscalías departamentales, en el territorio nacional, prestan atención al público de manera habitual, y llamó a resguardar la institucionalidad del Ministerio Público.
La labor de verificación se dio luego de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y de otras autoridades de la institución de justicia.
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Este hecho dejó a la Fiscalía de Santa Cruz sin dirección y a la de La Paz, debido a que en las últimas horas su titular renunció al cargo.
Durante las verificaciones, la Defensoría del Pueblo, citada en una nota de prensa, señaló que se evidenció la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo que desempeñaban sus funciones.
Asimismo, se constató la recepción de trámites y la atención continua de las causas, resguardando el debido proceso y garantizando el acceso ininterrumpido a la justicia.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución defensorial manifestó que la autonomía no solo es una garantía para el órgano encargado de la acción penal pública, sino también para la sociedad y para toda persona sometida a una investigación.
En este marco, la Defensoría del Pueblo consideró que es fundamental preservar la continuidad y regularidad en las labores del Ministerio Público, a fin de garantizar la atención a la población y el ejercicio de sus derechos.
Ante la situación que atraviesa esta institución, exhortó a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan en el marco del ordenamiento jurídico vigente, con transparencia, fundamentación y seguridad jurídica.
Asimismo, solicitó a las autoridades públicas a actuar con responsabilidad institucional y mesura, evitando cualquier acción que interfiera en el funcionamiento del Ministerio Público o genere incertidumbre en la ciudadanía.
De igual forma, recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales.